Dos concejales de Arona declararon “anticonstitucional” la sentencia de inhabilitación del alcalde

Los primeros en prestar declaración por el caso del Alcalde Okupa –en el que está imputado por presunta prevaricación la mayoría del pleno municipal del Ayuntamiento tinerfeño de Arona–, los concejales Miguel Ángel Méndez y Marta Melo (de Coalición Canaria), manifestaron este lunes en sede judicial que votaron en contra de que el exalcalde José Alberto González Reverón acatara la ley orgánica que le obligaba a dejar el cargo desde que fue condenado en primera instancia por un delito continuado de prevaricación, porque esa novedad legislativa de espíritu anticorrupción que había entrado en vigor justo antes de las elecciones municipales de 2011 les parecía “anticonstitucional”. Según ambos ediles, esa obligación de dejar el cargo por mandato legal vulneraba la presunción de inocencia del regidor municipal porque su condena no era firme y porque había sido recurrida por considerarla “injusta”.

En total, González Reverón ejerció de alcalde alegal o ilegal entre el 12 junio y el 30 de noviembre de 2012, si bien su causa de incompatibilidad recogida en los artículos 6.2 b y 178 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg) trascendió públicamente durante el mes de agosto de ese año. A partir de ese momento, el ex primer edil aronero, sus 12 concejales de CC y otros dos de la oposición del CAN-CCN hicieron cuanto se les ocurrió para esquivar la obligación legal de cese que afecta automáticamente a los cargos municipales condenados por delitos de corrupción. La crisis institucional que desató esa desobediencia legal y hechos surrealistas como que un pleno derogara municipalmente una ley orgánica, derivaron en una denuncia del Ministerio Fiscal por presunta prevaricación continuada contra los 15 cargos públicos que protagonizaron esa desobediencia (14 de los cuales siguen formando parte de la corporación municipal integrada por 25 concejales).

Los dos imputados que comparecieron ayer ante el juez titular del juzgado número 3 de Arona, ante la fiscal anticorrupción María Farnés y ante el letrado de la acusación particular Felipe Campos, declararon que secundaron dos acuerdos plenarios para “declarar la compatibilidad de José Alberto González Reverón” y evitar así que dejara la alcaldía, porque estaban convencidos de la anticonstitucionalidad de la parte que les incomodaba de la Loreg, paradójicamente, la misma ley que habilita a los elegidos en las urnas para desempeñar cargos públicos.

Cuatro meses de alcaldía ilegal zanjados por la Audiencia Provincial

Esa fue una de las tretas que Marta Melo, Miguel Ángel Méndez y los demás imputados en esta causa llevaron a cabo durante cuatro meses para obviar la obligación de cese del exalcalde. Su desobediencia legal terminó cuando la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ratificó la sentencia de primera instancia y condenó en firme al entonces regidor a una pena de 4,7 años de inhabilitación por haber enchufado a dos trabajadoras municipales en 2003 (una de ellas miembro de la plancha electoral aronera de CC en las pasadas elecciones).

El pronunciamiento de la Audiencia se adelantó varios meses como solución salomónica para zanjar la crisis institucional que protagonizó durante esa etapa el Ayuntamiento de Arona, en la cual se vieron involucrados el fiscal general del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Junta Electoral Central y la Delegación del Gobierno. Además, se involucraron en contra de la permanencia de González Reverón al frente de la Alcaldía los grupos municipales de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos por Arona, así como Izquierda Unida Canaria y su grupo parlamentario, que fue finalmente el que logró la activación de la Fiscalía General del Estado en esta crisis política. Sin embargo, los dos primeros partidos (PSOE y PP), rehusaron participar en la denuncia penal por el presunto delito de prevaricación del alcalde y de los concejales que le apoyaron en su negativa a dejar el cargo.

Desobedecieron la ley escudándose en informes pagados por CC

Los dos concejales admitieron ayer que conocían los pronunciamientos de la Junta Electoral Central y de la secretaria general del Ayuntamiento sobre la causa de incompatibilidad en que incurría el exalcalde de este municipio de Tenerife Sur y sobre su obligación de dejar la alcaldía aunque su sentencia no fuera firme. Pero se escudaron en dos informes externos “encargados por Coalición Canaria” para saltarse la Ley Orgánica de Régimen Electoral y para hacer caso omiso a la Junta Electoral y de la funcionaria encargada de velar por la legalidad consistorial.

Fuentes del caso señalan que ambos ediles afirmaron que esos informes fueron pagados por Coalición Canaria de Arona a través de una derrama de 100 euros de sus concejales, por lo que no parece que fueran sufragados con fondos públicos (como sí ocurre con el pago de abogados de la defensa en varias causas penales que afectan a los gobernantes aroneros).

