Antonio y Berta, destrozados ante su inminente desalojo

“No puedo más”. “Yo no le debo nada a nadie”. Fue de lo poco que acertó a decir este jueves, y entre lágrimas, Antonio Méndez en el exterior del Juzgado de Instrucción Número 5 de La Laguna. La conmovedora escena precedió a la entrega de dos cartas y unas 19.000 firmas (7.553 en papel y 11.313 en formato virtual) a la jueza del caso, como a la espera de un milagro que paralice el desalojo previsto para mañana.

A las 8:00 horas de este viernes, Antonio y su esposa, Berta Ferreiro, podrían perder su casa, ubicada en el municipio tinerfeño de Tacoronte, tras una rocambolesca historia que comenzó con la denuncia de un vecino que afirmaba que los cimientos de la vivienda del matrimonio se apoyaban sobre la suya. Aunque hay documentos que acreditan que no es así, una concatenación de errores por parte de sus abogados ha hecho el resto, hasta la existencia de una sentencia firme.

Con banderas negras, unos 40 vecinos y amigos acompañaron a la pareja de ancianos en una movilización por fuera del Juzgado lagunero y a la que también se sumó la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Tenerife, Inma Évora, y algún rostro conocido más, como el del militante de Sí se Puede y profesor universitario Domingo Garí.

“El pueblo unido jamás será vencido”, “¡¿Qué pasa?!, ¡¿qué pasa?!, nos roban nuestras casas” o “La justicia no me ampara, mis derechos dónde están” fueron algunas de las proclamas lanzadas por los manifestantes, muchos de ellos de la Plataforma Yo También Vivo en el 102. Su portavoz, Cristian González, dio lectura a la carta que le entregaron a la magistrada –y que remitirán al alcalde de Tacoronte y al presidente del Gobierno de Canarias– y de otra, con un tono más personal, que los ancianos también le presentaron a la jueza.

“Nos dirigimos a usted como jueza, pero también como ciudadana”, reza el comienzo del texto de Antonio y Berta, en el que claman justicia y piden, “humildemente”, que paralicen su desalojo. Además, recuerdan que no están solos y que la sociedad no admite la injusticia. “No dude de que seguiremos luchando hasta que se haga finalmente justicia”, afirman.

En el otro escrito se expone que el matrimonio no es culpable de haber sido mal defendido por sus abogados, así como que son conscientes de que el proceso está cerrado. También se plantea que han sido abocados a la miseria en su vejez, “cuando más vulnerables son”.

Según explicaba este jueves Inma Évora, aún queda un resquicio legal: una revisión de sentencia “bien fundamentada” en el Tribunal Supremo.