Pérez: “El auto del Supremo obvia lo más grave del caso Grúas: conceder una prórroga a una empresa que no podía garantizar el servicio”

El concejal del Ayuntamiento de La Laguna (Avante La Laguna) Santiago Pérez indica que la denuncia de la prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias que dio lugar al Caso Grúas, cuyos indicios fueron confirmados reiteradamente por la Audiencia Provincial de Tenerife y avalados por la Fiscalía Anticorrupción, a través de un Informe muy amplio y fundamentado, fue presentada por los concejales de la oposición “en cumplimiento de un deber legal” según el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que señala que “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante”. Además, “si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrá además en conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden administrativo”. 

En un comunicado explica que los hechos delictivos no se reducían a la concesión de un préstamo con dinero público a una empresa que los amigos de Clavijo llevaron a la quiebra, por lo que debía ser disuelta de acuerdo con la legislación mercantil, con importantes deudas con la Seguridad Social, con la Hacienda Pública y con los trabajadores (algunos de los cuales todavía no han cobrado sus salarios de aquella etapa, a pesar de que el préstamo se concedió por Clavijo y compañía con la excusa de que era para pagar los salarios atrasados). “A una empresa en quiebra, ningún banco le habría concedido un préstamo; pero Clavijo, a la empresa de sus amigos, sÍ. Y con dinero de los contribuyentes laguneros”, manifiesta. 

No obstante, el edil considera que “lo más grave del caso Grúas es con diferencia haberle concedido la prórroga del contrato por cinco años, comprometiendo más de 3 millones de euros de dinero público, a una empresa en situación de quiebra, gravemente incumplidora de sus obligaciones contractuales y que no estaba en condiciones de garantizar la gestión del servicio”. 

Un contrato que debió ser resuelto por imperativo legal, como pusieron de manifiesto los funcionarios interventores a los que el Ayuntamiento encargó el examen y la gestión de la empresa cuando tuvo que ser intervenida en los primeros meses de 2014. Una prórroga cuya ilegalidad fue advertida reiteradamente por el Interventor General, que es quien ejerce el control previo de legalidad de cualquier acuerdo del que puedan derivarse obligaciones con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento. “La concesión ilegal de la prórroga del contrato es el hecho más grave del Caso Grúas, que la Sra. Celia Blanco ni menciona en su Memoria razonada, ni el Sr. Marchena se ha interesado por conocer y examinar”. 

Cree que es un “pésimo mensaje” para la ciudadanía: no hay una ley para todos; “cualquier personaje puede maniobrar para zafarse de los jueces y tribunales predeterminados por la Ley y aforarse y, si tiene dinero contratar al abogado de Cristiano Ronaldo, o si prefieren al Cristiano Ronaldo de los abogados, y elegir al Tribunal que le archive la causa” (cosa que Clavijo intentó reiteradas veces, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, bajo la advocación de Antonio Doreste, incluso después de que ese privilegio fuera suprimido en el nuevo Estatuto de Autonomía). 

A su juicio se trata de un “mensaje desmoralizador para los funcionarios públicos”, especialmente para los que tienen la responsabilidad de controlar legalidad de los actos de los gobernantes: encarguen un dictamen a la medida a unos catedráticos de postín, ninguneen a los funcionarios públicos, que el Sr. Marchena lo utilizara como salvoconducto, al margen de que dicho dictamen no se refería a lo más grave del Caso Grúas: la prórroga del contrato que debió ser resuelto, a una empresa gravemente incumplidora de sus obligaciones y en situación de quiebra. 

Clavijo habla de ganar las elecciones como si fuera “el Cid Campeador electoral”: llegó a la Alcaldía sin presentarse a las elecciones, designado “monárquicamente” por Ana Oramas, que en su día también llegó a la Alcaldía gracias al PP, después de perder las elecciones frente al PSOE. 

Luego Clavijo perdió, desde el poder, la mayoría absoluta que Oramas le regaló. “Nadie” en La Laguna recuerda nada de interés que Clavijo hiciera en siete años de alcalde; luego fue derrotado en votos por Patricia Hernández y se convirtió en presidente gracias a una Ley Electoral trucada; y, desde que se introdujeron cambios moderadamente democratizadores en esa ley electoral perdió las elecciones de 2019, en votos y en escaños, y la presidencia del Gobierno. 

Y, en lugar de ejercer la oposición, dejó a Coalición Canaria como “a un pollo sin cabeza” en el Parlamento para refugiarse en el Senado y no rendir cuentas de sus fechorías aquí, en Canarias, ante los jueces que investigan y juzgan a “los canaritos de a pié”. “Dando un ejemplo de cobardía infinito”, sentencia. 

Santiago Pérez lamenta finalmente que traten de escudarse de nuevo en las familias. Como si quienes hemos sufrido auténticas campañas de desprestigio por parte de la prensa y los medios del Régimen de Coalición Canaria --y no precisamente por haber cometido delitos, sino por defender la legalidad-- no tuviéramos familia.