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Sí Se Puede reclama más transparencia al Ayuntamiento sobre la ejecución provisional de la sentencia de Las Teresitas

El portavoz de ese partido, Pedro Fernández Arcila, cifra en más de 100 millones de euros, con intereses de demora incluidos, el dinero que el empresario Antonio Plasencia deberá abonar al Consistorio local si se confirman los términos del fallo

Pedro Fernández Arcila, en otro instante de la charla periodística

Pedro Fernández Arcila, líder de Sí Se Puede en Santa Cruz de Tenerife ÁLEX ROSA

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila (confirmado de nuevo como candidato a la alcaldía), ha exigido este martes a Coalición Canaria (CC) que tenga "transparencia" respecto a la ejecución provisional de la sentencia del caso Las Teresitas. 

En un comunicado, Fernández Arcila reprocha al alcalde José Manuel Bermúdez que, en su opinión, "oculte" la información que el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, se comprometió a entregar a la oposición en la Comisión de Control de enero pasado relacionada con ese asunto.

Sí Se Puede advierte sobre el riesgo que puede suponer la pérdida "constatada" de patrimonio inmobiliario de uno de los condenados por esa sentencia, el empresario Antonio Plasencia, después de que parte de sus propiedades esté previsto que se compren por el Cabildo de Tenerife (edificio de oficinas en Cabo Llanos) y el Gobierno de Canarias (zona de aparcamiento junto la hospital de la Candelaria, también en Santa Cruz de Tenerife). 

"Esta situación significa una pérdida de garantías para la recuperación de la cantidad que debe ser devuelta al erario público municipal en función de aquella resolución judicial”, explica Arcila.

La importancia de que el Ayuntamiento inste a la ejecución provisional de la sentencia se ilustra con un dato significativo, añade el edil, y es el relativo a la deuda de Antonio Plasencia y su empresa, Promotora Punta Larga, que deben al Ayuntamiento, en concepto de principal e intereses, una cantidad que ya supera los 100 millones de euros.

Por ello, el portavoz de Sí Se Puede presentará una pregunta en el pleno del viernes sobre las razones por las que el grupo de gobierno no le ha entregado el escrito que acredite que el Ayuntamiento ha instado a la ejecución provisional de la sentencia, así como toda la documentación derivada de ello.

Esta documentación es tanto la generada por la representación procesal del Ayuntamiento ante la Audiencia Provincial en el trámite de ejecución provisional como las respuestas correspondientes de este tribunal.

La iniciativa de Arcila se basa en el compromiso de Martínez ante la Comisión de Control de enero a raíz de su comparecencia, solicitada por Sí Se Puede, en la que se ofreció a remitir toda la documentación sobre el trámite de ejecución provisional. 

Sí Se Puede ha pedido que se le remita la información por correo electrónico y, durante estos tres meses, ha acudido a buscarla periódicamente al servicio municipal correspondiente "sin que nos entreguen la documentación solicitada, lo que supone una clara vulneración del derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos previsto en la Constitución", subraya el portavoz.

En la Comisión de Control de enero, Martínez informó de que, después de conocerse la sentencia condenatoria, la Junta Local de Gobierno acordó en mayo de 2017 pedir al juzgado la adopción de medidas cautelares para proteger el interés general y de la hacienda local e instaba a requerir a todos los condenados la designación de los bienes que podían ser usados para la devolución de lo adeudado al Ayuntamiento. 

Igualmente, Martínez indicó que la Junta acordó que, en caso de incumplimiento o si los bienes designados fuesen insuficientes, el Ayuntamiento había previsto solicitar al tribunal el bloqueo o retención de saldos de cuentas bancarias o similares, así como el embargo de bienes muebles o inmuebles.

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