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Blanca Salazar

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Gobernaban Arona contra una sentencia judicial pero la culpa fue de la prensa y la oposición

La secretaria general del Ayuntamiento de Arona informó sobre la incompatibilidad del exalcalde para continuar en el cargo “porque estaba muy presionada por la oposición y por los medios de comunicación”. Este fue uno de los argumentos que esgrimieron este martes en los juzgados aroneros los concejales  Ramón García Hernández y Eva Luz Cabrera (responsables de Obras y Mantenimiento, y de Patrimonio Histórico y Participación Ciudadana, respectivamente) para tratar de defenderse de la imputación por prevaricación continuada que pesa sobre ellos y sobre otros 14 políticos de este municipio del Sur de Tenerife por las tretas que urdieron durante cuatro meses para desobedecer el articulado de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg), que establece el cese automático de los cargos públicos en cuanto son condenados por delitos de corrupción, aunque su sentencia no sea firme.

José Pérez Ventura, uno de los dos abogados personados en representación de Ciudadanos por Arona (CxA) y de Izquierda Unida Canaria (IUC) como acusación popular en el llamado caso del alcalde okupa, explica que las declaraciones de estos dos concejales y las prestadas el lunes por otros dos imputados en esta causa (Marta Melo y Miguel Ángel Méndez) –los cuatro del equipo de gobierno municipal de Coalición Canaria (CC)– “están cortadas con la misma tijera; son prácticamente idénticas”.

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Dos concejales de Arona declararon "anticonstitucional" la sentencia de inhabilitación del alcalde

Los primeros en prestar declaración por el caso del Alcalde Okupa –en el que está imputado por presunta prevaricación la mayoría del pleno municipal del Ayuntamiento tinerfeño de Arona–, los concejales Miguel Ángel Méndez y Marta Melo (de Coalición Canaria), manifestaron este lunes en sede judicial que votaron en contra de que el exalcalde José Alberto González Reverón acatara la ley orgánica que le obligaba a dejar el cargo desde que fue condenado en primera instancia por un delito continuado de prevaricación, porque esa novedad legislativa de espíritu anticorrupción que había entrado en vigor justo antes de las elecciones municipales de 2011 les parecía "anticonstitucional". Según ambos ediles, esa obligación de dejar el cargo por mandato legal vulneraba la presunción de inocencia del regidor municipal porque su condena no era firme y porque había sido recurrida por considerarla "injusta".

En total, González Reverón ejerció de alcalde alegal o ilegal entre el 12 junio y el 30 de noviembre de 2012, si bien su causa de incompatibilidad recogida en los artículos 6.2 b y 178 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg) trascendió públicamente durante el mes de agosto de ese año. A partir de ese momento, el ex primer edil aronero, sus 12 concejales de CC y otros dos de la oposición del CAN-CCN hicieron cuanto se les ocurrió para esquivar la obligación legal de cese que afecta automáticamente a los cargos municipales condenados por delitos de corrupción. La crisis institucional que desató esa desobediencia legal y hechos surrealistas como que un pleno derogara municipalmente una ley orgánica, derivaron en una denuncia del Ministerio Fiscal por presunta prevaricación continuada contra los 15 cargos públicos que protagonizaron esa desobediencia (14 de los cuales siguen formando parte de la corporación municipal integrada por 25 concejales).

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Comienza la ronda de declaraciones de los 15 imputados del caso del Alcalde Okupa

Los concejales del Ayuntamiento de Arona Marta Melo y Miguel Ánguel Méndez, ambos de Coalición Canaria (CC), serán los encargados de abrir la ronda de declaraciones del denominado caso Alcalde Okupa, en el que están imputados de un delito de prevaricación continuada 15 políticos de este municipio del Sur de Tenerife por las artimañas que realizaron durante cuatro meses para intentar evitar que el exalcalde del municipio (José Alberto González Reverón) dejara el sillón de mando consistorial tras incurrir en causa de incompatibilidad tras ser condenado en primera instancia a una pena de inhabilitación de 4,7 años por el enchufe de dos trabajadoras.

