“Queremos poder usar nuestros ahorros en beneficio de los vecinos”, justifica Bermúdez su rechazo al decreto sobre uso de los remanentes municipales

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, subraya que los ayuntamientos son “quienes deben disponer libremente de sus recursos en beneficio de los vecinos, pues son la primera puerta a la que se acude cuando hay dificultades”, argumento con el que sintetizó el rechazo expresado por la Alcaldía santacrucera al contenido del real decreto del Gobierno aprobado a partir del acuerdo del Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para disponer de los superávits de tesorería de los ayuntamientos. En virtud de ese acuerdo, que salió adelante con el único apoyo del PSOE y gracias al voto de calidad del presidente de la FEMP, Abel Caballero, el Gobierno de España contará con esos recursos de tesorería a cambio del reparto de un fondo de 5.000 millones de euros, del que quedarían fuera los ayuntamientos sin remanente.

Bermúdez se expresa en estos términos después de participar este viernes en una reunión telemática con otros ocho alcaldes (Cádiz, Zaragoza, Granada, Lleida, Madrid, Murcia, Pontevedra y Reus, a los que se ha sumado con posterioridad Valencia) para alcanzar una postura común frente al acuerdo adoptado recientemente en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con el Ministerio de Hacienda de reparto de los fondos que corresponden a las administraciones locales.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz no se manejan todavía datos precisos sobre la cuantía de los ingresos que le corresponderían de ese fondo, a la espera de conocer el detalle de la fórmula de reparto. Unas cifras sí son conocidas: un remanente de tesorería en 2019 por encima de los 27 millones, según los datos de liquidación facilitados en el último pleno, y que ahora se situaría en torno a los 7 millones como consecuencia de los recursos destinados con carácter especial para afrontar gastos derivados de la COVID-19. A partir de aquí entran en juegos porcentajes de reparto y factores de corrección para determinar la cantidad exacta por asignar del fondo y que generan controversia.

Es en ese contexto en el que Bermúdez destaca que la Corporación capitalina está saneada y que el Ayuntamiento “en los últimos diez años se ha caracterizado por rebajar el déficit mucho más allá de lo que la ley nos exigía”. Así, indica, “hemos rebajado el déficit en 122 millones, fruto de nuestra austeridad”, pero “si hubiéramos reducido el déficit solo la mitad, habríamos tenido más dinero ahora”, en aplicación de unos criterios que perjudicarían a los municipios que se han esforzado por reducir la deuda, según la tesis de la Alcaldía capitalina. Este hecho, sostiene Bermúdez, es “inexplicable” y la constatación de la “mala gestión” de estos recursos, que explican la posición contraria del Consistorio tinerfeño y de su formación, Coalición Canaria.

Bermúdez hace hincapié en que el grupo de alcaldes de distintos puntos de España y del que forma parte “reivindica el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera”.

En el comunicado redactado por dichas corporaciones se rechaza los términos del decreto porque “vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, supone la incautación de los superávits municipales y propone excluir a los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado”. Además, considera que “los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros”.

El documento será distribuido entre todos los municipios de más de 100.000 habitantes y capitales de provincia de todo el Estado, y los alcaldes pedirán una reunión con la ministra de Hacienda para explicarle en persona los motivos del rechazo del antedicho acuerdo.

Durante el mes de septiembre, este decreto del Gobierno será elevado al Congreso de los Diputados para pedir su convalidación, “por lo que las formaciones políticas que representamos trasladarán nuestra negativa a la Cámara”. “Una buena noticia es que quienes hemos participado en la reunión somos de diferentes partidos políticos”, ha añadido Bermúdez, “pero a todos nos une el mismo objetivo y es que podamos usar nuestro ahorro en beneficio de nuestros vecinos y vecinas”.

Además, el regidor ha anunciado que la reunión ha servido para “analizar otras cuestiones que tienen que ver con la financiación presente y futura de los ayuntamientos, durante y después del COVID-19”, como el papel de los municipios “en el reparto de los 140.000 millones de euros que la Unión Europa va a aportar al Estado español” o la posibilidad de analizar la suspensión en 2021 de la regla de gasto“.