Ciudadanos dice que la responsabilidad máxima es del consejo de administración
La delegada de grupos institucionales de Ciudadanos (C's) en Canarias, Teresa Berástegui, ha pedido hoy que en el Cabildo de Tenerife se asuman “responsabilidades políticas” por el presunto desfalco de 127.000 euros en el Recinto Ferial.
En un comunicado, Teresa Berástegui afirma que “no es de recibo que toda la responsabilidad recaiga en decisiones puramente técnicas”, aunque muestra su apoyo a la decisión de relevar a Ignacio Pintado como gerente del Recinto Ferial, pues es el “máximo responsable de la entidad y no ha hecho un correcto control ni fiscalización de la gestión en ese ente”.
La dirigente de Ciudadanos urge a la Corporación insular a que “convoque la comparecencia de los integrantes del consejo de administración [se celebrará este viernes] de la entidad”, para que expongan “los procedimientos de auditoría que se han realizado y se pidan las responsabilidades oportunas a los auditores”.
La delegada de grupos institucionales de Ciudadanos en Canarias recuerda que el consejo de administración es el encargado de formular las cuentas anuales y, por lo tanto, “el máximo responsable de que se detecten hechos como el supuesto fraude de 127.000 euros”.
Según indicó Berástegui, “no es la primera vez que hay que lamentar supuestos hechos delictivos que afectan directa o indirectamente al Cabido de Tenerife”, como es el caso de “las supuestas irregularidades en el área de Carreteras o en Sinpromi”.
Ha añadido que “todos esos hechos demuestran que no se está haciendo una correcta fiscalización y que los instrumentos de control dejan mucho que desear”. Por ello, aboga por “reducir el entramado de la institución insular”, porque es “una de las administraciones con mayor número de entidades públicas del país, con un total de 43 entes, organismos que al final tienen que pagar de su propio bolsillo, vía impuestos, los tinerfeños”.
Además, Ciudadanos solicita información al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, sobre el estado de ejecución en el que está el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial, proyecto que fue aprobado por unanimidad en el pleno del 30 de marzo de 2013 y que, “a nuestro juicio, no debe caer en el olvido”.
