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EL CRONISTA ACCIDENTAL

Arona: las claves de una automutilación política

José Julián Mena, alcalde del Ayuntamiento de Arona, a la derecha, junto al exconcejal de Urbanismo, Luis José García, a la izquierda, en el acto para el inicio de la redacción del Plan General de Ordenación.

Arona, con 80.000 habitantes, es un municipio fascinante, por diverso y por complejo. Tiene un poco de todo: combina zonas turísticas de excepcional calidad y éxito con barrios muy degradados económica y socialmente, que configuran un titular poco agradable ya reflejado por la prensa nacional: por distribución de renta es uno de los municipios más desiguales de España. No le faltan espacios naturales, un litoral privilegiado (aunque también dañado) ni un complejo ecosistema urbano autopista arriba, porque también el corredor de la TF-1 define su acontecer económico, como ocurre en tantos municipios del sur tinerfeño. ¿Y políticamente? Pues ha sido un municipio maltratado a lo largo de décadas, porque los pactos políticos han resultado inestables y las mayorías absolutas tampoco duran. Le ocurrió a Coalición Canaria y ahora le pasa al PSOE, que sufre una fractura irresoluble, hasta el punto de provocar la intervención de la dirección federal socialista y una solución salomónica que tiene pocos visos de salir adelante. Expliquemos algunas claves de lo que pasa.

El PSOE pone en riesgo la alcaldía de Arona pidiendo al alcalde y al ex edil de Urbanismo que devuelvan sus actas

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Un equipo roto en dos mitades. El PSOE, liderado por el alcalde José Julián Mena, obtuvo un resultado espectacular en los comicios locales del 27 de mayo de 2019, con 14 de 25 concejales. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Adeje, donde los socialistas gobiernan plácidamente desde 1987, las mayorías absolutas sientan mal a los regidores aroneros. José Alberto González Reverón la obtuvo para CC en 2011 y fue el principio de su fin, entre problemas judiciales y crisis internas de los nacionalistas. Ahora le toca al PSOE, cuyo grupo municipal está fracturado en dos mitades. El alcalde, José Julián Mena, cuenta con el respaldo de seis ediles: Leopoldo Díaz, Raquel García, Julia Raquel Morales, Francisco Marichal, Ruth Lorenzo y José Alberto Delgado. El destituido concejal de Urbanismo, Luis José García, tiene tras de sí a otros seis concejales: José Luis Gómez, Juan Sebastián Roque (estos dos especialmente), Dácil León, Pura Martín, Elena Cabello y Yurena García. ¿Estos bloques son inamovibles? Lo sabremos tras la decisión de la ejecutiva federal del PSOE, que obligará a definir lealtades: al alcalde, al concejal destituido o al partido. Cada bando atribuye al opuesto fragilidades en su cohesión que están aún por ver.

Mena contra García, el duelo. El alcalde, José Julián Mena, se ampara en sus resultados electorales para afianzar un liderazgo que ahora mismo está más que cuestionado. La destitución de Luis José García al frente de Urbanismo ha sido la espoleta que ha activado la crisis. Y mira que hay puntos comunes entre ambos: son gente joven, cordial en el trato, la clase de gobernantes locales eficaces en las distancias cortas, cuestión que explica el éxito del PSOE aronero en los pasados comicios locales (carencias de sus rivales aparte). Pero la gestión del área de Urbanismo ha abierto un cisma ya irresoluble entre ambos. El alcalde cuenta con el respaldo incondicional de su mentor político, presidente del PSOE local y empresario turístico de éxito, Agustín Marichal, quien atribuye al edil cesado haber caído bajo el influjo, por un lado, de técnicos municipales asociados a la secular parálisis que define a la Administración municipal (obtener una licencia de obras en Arona no es un proceso digamos sencillo), y por otro, y en particular, del concejal José Luis Gómez, al parecer disgustado por la pérdida de poder ejecutivo resultante de las elecciones locales de 2019.