Marta Melo, concejal de Vivienda y de Zona Oeste (Los Cristianos y Playa de Las Américas) lleva de baja más de un año, casi desde que el exalcalde fue obligado a dejar el cargo al ser ratificada su condena por prevaricación continuada desde la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Así todo, ha protagonizado recientemente un escándalo: a pesar de estar de baja ha seguido usando su teléfono móvil institucional y ha cargado a las arcas públicas con facturas desorbitadas por sus llamadas. La edila contrajo matrimonio recientemente y la semana pasada se encontraba de luna de miel.

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Una vecina asegura haber descubierto una cueva sepulcral con más de 700 momias guanches en el Sur de Tenerife

Carmen Dolores González Francisco, una entusiasta aficionada a la naturaleza, la etnografía y historia de las Islas Canarias, asegura que ha descubierto una cueva funeraria que contiene más de 700 momias guanches, así como multitud de textos en pieles y lajas de piedra, dibujos rupestres, lanzas, vasijas con semillas y numerosos utensilios de este pueblo aborigen de las Islas Canarias, todo ello en magnífico estado de conservación.

Sitúa este insólito hallazgo cuyo origen se remontaría a antes de la conquista hispánica del Archipiélago (siglo XVI) en el Paisaje Protegido de Ifonche, municipio de Adeje, en el Sur de Tenerife.

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Resucita otra mega causa de corrupción urbanística en el sur de Tenerife: Arona 2

El ayuntamiento tinerfeño de Arona está pujando fuerte por hacerse con el récord estatal de escándalos de corrupción. La cantidad y nivel de competidores complica bastante el triunfo en ese ranking, pero los políticos y técnicos de este municipio del Sur de Tenerife se están aplicando a conciencia: el caso Arona 2, que va ya por 22 imputados de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, está a punto de salir de su letargo para unirse a otras ocho mega querellas y causas que protagonizan los gobernantes municipales y ediles de la oposición aronera de los tres últimos mandatos.

Esta mega querella estrechamente ligada al Plan General de Ordenación (PGO) anulado el mes pasado y al caso Arona 1 (pendiente de fecha para juicio) incluye entre sus imputados a la diputada del Partido Popular Águeda Fumero y al consejero de Innovación Tecnológica del Cabildo de Tenerife Antonio Miguel Marichal (a punto de ser proclamado candidato de CC a la Alcaldía aronera para las elecciones municipales de 2015).

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Al borde de la inhabilitación 15 de los 25 concejales del Ayuntamiento de Arona

Sin terminar de digerir la anulación del Plan General de Ordenación vigente en Arona, el ayuntamiento de uno de los principales municipios turísticos de Tenerife está temblando ya por otra sacudida judicial: el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona ha remitido ya las citaciones a los quince imputados del conocido como caso del alcalde okupa, consistente en burlar entre todos una sentencia que condenaba al ya exalcalde, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, a dejar el cargo tras ser condenado a cuatro años y medio de inhabilitación por haber enchufado a dos trabajadoras en la corporación.

La situación de burla a la sentencia se alargó durante cuatro meses de alcaldía ilegal que vivió este municipio del Sur de Tenerife entre agosto y noviembre de 2012 por las tretas urdidas por los quince imputados para intentar evitar que González Reverón acatara el cese por incompatibilidad tras su condena por prevaricación.

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El abogado Felipe Campos asegura que la sentencia que ha anulado el PGO “es firme”

La burbuja inmobiliaria de Arona ha terminado de saltar por los aires: su gallina de los ladrillos de oro ha muerto intoxicada de ilegalidad. La última sentencia contra el Plan General de Ordenación (PGO) “es firme”, aseguró ayer el abogado Felipe Campos, autor del recurso que ha tumbado el planeamiento ante el TSJC por ocho motivos distintos de nulidad, durante la rueda de prensa que ofreció junto al concejal denunciante del documento, José Antonio Reverón (de Ciudadanos por Arona). Los incumplimientos de normativa autonómica del documento, afirmó Campos, “no admiten recurso de casación ante el Tribunal Supremo”, con lo que “por mucho que el Gobierno de Canarias maree la perdiz”, esta sentencia “ha puesto punto final” a este controvertido Plan. Por tanto, Arona pasará a estar regida en breve por su planeamiento de 1987 “mientras inicia un nuevo planeamiento desde cero”.

