El Gobierno canario sigue adelante con la planta de gas en Los Realejos pese al rechazo de vecinos y Ayuntamiento

La publicación, durante este viernes 2 de octubre, de ocho anuncios en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) sobre la planta de gas propano para el barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos (en el norte de Tenerife), ha sentado como una patada en el estómago a los vecinos de este núcleo y otros que rechazan esta instalación.

Según recalca a Canarias Ahora la presidenta de la plataforma contraria a la planta de gas, Carmen Luisa González, esta se divide, en realidad, en ocho nuevas instalaciones de baterías de una opción energética que no sólo no consideran sostenible, sino contradictoria con la lucha contra el cambio climático, sucia, peligrosa y contraproducente, aunque su objetivo pase por paliar eventuales ceros energéticos o apagones parciales en la Isla.

Los anuncios en el BOC confirman la determinación del Gobierno canario y, en concreto, de la parte del PP de mantener este proyecto en Los Realejos pese al rechazo unánime en el Ayuntamiento realejero (con mayoría absoluta de los conservadores, pero que incluso han respaldado mociones contrarias del PSOE). Este impulso al proyecto ha creado resignación en la plataforma sobre las opciones de revertirlo, incertidumbre sobre el futuro del barrio y esta parte del municipio e indignación por el hecho de que la Comunidad no escuche a los residentes contrarios y, sobre todo, a un pleno local unánimemente en contra.

Según subrayan en una reacción instantánea en redes sociales tras la decisión, el pasado 28 de septiembre, de impulsar este proyecto, la plataforma censura con dureza que la única solución para contrarrestar un apagón en Tenerife con una “megainstalación con ocho torres de diez metros de altura, alimentada por cientos de metros cúbicos de propano, un combustible fósil altamente inflamable”. Los vecinos critican duramente al consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata (PP), del que aseguran que “está condenando a los crusanteros a soportar los impactos de una instalación de estas características sobre nuestro entorno y nuestra salud”.

En este sentido, subrayan que “las emisiones de óxidos de nitrógeno de una instalación de generación térmica son contaminantes atmosféricos que pueden contribuir a la formación de otros compuestos perjudiciales. Y nosotros vivimos en un valle donde la atmósfera no tiene fronteras. Tenemos nuestra conocida panza de burro, que cubre con frecuencia el Valle de La Orotava. Igual que la calima nos trae polvo desde África, la contaminación atmosférica tampoco entiende de municipios ni de fronteras”, subrayan. Por eso, preguntan por qué “se va poner en peligro la calidad del aire, nuestros cultivos y nuestro precioso Valle para instalar una central de combustible fósil junto a nuestras casas”.

“Con nuestra salud y nuestro medio de vida no se juega”

Para la plataforma, “es hora de demostrar que no todo vale. Con nuestra salud y medio de vida no se juega. No se puede poner en peligro la seguridad de todo un valle donde vivimos miles de personas (unas 110.000, más la población flotante turística) para favorecer los intereses de una empresa energética. Y no entendemos que, al tomar esta decisión, ni siquiera se haya tenido suficientemente en cuenta la situación de los vecinos, del IES Cruz Santa y del CEIP Mencey Bentor, situados a muy pocos metros de la instalación. ¿Dónde queda la protección de los vecinos?”.

Los vecinos recuerdan que, “el pasado martes 22 de septiembre, durante su intervención en el Parlamento de Canarias, la diputada Alicia Vanoostende (PSOE) le planteó al consejero las reivindicaciones de nuestra plataforma. El señor Zapata respondió que actuaría movido por la preocupación y respeto hacia la posición de los vecinos y el Ayuntamiento y que tenía que compatibilizar dos obligaciones: proteger a los vecinos y garantizar el suministro eléctrico. Pero nosotros nos preguntamos: ¿qué ironía es esta? ¿Cómo puede un consejero de Transición Ecológica decir que quiere proteger a los vecinos y, al mismo tiempo, autorizar una planta de propano, combustible fósil altamente inflamable, a escasos metros de nuestras viviendas? ¿Cómo puede hablar de respetar la preocupación de los vecinos cuando precisamente los vecinos le estamos diciendo que no queremos esta instalación?”.

Asimismo, consideran muy llamativo que el consejero reconociera que “la planta de Sampol, alimentada con gasóleo y que hace apenas cuatro meses se levantó junto a las instalaciones de uno de los Mercadona con mayor afluencia de público de la Isla, sólo se ha conectado unas 20 horas, aproximadamente un 1% del tiempo. Y, ahora, se decide autorizar muy cerca otra instalación de generación de emergencia, esta vez alimentada con propano. Pensamos que una inversión de alrededor de 28 millones de euros para una instalación concebida como de emergencia, cuyo promotor cobraría desde el minuto 1 aunque no estuviera funcionando, merece una reflexión: ¿realmente necesitamos seguir invirtiendo decenas de millones en nuevas instalaciones fósiles de emergencia? ¿No existen otras soluciones? ¿No podemos utilizar almacenamiento energético, baterías y otras tecnologías limpias para garantizar el suministro sin colocar nuevas instalaciones de combustibles fósiles junto a nuestras viviendas?”, se cuestionan.

Rechazo unánime del pleno local

La postura de la plataforma coincide con la postura unánime y en contra del pleno municipal de Los Realejos del pasado 24 de septiembre. De hecho, una propuesta de los vecinos y otra del PSOE (apoyada previamente en comisión por el PP, con la abstención de CC) fueron debatidas conjuntamente y se consensuó un texto único consensuado que fue aprobado por todos como moción institucional.

Un rechazo calcado al que se produjo cuando se propuso esta planta para La Zamora, barrio también realejero. El alcalde, Adolfo González, recalcó que el polígono industrial La Gañanía ya acoge una planta así y no cree justo que Los Realejos “deba acoger otra más habiendo 31 municipios en toda la Isla”.

El Ayuntamiento de Los Realejos “reconoce la necesidad de garantizar el suministro eléctrico en Tenerife, pero considera que esa necesidad debe atenderse mediante soluciones y emplazamientos compatibles con la protección de las personas y del territorio”. Su acuerdo, como el anterior, lo remitió al Gobierno de Canarias y su consejería de Transición Ecológica y Energía y Dirección General de Energía, al Cabildo de Tenerife, así como al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico “como parte financiadora del proyecto”, y a Disa Generación, “como peticionario y titular del proyecto, solicitando que reconsideren el mismo, para que no sea declarado de interés general y se paralice su implantación y para que no obtenga financiación pública al no contar con apoyo institucional ni social”.