Una grabación explosiva en Fiscalía. El concejal García, geógrafo de profesión, funcionario del Ayuntamiento de Adeje, abrió la caja de los truenos con una denuncia en la Fiscalía sustentada en grabaciones que, esto es preciso aclararlo, no fueron realizadas por él, sino por inversores foráneos con proyectos en el municipio. El alcalde Mena jamás pensó que su concejal de Urbanismo llegara tan lejos, y lo cesó por “falta de confianza” el 22 de junio pasado, dos días después de conocer el inicio del tránsito de este asunto por las instancias judiciales. La grabación apunta a la participación del abogado Felipe Campos en tareas mediadoras con el Ayuntamiento para impulsar expedientes urbanísticos a cambio de jugosos honorarios profesionales, todo ello realizado en presencia de la hermana del alcalde. Y es aquí donde entra en juego otro de los protagonistas de la historia, porque uno de los epicentros del conflicto hay que situarlo en el rol que juega Campos en el entorno de poder que rodea al regidor Mena y su círculo más estrecho, del que también forma parte su jefe de gabinete, Nicolás Jorge, que fuera concejal socialista en Granadilla de Abona, conocido y antes cliente del letrado Campos. Nicolás Jorge tiene peso en la alcaldía, el propio de un político joven que desarrolla en Arona una especie de exilio impuesto por las circunstancias judiciales a las que se vio sometido en su municipio natal cuando fue edil de Urbanismo. A diferencia de sobre Campos, casi nadie tiene una mala palabra sobre él en el consistorio.

El papel de Felipe Campos. El abogado Felipe Campos, muy conocido en Santa Cruz de Tenerife por su batalla mediática y legal contra el fuera de ordenación durante el último mandato de Miguel Zerolo, llegó al sur de Tenerife de la mano del empresario más exitoso de la zona, Santiago Puig, que recurrió y finalmente obtuvo (en 2019) la anulación en los tribunales del controvertido Plan de Modernización y Mejora (PMM) de Costa Adeje. Conocido por su pericia para detectar defectos de procedimiento en las herramientas de ordenación urbanística, Campos acudió a la letra pequeña del documento para forzar su anulación. Hay que recordar que el PMM es un figura vigente en Canarias desde 2013, tras la aprobación de la ley de renovación y modernización turística de Canarias durante el último mandato presidencial de Paulino Rivero, y que se trata de una herramienta controvertida, que precisa de la colaboración entre la Administración pública y la inversión privada, aunque sus objetivos en lo tocante a la mejora de destinos turísticos maduros (y por ello degradados) son tan comprensibles como loables. Sea como fuere, y al amparo de este primer expediente, el letrado Campos ha abierto bufete en el sur de Tenerife, cuestión que dada su profesión tampoco tiene nada de particular. Otra cosa será discernir si su presencia casi constante en el círculo más cercano del alcalde Mena viene acompañado por otras ambiciones, un asunto que nos devuelve a las grabaciones entregadas por el concejal García a la Fiscalía Provincial. Porque esa es otra: todo el mundo da por hecho en Arona que hay más archivos de audio a la espera de ser entregados y difundidos.

Denuncias cruzadas como fuegos de artificio. Al amparo de este conflicto descarnado, cada sector proyecta sobre el contrario la sospecha de la irregularidad urbanística. Por ejemplo, los defensores del alcalde han identificado al edil García (más por debilidad que por interés, dicen) con la legalización de un edificio destinado a acoger un centro comercial en El Camisón, en plena milla de oro del litoral de las Américas. Conviene explicarlo: se trata de un proyecto muy viejo, amparado por el Plan General de 1993, luego suspendido durante la tramitación del Plan de 2011, con licencia concedida por sentencia de los tribunales interpuesta por los promotores (primero la familia Domínguez, grandes propietarios de suelo en el sur, luego el empresario Diego Cano), contemplado más tarde por el PMM de Costa Adeje (sí, el anulado en 2019, es que el urbanismo puede ser así de complicado) y ahora en proceso de legalización para corregir defectos subsanables. En cuanto al sector aglutinado en torno al concejal García, atribuye al alcalde Mena un interés especial por impulsar el desarrollo urbanístico de los Llanos de Chayofa, con más de medio millón de metros de suelo rústico y propiedad de Santiago Puig. Conviene explicarlo también: la posible reclasificación (y no recalificación, como se señala obstinadamente en las últimas semanas) se encuentra en estado embrionario como parte de los trabajos para la redacción de un nuevo Plan General para Arona, aún en fase de avance. O sea, que la pretensión va para largo y será sometida a todos los filtros de legalidad y oportunidad propios de la legislación canaria, que no es precisamente laxa en ese terreno. Desde el punto de vista urbanístico, poco misterio hay, porque todos los suelos definidos como urbanizables fueron rústicos con anterioridad, porque el crecimiento se explica así, desarrollando suelos colindantes a los ya urbanizados, dentro, eso sí, de cierta ortodoxia que es preciso justificar técnicamente. Por cierto, el Plan General vigente en Arona es de nuevo el de 1993, tras la anulación definitiva en 2015 del aprobado en 2011. Todo un clásico del urbanismo canario, vamos.