En cuanto al plazo que llevará sacar adelante una nueva ordenación territorial para este municipio turístico, residencial y agrícola de 80.000 habitantes, dijo que “si se actúa dentro de la senda de la legalidad, podría aprobarse un nuevo Plan en dos años”. Los planeamientos que tardan muchos más años en aprobarse, aseveró, “es que fallan legalmente”. La única salida del municipio, reiteró, es recobrar la seguridad jurídica, meta que confió a la toma de conciencia del empresariado aronero, al que dirigió varios llamamientos para que presionen en pro de un nuevo Plan que cumpla la Ley. “Todos los que han luchado por defender el actual han hecho un esfuerzo baldío”.

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Las licencias urbanísticas ilegales exponen a miles de vecinos de Arona al pago de cargas millonarias

Los centenares de licencias ilegales concedidas durante las dos últimas décadas por los responsables políticos del Ayuntamiento de Arona (la mayoría a partir del año 2000, a cargo de CC, CCN-CAN y PP) empiezan a pasar factura a la población: los propietarios de miles de viviendas y locales construidos al amparo de esas autorizaciones ilegales tendrán que asumir cargas urbanísticas, costear cesiones de suelo y hasta devolver al consistorio el dinero público ilegalmente gastado en su entorno. La mayoría de estos afectados por licencias tóxicas ignora la que se les viene encima, pues adquirieron sus pisos, garajes y locales a promotores creyendo que todo era legal. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de este municipio del Sur de Tenerife queda expuesto al pago de indemnizaciones millonarias por la nulidad de esas licencias repartidas entre los núcleos de Valle San Lorenzo, Cruz del Guanche, Guaza, La Camella, Buzanada, El Bebedero, Las Galletas, La Estrella, La Rosa, El Fraile y Guargacho. En total, la problemática de las unidades de actuación aroneras afecta a unos 700.000 metros cuadrados de suelo. Así se desprende de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha tumbado el Plan General de Ordenación vigente en Arona desde finales de 2011 por ocho motivos distintos de nulidad, uno de ellos, la arbitrariedad en la reclasificación urbanística de los ámbitos calificados como unidad de actuación en el planeamiento de 1987. Los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento aronero y del Gobierno de Canarias intentaron solucionar el descalabro urbanístico generado con esas licencias ilegales a través del Plan General de Ordenación (PGO) vigente, por ejemplo, recalificando las unidades de actuación ilegalmente desarrolladas como suelo urbano consolidado. Pero no ha colado. La citada sentencia señala al respecto que “los propietarios de suelo urbano incluidos en unidades de actuación por el planeamiento anterior, no pueden ser excluidos de dichas unidades por el planificador con ocasión de la revisión del planeamiento, aunque hubieran obtenido licencia y hubieran edificado sus parcelas y éstas cuenten con servicios urbanísticos, porque no han participado en todas las cargas urbanísticas previstas para el ámbito en el que de manera natural se incluyen y de cuyos servicios están en disposición de disfrutar”.Revisión y anulación de licencias Las licencias concedidas sin condicionar el derecho al cumplimiento de los deberes urbanísticos, “deberán ser revisadas”, puntualiza la sentencia. “Siendo el cumplimiento de estos deberes un requisito esencial para la adquisición del derecho, las mismas pueden ser revisadas mediante la acción de nulidad”, concreta abriendo la puerta al pago de indemnizaciones a los afectados de esas licencias (ya que algunas se concedieron de forma condicionada al pago de dichas cargas cuando se ejecutaran esos ámbitos, pero otras no dicen nada de tal condición). Además de dejar clara la inviabilidad de categorizar como suelo urbano consolidado parcelas en las que no se ha gestionado la unidad de actuación y en las que no se acredita que los propietarios hayan participado en el proceso urbanizador, la sentencia recoge que esas recalificaciones parecen haber beneficiado “incluso a viviendas sin licencia” (construcciones clandestinas). Entre