El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide por carta al Defensor del Pueblo que presente un recurso contra la Ley de Amnistía

Ya lo había anunciado hace meses. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife por Coalición Canaria, ha publicado una carta en la que pide al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, ya que él, en calidad de alcalde, no tiene potestad para hacerlo.

El pasado diciembre los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento ya le aclararon a este alcalde, tras un informe solicitado por él mismo, que no está legitimado para intervenir en una Ley que, en aquel entonces, se encontraba aún en tramitación en el Congreso de los Diputados. También le informaron de que, una vez publicada la Ley en el BOE, quedaba una opción: que fueran el propio presidente del Gobierno, o 50 senadores, o 50 diputados, o el Defensor del Pueblo, quienes presentaran un recurso de inconstitucionalidad. Bermúdez ha optado por pedir mediante una misiva a Gabilondo que actúe contra esta ley, aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

La misiva de Bermúdez afirma que su solicitud “se fundamenta en que la norma vulnera directamente la Constitución Española de 1978, atacando al Estado de Derecho y, entre otros, a los principios básicos de la seguridad jurídica, la igualdad de todos los españoles y la independencia y exclusividad judicial, de modo que una Ley, que, por principio, debe ser general y no puede ser usada como instrumento político, se convierte en un privilegio para unos pocos”.

Además, prosigue, “la Ley ha sido vetada por el Senado, en un choque institucional sin precedentes en nuestra Democracia, en base, entre otros informes, al de los letrados de esa Cámara, quienes también denuncian su incontitucionalidad y los derechos que entran en conflicto con la arquitectura jurídica de la Unión Europea”.

“Este episodio es una muestra más de la fractura social y el conflicto entre instituciones que la Ley promueve”, concluye. 

La ley fue aprobada el pasado 30 de mayo por mayoría absoluta, 177 votos a favor, y los votos en contra de PP, Vox, UPN y CC.