Resucita otra mega causa de corrupción urbanística en el sur de Tenerife: Arona 2

El ayuntamiento tinerfeño de Arona está pujando fuerte por hacerse con el récord estatal de escándalos de corrupción. La cantidad y nivel de competidores complica bastante el triunfo en ese ranking, pero los políticos y técnicos de este municipio del Sur de Tenerife se están aplicando a conciencia: el caso Arona 2, que va ya por 22 imputados de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, está a punto de salir de su letargo para unirse a otras ocho mega querellas y causas que protagonizan los gobernantes municipales y ediles de la oposición aronera de los tres últimos mandatos.

Esta mega querella estrechamente ligada al Plan General de Ordenación (PGO) anulado el mes pasado y al caso Arona 1 (pendiente de fecha para juicio) incluye entre sus imputados a la diputada del Partido Popular Águeda Fumero y al consejero de Innovación Tecnológica del Cabildo de Tenerife Antonio Miguel Marichal (a punto de ser proclamado candidato de CC a la Alcaldía aronera para las elecciones municipales de 2015).

Citación de nuevos imputados y testigos

En representación del bloque anticorrupción liderado por Ciudadanos por Arona, el abogado Felipe Campos instó el martes por escrito al titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Arona a realizar varias diligencias probatorias que incluyen, entre otras propuestas, la citación en calidad de imputados de dos ex secretarios generales del Ayuntamiento (Cristian Marcelino Represas y Javier García Doncel) y del redactor del PGO tumbado hace unas semanas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por ocho motivos distintos de nulidad que coinciden en gran medida con los presuntos delitos que se investigan en el Caso Arona 2).

Además, Campos ha propuesto la citación en calidad de testigos de cinco funcionarios de este Ayuntamiento: las dos responsables del servicio jurídico de Urbanismo, Manuela Melo y Carmen Ana Díaz ; la jefe de Recursos Humanos, Carmen Teresa Hernández; el coordinador del Plan de Modernización, Juan Pedro García y, por último, el arquitecto Damián García.

Falsificación documental y grabaciones sobre pelotazos

En ese escrito Campos plantea en primer lugar “fijar el objeto” de este complejo procedimiento penal que aúna cinco denuncias presentadas ante Fiscalía entre 2008 y 2011 por presuntos delitos relacionados con el controvertido urbanismo de este municipio turístico, residencial y agrícola.

Al parecer, la instrucción del caso Arona 2 se había centrado solo en una de las denuncias (la relativa a la aprobación plenaria del PGO) y había pasado por alto la parte de la causa referida a la presunta falsificación documental del planeamiento urbanístico aprobado en pleno, así como la relativa a las grabaciones en las que se oye al entonces alcalde y al redactor del PGO reconociendo irregularidades y pelotazos en el planeamiento que intentaban aprobar.

Asimismo, parece que en esta instrucción también se habían obviado las denuncias contra las argucias desarrolladas por los gobernantes y técnicos municipales para seguir concediendo licencias al margen de la legalidad a pesar de que ya estaba en marcha una investigación judicial por esa práctica (el caso Arona 1, que arrancó a principios de 2007).

Para poner la instrucción al día, además de las nuevas imputaciones y testificales, el letrado de la acusación particular ha requerido la aportación documental de expedientes de licencias urbanísticas “que no han sido aportadas a la presente causa” a pesar de formar parte de la misma.

Aparte de todo ello, está buscando una parte de esta causa a la que ha perdido la pista: la denuncia de un pelotazo relativo a la recalificación de 152.000 metros cuadrados de suelo rústico..

¿El motivo de semejante desbarajuste en esta instrucción penal?

Por una parte, la saturación de los juzgados aroneros (uno de los más atascados del país) y la inestabilidad de su plantilla: por esta instrucción que arrancó en 2008-2009 han pasado ya al menos tres magistrados y tres fiscales. Por otra parte, la complejidad de esta causa que incluye una parte escindida del caso Arona 1 (mega querella que fue dividida en dos para evitar que se eternizara su instrucción) y cinco denuncias de Felipe Campos y José Antonio Reverón (concejal de Ciudadanos por Arona). Influye también que están imputados gobernantes de dos mandatos distintos (los siete integrantes de la Junta Local de Gobierno de 2003-2007 –de CC, PP y CAN-CCN–, y los siete de 2007-2011, todos de CC), así como concejales dos partidos de la oposición (PP y CAN-CCN). Algunos acumulan imputaciones como gobernantes de dos mandatos distintos y otros como gobernantes en la primera etapa y como ediles de la oposición en la segunda etapa política investigada en este caso.

