Concejales de Coalición Canaria salen del pleno de La Laguna rumbo a los juzgados por considerar vulnerados sus derechos

Coalición Canaria ha vuelto a montar en cólera en el Ayuntamiento de La Laguna, gobernado por primera vez en décadas por otro partido distinto, en este caso con el PSOE en coalición con Unidas Se Puede y Avante La Laguna. El motivo en esta ocasión fue lo ocurrido en un meteórico pleno municipal de apenas trece minutos de duración que en realidad sólo sirvió para que el alcalde leyera una declaración institucional por el Día de la Mujer y para que se tratara una cuestión de orden cuyo desenlace supuso que la primera autoridad municipal levantara la sesión sin debate ni votación, a pesar de los requerimientos a voces del portavoz nacionalista.

El pleno tenía carácter extraordinario y monográfico, y se convocó en febrero pasado a petición de casi todos los concejales de CC (faltó la que fuera concejala de Hacienda con el anterior alcalde, José Alberto Díaz) con el siguiente enunciado: “Propuesta de calendario a cumplir por la Corporación en relación con la dación de cuenta al Pleno de las auditorías de cumplimiento anual”. Lo que venía a suponer un intento de ese grupo político de encontrar o confirmar irregularidades en la gestión presupuestaria de la Corporación.

Nada más comenzar el pleno y justo después de que el alcalde leyera la referida declaración institucional sobre el Día de la Mujer, pidió la palabra el portavoz de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, para plantear una cuestión de orden. Esta venía a abordar, sucintamente, la conveniencia legal de que se pudiera debatir y aprobar un acuerdo plenario en el que se instara a la Intervención General de la Corporación a fijar un calendario de actuaciones sobre sus auditorías. El alcalde cedió entonces la palabra a la interventora municipal y la secretaria del pleno para que ofrecieran su opinión. Ambas coincidieron en que un acuerdo así supondría una intromisión en la autonomía de la Intervención de la institución, y en el caso de adoptarse, podría ser nulo de pleno derecho.

La interventora aprovechó la ocasión para reprochar a la Corporación en pleno que su departamento, incluso antes de que ella asumiera sus actuales funciones de modo accidental, viene reclamando más medios tanto económicos como humanos para poder acometer su tarea, entre otras esa de elaborar las auditorías anuales a las que cada ayuntamiento está obligado desde 2019. Esa falta de medios vendría arrastrándose desde las últimas corporaciones, todas ellas presididas por Coalición Canaria hasta llegar a la actual, que entró a gobernar precisamente en 2019.

Tras escuchar a ambas funcionarias, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, levantó la sesión sin dar la más mínima oportunidad al debate, a pesar de las voces de indignación que partían principalmente del grupo promotor del pleno, con su portavoz, Jonathan Domínguez, como principal valuarte. Ya desde ese instante, Domínguez avisó de que su grupo acudiría a los tribunales de justicia.

El grupo de gobierno emitió enseguida un comunicado en el que recordó que el alcalde “optó por levantar la sesión” tras escuchar los informes de la Intervención y la Secretaría General del Pleno, porque “en caso contrario podría estar incurriendo en una ilegalidad”.

El grupo de gobierno opina que, de acuerdo con la ley, “tanto el calendario como los expedientes a auditar son una atribución exclusiva de la Intervención municipal, por lo que una decisión plenaria no puede interferir en sus competencias”. Y recordó que “la secretaria señaló que el acuerdo propuesto por CC podría ser considerado nulo de pleno derecho. Y la interventora ratificó que se pretendía llevar a votación el ejercicio de una competencia que corresponde a la Intervención ejercerla con total autonomía”. 

Coalición Canaria emitió igualmente su comunicado obviando, eso sí, los dos informes verbales de las habilitadas nacionales. A su entender, lo ocurrido en el pleno de este martes fue “un atentado democrático” cuando ese grupo solo pretendía conocer información “sobre las auditorías internas de cumplimiento anual del consistorio relativas a los años 2019 y 2020 y conocer las razones por las que no han sido presentadas en pleno ordinario, tal y como marca el régimen jurídico de control interno en las entidades de Sector Público”. En realidad no decía eso el enunciado de su petición de pleno, porque lo que se pretendía era fijar un “calendario a cumplir”.

Considera CC que “es un derecho de cualquier grupo político plantear un debate sobre cualquier tema que tenga que ver con la gestión pública del Ayuntamiento de La Laguna”.

De las dos intervenciones de las altas funcionarias, el portavoz de CC sólo ha entresacado la mención de la interventora a la falta de medios, pero reduciéndola al mandato actual: “La interventora ha reconocido que desde hace tres años no se han fiscalizado las cuentas de este ayuntamiento” (...) “La intervención reconoce hoy que no tiene las herramientas para fiscalizar las cuentas y llevan tres años sin ningún tipo de control del gasto en el Ayuntamiento”.

Domínguez opina que “se ha levantado la sesión plenaria sin haber dado derecho a la oposición a mostrar su posición política y nos ha cercenado ese derecho, lo que le conduce ”a los juzgados“. ”Estamos viendo que todo este oscurantismo en la gestión económica del Ayuntamiento de La Laguna lo único que nos enseña es que tienen mucho que esconder y si tienen mucho que esconder lo van a tener que explicar en los juzgados de La Laguna“, concluyó el portavoz. De momento se desconoce si ya se ha interpuesto algún tipo de acción judicial.