Sí Podemos lleva a la Fiscalía las presuntas irregularidades detectadas en empresas del Cabildo de Tenerife
El grupo Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las supuestas irregularidades cometidas en empresas públicas de la corporación insular en el anterior mandato, cuando gobernaban Coalición Canaria (CC) y el PSOE en la institución.
Según ha indicado el consejero de Sí Podemos David Carballo, el grupo ha acudido ante la justicia para denunciar “las múltiples irregularidades” cometidas en el sector público insular durante los años 2017 y 2018, de las que, asegura, se hacen eco los informes de auditorías elaborados por la Intervención General del Cabildo.
En ese informe, según adelantó Mírame Televisión, también se alerta de irregularidades en la incorporación de personal a dedo y de un gasto injustificado con tarjetas de crédito que supera los 600.000 euros. Los 216 procedimientos con anomalías señalados en el trabajo de fiscalización, elaborado por la empresa Peraza y Compañía Auditores SLP y al que se ha adherido el interventor general, suman un gasto total de 72,7 millones de euros.
Carballo afirma que los tribunales “deben depurar las responsabilidades pertinentes sobre las actuaciones irregulares halladas en dichas auditorías y que hayan podido perjudicar al Cabildo durante el mandato anterior, bajo la gestión de Coalición Canaria, con Carlos Alonso como presidente de la institución”.
A este respecto, el consejero de Sí Podemos Canarias recuerda que a comienzos de este mes pidió que el actual equipo de gobierno, formado por PSOE y Ciudadanos, “denunciase esta sangría de dinero público ante la justicia”, y añade que “ante su inacción, hemos tomado la iniciativa y puesto en manos de la Fiscalía este asunto”. David Carballo anuncia por lo tanto su intención de preguntar al gobierno insular acerca de las razones por las que no se pudo auditar la actividad de las empresas públicas Tenerife Espacio de las Artes (TEA) y Auditorio de Tenerife.
Al respecto afirma que, según recoge la Intervención General del Cabildo, no se facilitó la documentación suficiente ni adecuada que permitiese la fiscalización de los años 2017 y 2018.
En relación a ello, Carballo señala que al partido le parece “incomprensible que dos compañías públicas tan potentes como estas hayan tenido dificultades para recopilar y entregar toda la documentación requerida, lo que nos hace sospechar acerca de posibles prácticas opacas con dinero público que son inadmisibles”.
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