Los okupas generan daños cercanos a los 80.000 euros en nueve pisos públicos
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha tenido que hacer frente a más de 78.000 euros en gastos para rehabilitar las viviendas de su titularidad que han sido ocupadas. Se trata de los pisos que el Consistorio disponía para hacer frente a los casos de emergencia; viviendas que, en su mayoría, fueron ocupadas por personas e incluso familias con hijos, antes de que fueran entregadas a sus adjudicatarios.
De hecho, se trata de casos de ocupación que la concejala de Vivienda, Ángela Mena, aseguró que ya se han resuelto por la vía del diálogo, salvo tres familias que se han negado a salir de los pisos que han sido adjudicados a otras personas y con los cuales lamentó que “se tenga que recurrir a la vía judicial”. En este sentido, Mena dijo que, de los doce expedientes que se han registrado, “en nueve de ellos se ha logrado una resolución pacífica, facilitando incluso una salida digna para las familias que habían ocupados estas viviendas”.
Además, señaló que “la decisión voluntaria de estas familias de salir merece un reconocimiento público, pero con el resto, con las que no hay forma humana de convencerlos, ya no nos quedará más remedio que ir a los juzgados”, pues aseveró que “no podemos permitir ni reconocer la posesión de un bien público ocupado irregularmente”. Por el contrario, la concejala afirmó que hay medidas de acceso a una vivienda en régimen de alquiler y apoyo económico para estos casos.
Ángela Mena negó la reciente denuncia de Ciudadanos de Santa Cruz, que, a través de su concejal, Guillermo Guigou, aseguraba que su área entregaba “cuchitriles a estas familias”, hasta el punto de apuntar que, incluso, “algunas de las fotos facilitadas no se corresponden a estos casos”. La responsable de Vivienda dijo que, cuando se recupera un piso que ha sido ocupado, “se rehabilita por completo para que quede en perfecto estado de habitabilidad”.
Aclaró que el fenómeno de las ocupaciones y desocupaciones “se produce a diario, pero que hay casos que acaban teniendo trascendencia pública, como el de la semana pasada; algo negativo para las familias y las instituciones”. En este sentido, aclaró que, con el propósito de evitar nuevos casos de ocupación, se está procediendo, en el mismo momento que se desaloja una vivienda, a entregarla a la adjudicataria, que valora en ese instante los daños para su inmediato arreglo“.
La edil nacionalista aseveró que la aceptación de la vivienda es un acto voluntario “y no se obliga a nadie, pero hay que rehabilitarlas por completo, con todos sus equipamientos y mobiliario”. De hecho, manifestó, “ahora nos vamos a gastar 30.000 euros en recuperar tres pisos, con un coste diferente en cada uno, aunque la media es de unos 11.000 euros”. Al respecto, Mena negó que deban ser los adjudicatarios “los que se encarguen de la limpieza, pintado o de los trabajos de arreglo. Las familias reciben sus viviendas de segunda ocupación en perfecto estado, lo que implica a veces que la entrega se haga con cierto retraso”.
Al margen de la desesperación de todas las familias que deciden dar el paso de ocupar una vivienda, la concejala indicó que “estas personas necesitan mucha comprensión, porque a veces surgen casos de politización y mediatización que contaminan todo el procedimiento, que es lo peor que puede pasar, porque ya no saben a quién creer”.
Las viviendas de titularidad municipal se han adjudicado de manera provisional, dado que, según Mena, no se cumplió el acuerdo de desalojarlas por parte de los okupas ilegales cuando se supiera quiénes eran sus verdaderos adjudicatarios. Se trataba de casos de emergencia atendidos por los servicios sociales, que, remarcó, “se han resuelto, en su mayor parte, con el dialogo y no con la fuerza, porque a las personas que están en un momento delicado no se les puede presionar más”.
