Al borde de la inhabilitación 15 de los 25 concejales del Ayuntamiento de Arona
Sin terminar de digerir la anulación del Plan General de Ordenación vigente en Arona, el ayuntamiento de uno de los principales municipios turísticos de Tenerife está temblando ya por otra sacudida judicial: el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona ha remitido ya las citaciones a los quince imputados del conocido como caso del alcalde okupa, consistente en burlar entre todos una sentencia que condenaba al ya exalcalde, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, a dejar el cargo tras ser condenado a cuatro años y medio de inhabilitación por haber enchufado a dos trabajadoras en la corporación.
La situación de burla a la sentencia se alargó durante cuatro meses de alcaldía ilegal que vivió este municipio del Sur de Tenerife entre agosto y noviembre de 2012 por las tretas urdidas por los quince imputados para intentar evitar que González Reverón acatara el cese por incompatibilidad tras su condena por prevaricación.
En concreto, están a punto de ser citados en calidad de imputados el actual alcalde aronero, Francisco Niño, el exalcalde inhabilitado José Alberto González Reverón, doce de los trece concejales de Coalición Canaria (se salva solo la concejala que sustituyó al exalcalde inhabilitado) y los dos ediles del CAN-CCN. Los demás integrantes de la corporación municipal (seis concejales de PSOE, cuatro de PP y uno de Ciudadanos por Arona), así como la secretaria general del Ayuntamiento, comparecerán en calidad de testigos. Al parecer ninguno de ellos ha recibido aún la notificación, aunque la noticia del estallido de esta causa está corriendo como la pólvora por el consistorio.
Abrirán la ronda de declaraciones judiciales el próximo 30 de junio el alcalde y el exalcalde, mientras que el resto de imputados se sentará ante el juez durante el mes de julio. Los testigos prestarán declaración en septiembre. Si este procedimiento acabara en condena, sería inhabilitada por incompatibilidad para el ejercicio de cargo público casi toda la corporación municipal.
El caso del alcalde okupa se encuadra en una de las etapas más surrealistas y rocambolescas tanto de Arona como de la historia democrática del país. José Alberto González Reverón fue condenado a cuatro años y medio de inhabilitación en junio de 2012 por enchufar a dos trabajadoras (una de ellas la número 14 de su plancha electoral de las últimas elecciones). Recurrió la sentencia y siguió gobernando como si nada grave hubiera ocurrido. Pocas semanas después, en agosto, comenzó a trascender que una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) hacía incompatible que los condenados por delitos contra la administración pública pudieran continuar en el cargo desde la sentencia de primera instancia, aunque no fuera firme.
Pero los ahora imputados interpretaron la ley a su manera y acordaron en un pleno que no acatarían la obligación de cese automático recogido en la LOREG para los condenados por delitos de corrupción “por ser anticonstitucional y violar los derechos fundamentales del alcalde”.
Para los quince políticos municipales que van camino del banquillo como imputados por presunta prevaricación (adoptar resoluciones injustas a sabiendas), esa causa de incompatibilidad legal que entró en vigor justo antes de las elecciones de 2011 en base al pacto antiterrorismo de PP y PSOE y a una cuña anticorrupción de última hora de UPyD, era “manifiestamente injusta” porque la condena que afectaba al entonces alcalde aún no era firme y porque la mayoría absoluta que había sacado en las urnas (13 de 25 actas de concejal) le legitimaba para continuar en el cargo.
Tretas y argumentos contra el cese del exalcalde
Por ello, como recoge la denuncia firmada por la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, pusieron todas las trabas posibles para mantener oculta la sentencia condenatoria del alcalde y evitar que la secretaria general del Ayuntamiento de Arona pudiera informar sobre su incompatibilidad legal para seguir ejerciendo el cargo.
Cuando la oposición de PP, CxA y PP consiguió hacerse con la sentencia y la secretaria confirmó que González Reverón tenía que dejar la Alcaldía, los quince querellados ignoraron su informe y embistieron contra ella. También ignoraron los pronunciamientos de obligatoriedad de acatar el cese que fueron emitidos desde Madrid por la Junta Electoral Central.
Los responsables de esa etapa de alcalde al margen de la legalidad fundamentaron la negativa del pleno del Ayuntamiento de Arona a acatar la parte incómoda de la misma Ley Electoral que les legitima para ejercer como cargos públicos electos en dos informes externos de pago encargados a un catedrático catalán y a un letrado tinerfeño.
La crisis democrática instaurada en Arona llevó incluso a que el grupo parlamentario de Izquierda Unida tomara cartas en el asunto dirigiendo al fiscal general del Estado un escrito de denuncia y petición de auxilio democrático en favor de este municipio del Sur de Tenerife caracterizado desde 2007 por los escándalos de corrupción (en realidad desde mucho antes de 2007, pero ese año comenzó el estallido de las megacausas penales contra políticos y técnicos municipales).
Aunque IU no tiene representación en este Ayuntamiento, la denuncia fue preparada por José Pérez Ventura y presentada por el diputado Gaspar Llamazares en respuesta al llamamiento realizado desde el Harismo, movimiento anticorrupción del municipio. La reacción del fiscal general fue inmediata: contactó en cuestión de días con la fiscal jefe provincial tinerfeña y activó definitivamente el semáforo rojo anticorrupción en Arona.
La Audiencia Provincial zanja la crisis
A pesar de todo ello, el exalcalde y los catorce concejales ahora nominados penalmente se mantuvieron en sus trece. Fue tal el estupor del aparato judicial autonómico y estatal, de la prensa y de buena parte de la ciudadanía al encarar un Ayuntamiento dirigido por un alcalde ilegal, que se optó por una solución de emergencia: adelantar varios meses el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sobre el recurso que había presentado González Reverón contra su condena por enchufe.
El veredicto de la Audiencia Provincial logró poner fin a esa esperpéntica etapa política: desestimó el recurso del entonces alcalde y dio firmeza a la condena y a su pena de cuatro años y seis meses de inhabilitación. Solo entonces acató su cese, aunque públicamente lo llamó “dimisión”. Eso sí, tras verter públicamente un arsenal de críticas contra la Justicia y contra sus denunciantes. En su opinión y en la de sus seguidores (el denominado bertismo), su líder está siendo víctima “de una persecución”.
Los únicos sancionados hasta ahora por ese desplante a la legalidad en materia de corrupción, han sido los concejales de la oposición de CxA, PP y PSOE que se negaron a tener un alcalde ilegal: la secretaria general del Ayuntamiento se negó a pagarles las dietas de los cuatro plenos que abandonaron durante esa etapa.
Los imputados de Coalición Canaria son el actual alcalde, Francisco Niño; el exalcalde, José Alberto González Reverón, y los concejales Antonio Sosa Carballo, María Candelaria Padrón, Marta Melo, Carmelo García, Marcos Esquivel, Manuel Reverón, Ramón García, Eva Luz Cabrera, Miguel Ángel Méndez, Clara Pérez y Mónica Sierra. Del Centro de Arona-Centro Canario Nacionalista, Manuel Barrios y José Antonio Fuentes.
Entre los imputados hay tres políticos que han ocupado la alcaldía, el actual titular, Francisco Niño, el polémico González Reverón y Manuel Barrios, alcalde con el PSOE entre 1983 y 1995, hoy en el Centro Canario Nacionalista.
