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La huida del CIE de Hoya Fría reabre el debate sobre el cierre de estas prisiones

Los 34 años de historia de los CIE arrastran muertes, suicidios, fugas y continuas reivindicaciones sociales en favor de su cierre definitivo: "Son la piedra angular de la necro-política europea"

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), no se posiciona sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros porque son competencia del Gobierno central 

Patio del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife.

Patio del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife. EFE/Ramón de la Rocha

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) aparecieron en España en 1985. Sus 34 años de historia arrastran muertes, suicidios, fugas y continuas reivindicaciones sociales en favor de su cierre definitivo. "Son la piedra angular de la necro-política europea. Una política migratoria deshumanizada, racista e hipócrita que extiende y perpetúa el orden colonial, que asesina abierta e impunemente en las fronteras y en las ciudades", aseveró la plataforma CIEs No el pasado 15 de junio, día por el cierre de estos espacios. La huida el pasado sábado 3 de agosto de más de una veintena de personas de Hoya Fría, el único centro de internamiento que sigue abierto en Canarias, ha reabierto el debate sobre su vigencia. 

Cáritas exige respuestas por parte del Gobierno autonómico. A pesar de que las competencias están en manos del Ejecutivo central, la ONG considera, tal y como ha señalado Efe, que el posicionamiento de las distintas administraciones públicas del Archipiélago en contra de estos espacios podrían contribuir a su clausura. La responsable de migraciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Arantxa Méndez, insistió en que las personas que se encuentran internas en los CIE, "centros hostiles peores que una cárcel", no reciben ningún tipo de apoyo y que tampoco se les ofrecen talleres. Estas afirmaciones ponen en cuestión la eficiente aplicación de la Ley de derechos y libertades de los extranjeros,  que estipula que los lugares de internamiento estarán "dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios". 

Ya en julio de 2018, una visita al CIE de Barranco Seco, Gran Canaria, realizada por la entonces jueza de control del centro Victoria Rosell y por varias ONG reveló que los 134 internos que en ese momento se encontraban entre las paredes de la antigua prisión no habían tenido ninguna comunicación con sus abogados. Tampoco hubo rastro de trabajadores sociales durante un mes, ni tampoco de intérpretes. 

Competencias

A pesar de ello, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), se ha desmarcado y ha preferido no posicionarse porque "no es su competencia". Sus declaraciones a Efe se han limitado a defender que se disponga de "los mejores espacios" acordes al fin que se pretende. "Dejemos que el Gobierno central haga su trabajo", apuntó. El programa electoral del PSOE en las elecciones generales no incluía la clausura de los CIE, sino la modificación del modelo actual. Así, el motivo del cierre del centro de internamiento de Fuerteventura, efectuado en 2018 por el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, fue el desuso de un espacio que seguía obteniendo fondos públicos para su conservación pese a estar desocupado. 

El mismo día en el que se produjo la fuga en Hoya Fría, un centro con capacidad para 234 personas, pero que en la actualidad cuenta con una ocupación que apenas supera las setenta, la Policía Nacional localizó a siete de ellas. Después de varias jornadas de búsqueda, dos más aparecieron en una caravana que desembarcó en el Puerto de La Luz y de Las Palmas en Gran Canaria. Desde la huída, las autoridades han insistido en que los migrantes internos en los CIE lo están por una "infracción administrativa" y no por un delito. En esta línea, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) exige en su web el "cierre y desmantelamiento" de estos lugares en los que se encierra a personas migrantes por una infracción comparable "a una sanción de tráfico".  

Las personas que llegan a España en situación administrativa irregular ingresan en los CIE durante un plazo máximo de 60 días mientras se tramita el expediente sancionador que determinará su futuro. Sin embargo, en el caso de Tenerife estos días son solo un punto de paso para acabar en la calle en el caso de los migrantes marroquíes, ya que el acuerdo bilateral vigente entre Marruecos y España que contempla la inmediata repatriación dificulta que, mientras concluye el trámite, se integren en los planes de ayuda humanitaria ofrecidos por las ONG, según declararon Cáritas y Canarias Libre de CIE en febrero de este año. Un desamparo que se potencia ante la saturación de los albergues públicos.  

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