las irregularidades detectadas, el auto del TSJC menciona también que en varias unidades de actuación el PGO anulado incorpora irregularmente suelo que no era urbano en el planeamiento anterior, que se aumenta la edificabilidad por encima de lo permitido y que se reduce la superficie destinada a espacios libres.Licencias ilegales y corrupción urbanística La concesión masiva de licencias ilegales en unidades de actuación es parte del denominado Caso Arona 1, causa en la que 17 gobernantes y exgobernantes municipales, técnicos, una jefa de Policía Local y un cabo de la Guardia Civil se reparten acusaciones de delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Uno de los testigos clave de esa megacausa de corrupción relató y aportó pruebas del cobro de comisiones urbanísticas que se repartían el aparejador, el arquitecto jefe, el secretario general y políticos de la Junta de Gobierno a cuenta de la concesión de licencias ilegales en unidades de actuación no gestionadas. Las actas de las Juntas de Gobierno aportadas como pruebas principales de esa causa que está pendiente de que la Audiencia Provincial tinerfeña fije fecha para juicio dejan claro que las licencias edificatorias en unidad de actuación se concedían a unos sí y a otros no, así como que determinados promotores tenían gran facilidad para beneficiarse de esos permisos edificatorios ilegales. La primera sentencia que anuló este PGO en septiembre del año pasado por carecer de evaluación de impacto ambiental (recurrida por el Gobierno de Canarias ante el Tribunal Supremo) fue desencadenada precisamente por un vecino al que intentaron endosarle prácticamente todas las cesiones de suelo de una unidad de actuación que había sido edificada en su mayor parte por un conocido promotor. La bomba de relojería de las unidades de actuación de este municipio del Sur de Tenerife saltó por primera vez después de las elecciones de 2011, cuando el Ayuntamiento reclamó 1.200.000 euros a un centenar de vecinos de Valle San Lorenzo en concepto de cargas urbanísticas. La mayoría no sabía ni que tenía propiedades en una unidad de actuación. La algarabía de algunos afectados logró paralizar los cobros, pero el problema sigue sin solucionarse.Hoy, rueda de prensa El concejal de la oposición y el abogado que han tumbado el Plan General de Arona en el TSJC por ocho motivos de nulidad –José Antonio Reverón, de Ciudadanos por Arona, y el abogado Felipe Campos, respectivamente–, han convocado rueda de prensa de valoración de la sentencia a las 11.30 horas de hoy en el Hotel Reverón Plaza (Los Cristianos). La misma es abierta al público. Entre quienes han confirmado asistencia, varios empresarios señalan que, además de entender la situación urbanística del municipio, van a intentar abrir debate sobre las opciones que hay para solucionar la parálisis urbanística de este municipio de 80.000 habitantes que lleva casi una década saltando por los aires por el estallido de su inmensa burbuja inmobiliaria.

Mientras, los responsables municipales y del Gobierno de Canarias siguen actuando como si la anulación del PGO no fuera con ellos y como si no pasara nada.

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El Tribunal Superior tumba el PGO de Arona por ocho motivos distintos de nulidad

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tumbado el Plan General de Ordenación (PGO) vigente en Arona, municipio del Sur de Tenerife, tras concluir que incurre en ocho motivos de nulidad diferentes. Tales incumplimientos guardan relación tanto con la tramitación como con la ordenación territorial de este controvertido planeamiento que empezó a tramitarse en 1997 y fue aprobado el 15 de julio de 2011 por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

Esta demoledora sentencia que deja por los suelos al Ayuntamiento aronero y al Gobierno de Canarias da la razón al concejal de la oposición José Antonio Reverón (de Ciudadanos por Arona) y al letrado Felipe Campos en la mayoría de las causas de nulidad que alegaron en el recurso con el que, aparte de tumbar el documento, querían probar que es un PGO plagado corrupción.

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