Santa Cruz de Tenerife prepara un nuevo desalojo de personas sin hogar entre críticas por “perseguirlas”

Tiendas de campaña en la playa del Parque Marítimo, en Santa Cruz de Tenerife

Toni Ferrera

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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, conformado por un pacto entre Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), prepara el desalojo de las personas sin hogar ubicadas en la playa del Parque Marítimo, en la costa sur de la capital tinerfeña. Agentes de la corporación, Policía Local y Nacional y también de la Autoridad Portuaria, titular del suelo, informaron este lunes a los propietarios de un total de 25 casetas que debían salir de allí para “recuperar este espacio público”, en un acto que activistas en la lucha por una vivienda digna en Canarias han tildado de “persecución” contra quienes no tienen casa.

La marcha de los afectados aún no es obligatoria. Las fuerzas de seguridad han “invitado” a las personas a hacerlo, pero de momento solo han abandonado la zona 12 de los 25 poseedores de las tiendas de campaña contabilizadas, según informó el Ayuntamiento capitalino esta mañana. La presencia de las mismas se había multiplicado en las últimas semanas, de acuerdo con la presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Rosario González, aunque hay quienes llevaban seis meses viviendo en esta playa, situada entre el muelle de La Hondura y el embarcadero junto al Castillo Negro.

El desalojo lleva unos meses siendo explorado por la entidad local y la sociedad Parque Marítimo, concesionaria del suelo propiedad de la Autoridad Portuaria. En palabras de González, esta mercantil ha informado en varias ocasiones que las casetas no pueden seguir en dicha ubicación y que ha habido “percances” con las mismas. Las personas sin hogar estaban recibiendo tratamiento por parte de la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA), pero fueron comunicadas hace diez días de que iba a haber una “limpieza” de restos y enseres este lunes y, además, un procedimiento judicial contra quienes continúen en la playa después de la misma para “culminar” el desahucio.

Activistas en la lucha por una vivienda digna en Canarias han catalogado la actuación como un capítulo más de la “persecución” del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contra quienes no tienen hogar. Critican que se trata de “aporofobia habitacional” y que no es la primera vez que ocurre. Elena Matamala, investigadora en sinhogarismo de larga duración y trabajadora social en la Fundación Salud y Comunidad, en la Comunidad Valenciana, considera que en casos como este debe primar la mediación y la atención personalizada.

El IMAS ha ofrecido recursos de emergencia a los afectados, pero muchos de ellos han denegado la estancia en el Centro Municipal de Acogida, algo que suele ocurrir en muchos casos. En Santa Cruz de Tenerife, según González, existen poco más de un centenar de plazas en este sentido. De acuerdo con la última actualización de Cáritas, más de 2.700 personas duermen al raso en la isla de Tenerife, aunque se trata de una realidad infraestimada, advierten expertos.

Por otro lado, no es la primera vez que la corporación santacrucera es reprochada por su proceder hacia los vecinos en indudable exclusión social. También el verano pesado, la oposición, liderada entonces por PSOE y Unidas Podemos, censuró el “acoso” que estaban sufriendo los residentes de Santa Cruz de Tenerife que dormían en coches particulares al no tener techo y eran constantemente multados por los agentes de la Policía Local, amparados en una Ordenanza de Movilidad que resultó derogada por el Tribunal Supremo

Antonio fue una de esas personas. Relata a Canarias Ahora que llegó a sentirse “perseguido” durante tres semanas mientras pernoctaba en la playa de Las Teresitas después de haber perdido su casa y su trabajo durante la pandemia. Él asegura que sentía una “discriminación constante” por parte de la institución. Y miembros de la Acampada Reivindicativa por un hogar en la capital tinerfeña expusieron esta historia y otras en el pleno de la capital de la isla.

“En el municipio, muchas de las personas sin hogar que viven en coches o en furgonetas adaptadas no se les está empadronando. Además, sufren una persecución permanente por parte del ayuntamiento, que les obliga a marcharse mediante advertencia de ser multados, a pesar de que todos ellos tienen los informes correspondientes de los servicios sociales donde se refleja la situación de exclusión social y vulnerabilidad en la que se encuentran”, dijo Eloy Cuadra, uno de los miembros del colectivo.

La emergencia habitacional en Santa Cruz de Tenerife está alcanzando cotas poco vistas hasta ahora. La ciudad acaba de ser reconocida como el municipio con más de 200.000 habitantes con mayor porcentaje de viviendas vacías en España (17,3%). Entre 2015 y 2021, el precio medio del alquiler residencial aumentó un 13,93%, según datos del Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA). Pero es previsible que esa cifra no recoja todas las subidas abusivas denunciadas por los colectivos vecinales.

También entre los años 2010 y 2019, el ayuntamiento santacrucero invirtió un total de 25,4 millones de euros en políticas de vivienda, una media de 2,54 millones al año, según el Observatorio de Vivienda y Suelo. En comparación, San Cristóbal de La Laguna invirtió casi el doble, 4,8 millones, a pesar de contar con alrededor de 50.000 habitantes menos.

“[Somos] conscientes de la inacción continuada de nuestras administraciones, no sabiendo ni queriendo ampliar el parque público de vivienda, ni frenar a los fondos buitre y a otros especuladores inmobiliarios, ni controlar o limitar el alquiler vacacional, ni aprobar leyes tendentes a habilitar nuevas casas…”, enumera la Acampada Reivindicativa en un comunicado.  

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