El alcalde de Santa Cruz de Tenerife apela ahora al Defensor del Pueblo al constatar que no está legitimado para recurrir la Ley de Amnistía

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le han aclarado a su alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) que no está legitimado para intervenir en una Ley que ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Es la conclusión de un informe que había solicitado el propio alcalde a mediados de noviembre con el fin de luchar contra la Ley de Amnistía. Por ello, anuncia que acudirá al Defensor del Pueblo.

“Los servicios jurídicos me han respondido con un informe detallado en el que se explica entre otras cosas que una vez que la proposición de ley orgánica entre o ha entrado en el Congreso, el Ayuntamiento no está legitimado para intervenir en esta tramitación”, dijo Bermúdez (licenciado en Derecho) este lunes en una comparecencia.

El alcalde añadió que ese informe sí que le expone que existe la “posibilidad de que se presente un recurso de inconstitucionalidad una vez aprobada la Ley y publicada en el BOE”. Un recurso de inconstitucionalidad de una Ley de carácter orgánica puede ser interpuesto por el presidente del Gobierno de España, por cincuenta diputados o cincuenta senadores y también por el Defensor del Pueblo.

“En un clima de enfrentamiento y polarización en el que precisamente este enfrentamiento se ha agudizado por culpa de la tramitación de esta Ley, donde la política está contaminando la vida social y se está poniendo en duda a los jueces, creo que la vía más adecuada es esta: acudir al Defensor del Pueblo para que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional una vez que el texto esté aprobado”, defendió.

Bermúdez insistió en que esta es una de las competencias del Defensor del Pueblo “y son muchas las asociaciones o personas que acuden al Defensor precisamente para que realice un recurso de inconstitucionalidad”, dijo. “Primero, porque está entre todas sus atribuciones y segundo porque se trata de una figura de carácter absolutamente independiente y apolítico, según su propio estatuto, que se debe a los españoles”, agregó Bermúdez.

El alcalde subrayó que en este momento el Defensor del Pueblo “es el único órgano que se puede erigir como auténtico defensor de todos los ciudadanos españoles que creen que esta Ley no es una Ley que contribuya a mejorar el Estado de derecho, sino al contrario lo que hace es abolir el Estado de Derecho”, sostuvo el político de Coalición Canaria.

“Ante la imposibilidad de hacerlo yo directamente en virtud de mi cargo de alcalde”, admitió Bermúdez, va a solicitar “personalmente” al Defensor del Pueblo que, una vez aprobada la Ley, se interponga ese recurso de inconstitucionalidad.

“Nuestra solicitud es muy clara y se fundamenta en la defensa de la constitución española de 1978 y en los principios básicos de la seguridad jurídica, la igualdad de todos los españoles ante la ley y la independencia judicial . De modo que una ley que por principio debe ser general se está usando como instrumento político en beneficio solamente de unos pocos”, aseguró.

El acuerdo de CC con el PSOE

El alcalde lleva más de un mes esperando a que los servicios jurídicos del Ayuntamiento le contesten sobre si puede actuar en contra de la amnistía. Esta intención la anunció a mediados de noviembre cuando su partido ya había sellado un acuerdo con el PSOE para investir a Pedro Sánchez en el que se aclara que no va vinculado a la Amnistía.

“Este es un acuerdo de legislatura pero no nos vincula con la amnistía, la cual, rechazamos”, apuntó el secretario de Organización de CC, David Toledo, tras la firma del acuerdo. La propia diputada Cristina Valido durante el proceso para la investidura de Sánchez que votaba que “sí” porque había actuado con la cabeza, pero no con el corazón, poniendo por delante la “agenda canaria”.