Familias de Añaza aseguran que Visocan les impide regularizar sus contratos de alquiler y la empresa pública lo niega

Un total de 93 familias de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, han denunciado este jueves ante el Diputado del Común que se enfrentan a desahucios inminentes tras haberles notificado que debían abandonar sus viviendas en febrero de 2024, y la empresa pública Visocan niega haber interpuesto ninguna demanda de desahucio a ninguno de los inquilinos.

Las familias, según informa el Diputado del Común en un comunicado, aseguran que Visocan les impide regularizar sus contratos de alquiler. La representante de las familias que contaban con un contrato de alquiler con el anterior propietario, Yurena Rodríguez, asevera que tras recibir el aviso de desahucio se les ofreció la posibilidad de regularizar un nuevo contrato de alquiler y gestionar las deudas pendientes de algunos vecinos, pero Visocan se niega a llegar a un acuerdo.

Por su parte, desde la empresa pública Visocan dicen que esta información es “incierta” y han destacado que en reiteradas ocasiones ha intentado que los 50 inquilinos con contrato de alquiler con el anterior propietario regularicen su situación.

Raquel García, como portavoz de las familias vulnerables que no disponían de un contrato formalizado a fecha de 2019, denuncia que cuando comenzó el proceso de desahucio se les emplazó a entregar documentación a una ONG que actuaría de mediadora pero, a día de hoy, continúan sin haber regularizado su situación.

Las representantes de estos colectivos trasladaron al Diputado del Común su preocupación ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas familias, que no disponen de ninguna alternativa habitacional.

El Diputado del Común afirmó que se dirigirá al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para conocer qué ayudas al alquiler se han comprometido a aportar para los vecinos que tienen contrato, y a Visocan para conocer su disposición a formalizar un nuevo contrato de alquiler a partir de febrero. Además, se comunicará con Visocan “para hacer un seguimiento personalizado de cada uno de los casos de las familias que no disponen de un contrato”.

La empresa pública, que ha precisado que desconoce la situación de vulnerabilidad o no de sus inquilinos, ya que Visocan no tiene competencias en esta materia, ha recordado que compró las 358 viviendas de Añaza en 2019 y desde entonces ha intentado que todos sus ocupantes regularicen su situación. Por ello, ha denunciado, no se ajusta a la realidad que esta empresa “se niegue a llegar a un acuerdo” con los ocupantes de las viviendas.

Más del 75% de los vecinos se encuentran en situación regular, es decir, han suscrito un contrato de arrendamiento con Visocan, la propietaria de las viviendas, ha agregado.

Asimismo, ha informado de que ha abierto líneas directas de diálogo con los afectados para ofrecerles “alternativas individualizadas que permitan resolver las diferentes casuísticas que se dan en estas dos promociones de Añaza”.

Al mismo tiempo orienta e informa a los vecinos sobre todos los recursos públicos a los que pueden acceder que son competencia de otros organismos, ha apostillado.

Ha señalado también que trabaja con la firme voluntad de dar seguridad jurídica a todas las partes y mejorar la convivencia en las más de 6.000 viviendas que gestiona en Canarias.

También la empresas pública tiene la obligación de velar por el bienestar habitacional de los 20.000 demandantes de viviendas protegidas que hay en las islas.

Para ello, “como no puede ser de otra manera, Visocan tiene la obligación de cumplir con la normativa vigente”.