El PSOE acusa a Bermúdez de ocultar el último informe que aconseja el derribo total del Mamotreto
El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín Bethencourt, acusó este miércoles a la mayoría de gobierno encabezada por el alcalde, José Manuel Bermúdez, de haber intentado esconder al Juzgado y a la opinión pública el informe de la Gerencia de Urbanismo que dictamina la obligación de demoler la totalidad del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas, más conocido como Mamotreto.
Martín indicó que si el gabinete de prensa del Ayuntamiento emitió un comunicado a última hora del martes, en el que se anunciaba que el alcalde había dado la orden de iniciar el expediente de derribo total del Mamotreto, fue porque el equipo de gobierno se enteró de que la oposición ya tenía en sus manos este informe.
El concejal indicó que Bermúdez dio la orden de demolición hace sesis meses -en realidad ordenó abrir expediente para dar cumplimiento al requerimiento del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerifen aquella parte de la construcción que hubiera invadido la zona de servidumbre-, y le pidio que explique “por qué ha escondido” el informe durante los últimos seis días.
Martín llamó la atención sobre la rotundidad de las conclusiones de este documento, más aún cuando los técnicos han sido sometidos a presiones y reuniones maratonianas para que su contenido fuera muy diferente, y exigió en rueda de prensa el cumplimiento inmediato del fallo, aunque se haga en contra de la voluntad de la mayoría de gobierno y por lo tanto su ejecución no pueda ser calificada de “ejemplar”.
Recordó que desde el año 2008 el PSOE ha venido advirtiendo de que el Ayuntamiento, encabezado entonces por Miguel Zerolo, se estaba metiendo en un callejón sin salida. “Lamentablemente no se nos hizo caso y no se pararon las obras. La consecuencia es que el caso Mamotreto supone una pieza fundamental y una hijuela de la trama de corrupción más importante de Canarias como es el de Las Teresitas”.
Señaló además que fue la anterior Corporación la que decidió emprender las obras incumpliendo toda la normativa y parámetros mínimos urbanísticos con el fin de consolidar unas actuaciones ilegales y recurrir así a los hechos consumados. Una maniobra que atribuyó al intento de evitar que los terrenos comprados a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia volvieran a sus manos tras la sentencia que anuló la compraventa.
Sin embargo, finalmente los juzgados y los informes técnicos determinan la obligación de demoler la totalidad del inmueble a través de una sentencia, “ejemplar y ejemplarizante que ataca de pleno a la corrupción”, dijo,
Martín, que en el último mandato fue responsable de Urbanismo, apuntó que la construcción del edificio supuso un desembolso de seis millones de euros, a los que habría que sumar los que se derivaron de su mantenimiento durante cerca de seis años. “Pero por fin, después de tanto tiempo de lucha, vemos cómo se va a utilizar el pico y la pala contra la corrupción. Cumplir la sentencia es lo decente”, indicó parafraseando las palabras del secretario federal, Pedro Sánchez.
