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El Ayuntamiento de Adeje precinta el Monkey Beach

Monkey Beach Club de Adeje, en una imagen de archivo.

David Cuesta / Esaú Hernández

Santa Cruz de Tenerife —

El Ayuntamiento de Adeje ha ordenado este viernes el cese temporal de la actividad del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado en la playa de Troya, según han confirmado a mirametv.com fuentes municipales. La decisión se produce tras la apertura de un expediente después de que el establecimiento retomara su actividad el pasado 17 de junio sin haber concluido las obras de ampliación que lleva a cabo en la instalación, que también han sido denunciadas por la Fiscalía por presuntos delitos urbanísticos.

El precinto tiene lugar mediante un decreto emitido tras una inspección realizada por técnicos municipales a principios de julio, a raíz de varias denuncias presentadas por los vecinos del entorno, en la que se constató que las obras de ampliación acometidas por el establecimiento se desvían del proyecto autorizado por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Adeje.

Los técnicos de la Concejalía de Urbanismo también han comprobado que los trabajos de ampliación han afectado a la instalación, por lo que se han modificado las condiciones iniciales por las que se concedió la licencia de actividad del local, en la que se han basado los propietarios para reabrir sus puertas desde mediados de junio.

Fuentes oficiales han confirmado que se ha requerido a los dueños del Monkey Beach Club para que “presenten la solicitud para llevar a cabo las modificaciones oportunas y ajustarse a la licencia inicial o, en su defecto, volver a desarrollar el trámite para obtener un nuevo permiso municipal”.

Los dueños del establecimiento presentaron hace unos meses un modificado del proyecto de ampliación original, pero el documento aún no ha sido autorizado por la Consejería de Política Territorial del Gobierno autonómico, por lo que tampoco cuenta con licencia del Ayuntamiento.  

La actuación del Ayuntamiento se produce unas semanas después de que la Fiscalía presentase una denuncia por las obras de ampliación del Monkey Beach Club, al detectar presuntos delitos urbanísticos tras seis meses de investigación previa en los que se encargaron varios informes al Seprona de la Guardia Civil y a la Policía Local de Adeje. El Ministerio Público también requirió documentación a las administraciones implicadas antes de llevar los hechos ante la Justicia.

Aunque la licencia de las obras de ampliación está amparada en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM) de Costa Adeje, la Fiscalía quiere aclarar si la construcción actual es legal o si vulnera la normativa vigente, especialmente la Ley de Costas. Un asunto complejo que requiere de una investigación más profunda, lo que ha motivado la denuncia de la acusación pública para que se abra un procedimiento penal que pueda aclarar las dudas planteadas durante las diligencias preliminares de investigación.

El Monkey Beach Club acomete en la actualidad un proyecto para ampliar la construcción original en dos nuevas alturas. Los vecinos que denunciaron consideran que, aunque los trabajos puedan estar amparados en el Plan de Modernización, las obras incumplen la Ley de Costas, que es una normativa a la que no puede contradecir un instrumento de ordenación como el PMM.

El grueso de la investigación se centra en conocer si las obras de ampliación cumplen con la Ley de Costas. En principio, están amparadas en el PMM, que revisa las limitaciones fijadas en el Plan General de Ordenación (PGO) y permite el aumento de dos plantas en la construcción y un incremento de la edificabilidad de más de 600 metros cuadrados. El documento, que aprobó el Gobierno de Canarias justo antes de finalizar la legislatura en mayo de 2015, está recurrido judicialmente en el Contencioso-Administrativo.

Uno de los argumentos que generan dudas legales en el PMM es su aprobación sin contar, precisamente, con el informe preceptivo y vinculante de la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife. El órgano estatal elaboró un primer dictamen el 20 de mayo de 2015, que se presentó fuera de plazo, en el que realizó una serie de observaciones al texto y pidió su devolución, una vez corregido, para emitir las conclusiones definitivas. El Gobierno de Canarias obvió el trámite y dio luz verde al Plan de Modernización de Costa Adeje dos días después.

El Monkey Beach Club, una de las principales atracciones de ocio del sur de Tenerife por sus populares fiestas a pie de playa, es propiedad de los hermanos Cabrera Losada, hijos del expresidente de la patronal hotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel), José Fernando Cabrera. La edificación original data de 1975 y se levantó sin las autorizaciones necesarias, a pesar de que invadía el dominio público y sus servidumbres, tal y como confirmó la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife en un informe emitido en marzo.

Además del proyecto de ampliación, los propietarios del establecimiento presentaron otro proyecto paralelo para reformar la zona de las terrazas y mejorar los accesos a la playa, que fue autorizado por Costas el 1 de marzo de 2017.

Costas

El pasado 6 de julio, justo el mismo día en que la Fiscalía presentaba la denuncia por la ampliación del Monkey Beach Club, el jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre de la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife, Juan Antonio Troya, certificó que el establecimiento había concluido con las obras de mejora de una de las terrazas y de los accesos a la playa. El técnico concluye que los trabajos realizados se corresponden con el proyecto autorizado por el órgano estatal en marzo de 2017.

Este hecho es importante porque una de las cuestiones que están en tela de juicio radica en conocer si el establecimiento invade el dominio público, algo que ratificó la propia Costas en un informe elaborado a petición de la Delegación del Gobierno. En el documento, el propio Troya admite que el Monkey Beach Club se construyó en 1975 sin contar con los permisos obligatorios para las edificaciones que ocupan la zona demanial y sus servidumbres.

En el dictamen del técnico se afirmaba que la ejecución del proyecto presentado por los propietarios del local de ocio conllevaba el derribo de la terraza que sobrepasaba las zonas de servidumbre, por lo que la certificación de Costas del pasado 6 de julio vendría a avalar que el Monkey Beach Club ya no invade dominio público. Al menos, administrativamente, ya que los vecinos que denunciaron las obras todavía mantienen dudas de que los trabajos ejecutados hayan demolido toda la edificación afectada.

El principal problema para conocer si el establecimiento ha cumplido con su obligación de dejar libre la zona de dominio público radica en que no existe un acta de replanteo previa al inicio de las obras, lo que hubiera permitido delimitar las zonas de servidumbre y la línea demanial. A pesar de que este trámite fue fijado por el Gobierno de Canarias como “condición particular” para autorizar las obras de ampliación del Monkey Beach Club, nunca se llevó a cabo. Esta será otra de las cuestiones que tendrán que resolverse en la instrucción judicial abierta a raíz de la denuncia de la Fiscalía.

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