Pueblo grande, infierno grande, que diría Ángel Víctor Torres. Arona es un municipio importante, el tercero de Tenerife en población, el quinto de Canarias. Pero sus mecanismos de funcionamiento tienen que ver con su humilde origen de pueblo sureño venido a más y con el devenir de su historia económica y política en las últimas décadas: el pueblo matriz en las medianías, el poder institucional en Los Cristianos, la prosperidad en Las Américas, los problemas sociales crónicos en El Fraile, los bastiones electorales del PSOE en el litoral, el voto nacionalista (ahora muy desarticulado) por encima de la autopista, en La Camella y Cabo Blanco. Y políticamente siempre ha sido un infierno, como está comprobando ahora el presidente canario y secretario general de los socialistas en las Islas, Ángel Víctor Torres. En medio de una gestión frenética en combate con la pandemia de coronavirus, el jefe del Ejecutivo autonómico ha tenido que encontrar tiempo para atender la sangría que padece el PSOE en el único gran municipio canario en el que tiene mayoría absoluta. Las gestiones de Torres, y del secretario general insular (y presidente del Cabildo), Pedro Martín, han resultado hasta la fecha infructuosas, porque la inamovilidad del alcalde Mena y el concejal García bloquea cualquier solución pactada. Este numantinismo recíproco explica las decisiones tomadas por el enviado especial de Ferraz, Santos Cerdán, secretario de coordinación territorial en la ejecutiva federal del PSOE, que no es precisamente Tom Cruise pero que ha sido enviado a Tenerife para protagonizar una nueva secuela de Misión Imposible. Y tras entrevistarse con prácticamente todo el mundo en el municipio, tras escuchar los lamentos y reproches cruzados de tirios y troyanos, Cerdán ha decidido que el único papel que podía jugar era el de Salomón.

Que se vayan ambos… o no. El veredicto de la ejecutiva federal del PSOE no deja lugar a dudas: José Julián Mena, alcalde, y Luis José García, concejal, deben dar un paso al costado y entregar sus actas para favorecer la renovación de la lista socialista en Arona y hacer posible otro gobierno también con mayoría absoluta, con un nuevo alcalde al frente; o, para ser más precisos, alcaldesa, en la persona de Dácil León. Sería, sobre el papel, la oportunidad para consolidar un nuevo liderazgo o lidiar con una fase de interinidad a la espera de tiempos mejores, con la joven diputada autonómica Yolanda Mendoza como apuesta más firme para los comicios locales de 2023. Pero nada de esto será posible si el alcalde no da su brazo a torcer. Y Mena inició ayer mismo su particular operación blindaje: se apresuró a anunciar que no tiene la menor intención de renunciar al cargo, y entre advertencias al partido que le hizo alcalde y referencias al eslogan electoral “yo digo Mena”, ha recordado su éxito electoral de 2019 y los “errores cometidos” por el PSOE aronero en el pasado. El concejal García, que se ha quedado mudo desde el inicio de la crisis (salvo en la Fiscalía, claro), no se ha pronunciado, y los doce concejales restantes se ven abocados a un terrible dilema: ponerse del lado de su bando respectivo o del partido en el que militan. Hay una cosa que no puede ser obviada: la reacción contraria de Mena a la determinación salomónica de Ferraz supone un desafío explícito al secretario general insular, Pedro Martín; al secretario general autonómico, Ángel Víctor Torres, y al secretario general federal, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Que también son, por cierto, el presidente del Cabildo de Tenerife, el presidente de Canarias y el presidente del Gobierno del Reino de España. La semana se presenta muy movida en Arona.

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Publicado el
12 de julio de 2020 - 10:53 h

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