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Incendio en Tenerife
Una plataforma ciudadana recoge firmas para que el incendio de Tenerife suba a nivel 3 y pase a manos del Estado

Superficie quemada por las llamas en La Esperanza

Canarias Ahora

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Un grupo de personas residentes en Granadilla de Abona, aglutinados en torno a la plataforma ciudadana No a las Plataformas Petrolíferas en el Puerto de Granadilla, ha iniciado una recogida de firmas en internet a través del portal Change.org, para solicitar al Gobierno canario que eleve el nivel 3 la emergencia por el grave incendio forestal que desde el pasado 15 de agosto ha calcinado casi 13.000 hectáreas en diez municipios de Tenerife y obligado a evacuar a más de 12.000 personas en el norte y el sur de la isla.

Este cambio de nivel implicaría que la dirección de la gestión de la emergencia la asumiría el Gobierno del Estado, lo que permitiría movilizar más recursos para luchar contra este incendio.

La petición en Change.org la firma Jacinto José Velasco Triviño, en nombre de dicho grupo ciudadano, quien argumenta que “pese al encomiable esfuerzo del personal de extinción, gestores de la emergencia y ciudadanía afectada, este desastre forestal tiene ya dimensiones equivalentes a otros similares acontecidos recientemente en la Península, con el agravante de que la extensión del territorio de nuestra isla es mucho más reducido”. Tal es así que ya se ha quemado más del 2% del territorio de Tenerife.

Asimismo, el colectivo proponente de este paso de la emergencia a nivel 3 plantea que las llamas han alcanzado más de 70 kilómetros de perímetro y amenazan la zona de interfaz forestal-urbana, causando el desplazamiento de miles de ciudadanos y provocando situaciones “de serio peligro tanto para la población como los equipos de extinción, aunque afortunadamente no tenemos que lamentar pérdida de vidas humanas”.

Por estas razones, los firmantes piden “angustiados la urgentísima declaración del nivel 3” teniendo en cuenta además la posibilidad de un empeoramiento de la situación, que es dramática para la población y supone una catástrofe medioambiental por los ecosistemas afectados, incluyendo espacios naturales protegidos, algunos con las categorías de Parque Nacional y Reserva Natural Especial.

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