El abogado Felipe Campos asegura que la sentencia que ha anulado el PGO “es firme”
La burbuja inmobiliaria de Arona ha terminado de saltar por los aires: su gallina de los ladrillos de oro ha muerto intoxicada de ilegalidad. La última sentencia contra el Plan General de Ordenación (PGO) “es firme”, aseguró ayer el abogado Felipe Campos, autor del recurso que ha tumbado el planeamiento ante el TSJC por ocho motivos distintos de nulidad, durante la rueda de prensa que ofreció junto al concejal denunciante del documento, José Antonio Reverón (de Ciudadanos por Arona). Los incumplimientos de normativa autonómica del documento, afirmó Campos, “no admiten recurso de casación ante el Tribunal Supremo”, con lo que “por mucho que el Gobierno de Canarias maree la perdiz”, esta sentencia “ha puesto punto final” a este controvertido Plan. Por tanto, Arona pasará a estar regida en breve por su planeamiento de 1987 “mientras inicia un nuevo planeamiento desde cero”.
En cuanto al plazo que llevará sacar adelante una nueva ordenación territorial para este municipio turístico, residencial y agrícola de 80.000 habitantes, dijo que “si se actúa dentro de la senda de la legalidad, podría aprobarse un nuevo Plan en dos años”. Los planeamientos que tardan muchos más años en aprobarse, aseveró, “es que fallan legalmente”. La única salida del municipio, reiteró, es recobrar la seguridad jurídica, meta que confió a la toma de conciencia del empresariado aronero, al que dirigió varios llamamientos para que presionen en pro de un nuevo Plan que cumpla la Ley. “Todos los que han luchado por defender el actual han hecho un esfuerzo baldío”.
El Gobierno de Canarias recurrió el año pasado ante el Tribunal Supremo la primera sentencia de anulación del PGO con el respaldo del Ayuntamiento de Arona (ambos capitaneados por CC, en el primer caso en pacto con el PSC-PSOE). Sus responsables políticos defendieron que aunque este planeamiento fuera “un yogur caducado”, el de 1987 era peor. Pero según Campos, ahora ya no queda más remedio que volver a ese planeamiento del siglo pasado y empezar a redactar un Plan totalmente nuevo. El motivo de que no se pueda salvar casi nada del Plan vigente desde 2011“es que el TSJC ha emitido otras 16 sentencias que lo anulan total o parcialmente”, reveló el abogado.
Dimisiones y guiño de Reverón a Podemos
“Esperemos que la ciudadanía aronera valore el daño causado y no permita que los responsables de todo esto vuelvan a ocupar cargos públicos”, añadió José Antonio Reverón, el concejal de Ciudadanos por Arona (CxA) que impugnó el documento ante los tribunales en el marco de la lucha anticorrupción que emprendió en 2003. El edil de la oposición incidió en la necesidad de que políticos, ciudadanos y empresarios se den cuenta de que para salvar Arona es imprescindible retornar a la senda de la legalidad. “Podemos salvar Arona, claro que podemos”, dijo al final de su intervención en un claro guiño al movimiento ciudadano que pugna por acabar con las castas políticas y con sus manejos en pro del interés general.
El edil comenzó su intervención con palabras de apoyo a todos los que le han prestado ayuda durante la larga y difícil travesía que ha tenido que sufrir hasta demostrar que tenía razón: el abogado Felipe Campos, sus excompañeros del PSOE aronero “expulsados del grupo municipal socialista por atreverse a denunciar la corrupción”, los integrantes y simpatizantes de su actual partido (Ciudadanos por Arona), Sí se Puede, Izquierda Unida y el Harismo (movimiento de risastencia anticorrupción). También agradeció el apoyo de los periodistas que han dado cobertura a sus denuncias “a pesar de las presiones de los poderosos” afectados por las mismas.
“Siempre pensamos que lo de Arona era grave”, pero resultó ser “un infierno”, dijo en alusión a las críticas y “persecución” emprendida estos años por quienes querían “que nada cambiara”. “El clientelismo, la corrupción y la especulación han traído graves consecuencias y nos han perjudicado a todos”, concluyó poniendo sus esperanzas en que lo ocurrido valga al menos “para tomar conciencia de que ese no es el camino”.
El Gobierno canario admite motivos de nulidad
Campos, por su parte, puso en la diana de sus críticas al Gobierno de Canarias: “Es impresentable que los mismos que dieron el visto bueno a la entrada en vigor de este Plan me dieran la razón en muchos de los motivos de nulidad que planteé en el recurso”. También criticó a los políticos municipales y autonómicos que han defendido a capa y espada este documento “arbitrario, injusto y lleno de ilegalidades” y que, aún después de saber que era inservible y que caería en los tribunales, siguieron defendiéndolo y atacando a sus detractores “solo para sacarse la foto”. “La clase política montó en un caballo de Troya cabalgando enloquecida hacia no se sabe dónde, y se ha pegado el tortazo”, comentó el abogado.
En cuanto al equipo redactor del PGO anulado (encabezado por Jorge Coderch), recalcó que lo ocurrido demuestra una vez más que documentos de tal importancia no deberían correr a cargo de técnicos externos a la administración, ya que ni siquiera tienen responsabilidades ante fracasos como el que ha condenado al urbanismo aronero.
Llamamiento empresarial
El abogado se mostró poco esperanzado con el sistema político y con que la conciencia de voto de la ciudadanía permita un cambio de timón en ese sentido. Pero se mostró esperanzado con el papel que pueden jugar los empresarios en el retorno a la legalidad urbanística aronera. “Los empresarios son los primeros interesados en que esto cambie”, pues son “los primeros que han perdido” apoyando un Plan sin garantías jurídicas.
Eso sí, aunque muy crítico, Felipe Campos fue mucho más moderado que de costumbre. Concluyó que la sentencia que ha terminado de invalidar el PGO “cierra el círculo con el Caso Arona”, saga de causas penales que arrancó junto a José Antonio Reverón y al exportavoz socialista Paco García Santamaría por la concesión masiva de licencias urbanísticas ilegales. Además de los 17 acusados pendientes de ir a juicio en el Caso Arona 1, recordó que en el Arona 2 están imputados, entre otros, todos los concejales de CC, CAN-CCN y PP que votaron a favor de la aprobación y entrada en vigor del plan finalmente anulado, incluida la diputada popular Águeda Fumero. Agregó que aportará esta sentencia urbanística al Caso Arona y que, probablemente, complicará la situación de los acusados e imputados.
Pero, a diferencia de lo que nos tiene acostumbrados, en la rueda de prensa de ayer, Campos no citó términos como “corrupción” ni metáforas tipo “la Marbella canaria”. Y al plantearle la extrañeza ante su moderación, hasta diluyó la gravedad extrema de la corrupción aronera indicando que “aunque se presuponga que si hay ilegalidades es porque algo hay por detrás”, en realidad “es un problema general” del país que en el caso del municipio aronero se ha hecho más patente por acciones inusuales como la de haber presentado un recurso global contra la nulidad del documento, “algo que no se suele hacer”.
Entre los motivos de nulidad del PGO, mencionó la incorporación de modificaciones sustanciales después de su aprobación definitiva, la omisión de trámites de información pública, la ubicación de alrededor de un millón de suelo para equipamientos y espacios libres en suelos protegidos, la reclasificación de unidades de actuación no gestionadas o el incumplimiento de los ratios mínimos de viviendas de promoción pública.