“Miedo” a responder a la acusación particular

Ambos imputados se negaron a responder a las preguntas de la acusación particular que representa a Ciudadanos por Arona y a Izquierda Unida. El letrado Felipe Campos estima que esa actitud es síntoma de que “temían ser acorralados por mis preguntas y caer en algún renuncio que demostrara su culpabilidad” ya que, en su opinión, “una persona que se cree inocente no tiene ningún problema en argumentar esa inocencia frente a todas las acusaciones”, en sede judicial o donde sea. “Cuando no se atreven, por algo será”, concluye.

La curiosa enfermedad del olvido de Marta Melo

Aunque eludió dar detalles sobre las preguntas formuladas por juez y fiscal, Campos sí ha explicado a Tenerife Ahora que le impresionó “el papel que representó la concejal Marta Melo” durante su comparecencia judicial “aludiendo continuamente a su enfermedad”. “Dijo que le han diagnosticado parkinson, que no oye bien, que se cansa, que no aguantaba estar sentada tanto rato” en la sala y, además, por momentos “casi se desvanecía”, aunque cuando hablaba de lo que le venía bien “mostraba una recuperación asombrosa”. En conjunto, le pareció “un teatro absurdo y exagerado que no se cree nadie”.

Sus enfermedades, comenta el abogado que protagoniza la lucha anticorrupción aronera desde 2006, “no le impidió acordarse de lo que le interesaba durante su declaración, pero curiosamente le hizo olvidar todo lo que no le convenía”. Cuando Tenerife Ahora le planteó que la edil contrajo matrimonio hace dos semanas y que acaba de terminar su luna de miel, el abogado se mostró aún más perplejo con tan “curioso” estado de salud “que afecta solamente a lo que no le gusta”.

Un mes de excusas y pretextos en sede judicial

En cuanto al contenido y consistencia de los argumentos que tanto ella como el otro imputado esgrimieron en su defensa frente a las preguntas del juez y de la fiscal, Felipe Campos indica que “todo fueron pretextos” y que viendo la línea de defensa, está claro que durante este mes en el que tienen que declarar los 15 imputados en este procedimiento “solo oiremos excusas y pretextos”.

Para este martes están citados a declarar en calidad de imputados los ediles Ramón García y Clari Pérez, también de Coalición Canaria. Las comparecencias del resto de imputados de CC y CAN-CCN están previstas entre el 21 y el 29 de julio. La ronda de declaraciones de los testigos, la secretaria general y 10 concejales aroneros de PSOE, PP y Ciudadanos, ha sido fijada para el mes de septiembre.

La declaración más relevante, considera el letrado, “sin duda será la de la secretaria general”, citada como testigo para el mes de septiembre al igual que los 10 concejales de la oposición de PSOE, PP y Ciudadanos por Arona que se ausentaron de las cuatro sesiones que presidió como alcalde alegal José Alberto González Reverón. Aunque resalta que en este proceso, en realidad, los hechos y documentos municipales que acreditan que el exalcalde se negó a entregar su sentencia a la secretaria para que ésta no pudiera informar de su incompatibilidad, o que prueban que no la dejó hablar en pleno cuando la oposición le pidió que aclarara si era o no compatible para presidir los plenos, así como el “rotundo” informe en el que la funcionaria determinó que debía dejar el cargo cuando la oposición le aportó la sentencia condenatoria del alcalde, “están ahí, son claros y hablan por sí solos”.

Probable inhabilitación por una “prevaricación de libro”

“El tema está jurídicamente claro; es una prevaricación de libro”, reseña mientras recuerda que la secretaria había informado que bastaba tomar conocimiento plenario de esa sentencia para el cese del exalcalde, tal y como había ocurrido en el municipio gallego de Val do Dubra. “Y los imputados lo sabían, como quedó claro” en los testimonios de ayer, “pero antepusieron su voluntad a la ley y optaron por actuar a su entera conveniencia en base a informes pagados por ellos mismos ”que no tienen validez jurídica porque sus autores, al contrario que los funcionarios, no tienen ninguna responsabilidad; el papel lo aguanta todo en un informe privado“. El letrado de la acusación particular apunta también que ”por mucho que un catedrático de derecho haga elucubraciones por escrito de que una ley es anticonstitucional, eso no le quita vigencia a esa ley“.

“Sería el fin del Estado de Derecho que un político decidiera si acata o no las leyes por motivaciones e intereses personales”, destaca para concluir que su sensación es que los 15 imputados en el caso del Alcalde Okupa “irán al banquillo” y que entonces “el tribunal decidirá si los condena”, aunque le “sorprendería mucho que no fuera así”, por lo que augura la probable inhabilitación de casi todos los integrantes del pleno de este municipio del Sur de Tenerife de 80.000 habitantes.

¿Dimisión en el grupo de gobierno aronero?

Durante la tarde-noche del lunes empezó a sonar con fuerza en los mentideros municipales que se avecina una dimisión en el grupo de gobierno aronero. Unos apuntan a la edil Marta Melo, que está de baja desde hace aproximadamente un año, y otros a la de Deportes, Mónica Sierra, también imputada en esta causa.