Además, ha complicado esta investigación el elevado número de empresarios aludidos en las licencias concedidas con informes jurídicos desfavorables (a mediados de 2012 declararon ocho titulares de licencias, pero faltarían varios más). Sin olvidar que forma parte de estas diligencias previas también el inmenso Plan General que comenzó a tramitarse en Arona en 1997, que se rehizo entre 1999-2003, que volvió a rehacerse de nuevo entre 2003-2006 y que, una vez aprobado definitivamente en pleno, sufrió transformaciones secretas hasta su nueva aprobación definitiva en diciembre de 2012 (con lo que no es de extrañar que se hayan emitido en su contra 16 sentencias de nulidad tanto totales como parciales).

Un año de atasco por la imputación de una aforada

Y lo que más ha demorado esta instrucción, aparte de las tácticas de dilación de la defensa de los imputados, ha sido la presencia de una aforada entre los imputados. Desde que en noviembre de 2012 fue citada a declarar la diputada Águeda Fumero por haber apoyado la entrada en vigor de un PGO con indicios de ilegalidad cuando era concejal de la oposición, este caso quedó estancado. Ella impugnó la citación alegando que le correspondía comparecer ante el Tribunal Supremo, el magistrado instructor aprovechó ese fuero para intentar deshacerse de esta complicada causa enviándola íntegra al Alto Tribunal; la fiscal y el abogado Felipe Campos recurrieron esa decisión y el Supremo les dio la razón indicando que no era razonable enviar toda la instrucción a Madrid cuando la aforada solo estaba implicada en una cuarta parte de la causa. La abogada de los imputados recurrió sin éxito para intentar que la instrucción se llevara a cabo fuera de la Isla (lo que hubiera imposibilitado la presencia de acusación particular) y, desde entonces (marzo de 2013), el caso Arona 2 no había vuelto a dar señales de vida.

Fuentes judiciales apuntan que al fin está despertando y que está previsto que haya citaciones de imputados y testigos durante el próximo mes de octubre. Con lo cual, teniendo en cuenta las otras causas protagonizadas por responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de Arona, toca un calendario judicial de lo más apretado para ello.

Calendario judicial de los políticos aroneros

Resumiendo ese calendario, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife está pendiente de fijar fecha para el mega juicio del caso Arona 1, que aglutina a 16 acusados de delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, malversación, extorsión, tráfico de influencias y prevaricación (entre ellos, ocho imputados de CC, PP y CAN-CCN, el exarquitecto jefe y un exaparejador del área de Urbanismo). Uno de los acusados, Antonio Sosa, aún forma parte del gobierno aronero de Coalición Canaria y está compitiendo por ser candidato a la alcaldía.

Durante el presente mes de julio han sido citados a declarar 15 políticos municipales imputados por prevaricación en el caso del Alcalde Okupa por las tretas que urdieron entre agosto y noviembre de 2012 para mantener en la Alcaldía a un alcalde que incurría en causa de incompatibilidad a raíz de una condena de inhabilitación (las imputaciones que pueden derivar en la inhabilitación de la mayoría del pleno aronero aluden al actual alcalde, al exalcalde y a 11 ediles del grupo de gobierno de CC, así como a dos de la oposición del CAN-CCN). En esta causa también han sido citados en calidad de testigos los 10 ediles de la oposición de PSOE, PP y CxA, así como la secretaria general del Ayuntamiento.

También está previsto que entre este mes y septiembre presten declaración en calidad de imputados el exalcalde, el anterior y el actual concejal de Urbanismo por el caso Relinche (permitir la construcción de un chalé en suelo rústico bajo licencia para una cuadra de caballos) y por el caso Capitel (reapertura irregular de un pub mientras los tribunales investigaban su licencia de actividad a raíz de una denuncia vecinal).

A todo ello se unen el caso Arona 3 (de tal magnitud que el fiscal ha planteado dividirlo en cinco causas), el caso Arona 4 (centrado en el gasto presuntamente ilegal de casi 100 millones de euros de dinero público durante la última década, 15 de los cuales fueron gastados el pasado 2013), el caso Enchufe 2 (imputado el exalcalde inhabilitado en el caso Enchufe 1) y varias causas más cuyo contenido no ha trascendido aún. Según un documento emitido por los juzgados aroneros al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, el exalcalde José Alberto González Reverón está acusado e imputado en nueve causas penales distintas.