La Fiscalía rebaja la petición de penas por el retraso en la investigación del caso Las Huertas
La Fiscalía y los dos abogados de la acusación particular han solicitado este viernes una rebaja en las condenas que se piden para Mauricio Hayek, exasesor legal de la Junta de Compensación de Las Teresitas, y los tres exdirectivos de la misma: el expresidente, Jerónimo Delgado; el extesorero, Clemente Martín, y el exsecretario , Álvaro Fernaud.
Esa rebaja se debe al largo tiempo transcurrido desde que se inició la causa en 2008, durante la investigación judicial del caso Las Teresitas, aunque han mantenido los delitos de los que acusan a los cuatro inculpados: apropiación indebida y falsedad de documento público.
Para Hayek solicitan cinco años de cárcel y la devolución de dos millones de euros, frente a los ocho años que pedían en sus conclusiones provisionales. Para Delgado y Martín, tres años de cárcel, además de una responsabilidad civil de 126.212 euros, cada uno, en vez de cinco años y medio de prisión, y para Fernaud, la petición de condena es de dos años de cárcel, en lugar de los iniciales cuatro años y medio.
Al cabo de cinco días de vista oral, el abogado experto en Urbanismo Mauricio Hayek es el eje central sobre quien gira el resto de las acusaciones. Es quien más beneficio “ilícito” habría obtenido de la venta en 1998 de todo el parcelario de Las Teresitas a Inversiones Las Teresitas, en detrimento de los propietarios de fincas en Valle Las Huertas y Montaña Morera, en la trasera de la playa de Santa Cruz de Tenerife, cuyos terrenos fueron traspasados sin que vieran un céntimo o por cantidades con las que nunca estuvieron de acuerdo. Las acusaciones estiman que se dejaron de repartir más de 800 millones de pesetas.
Según el fiscal Serrano-Jover, Mauricio Hayek percibió de la Junta de Compensación un 6% de la venta (330 millones de pesetas),porcentaje que nunca fue aprobado la Asamblea General de la Junta y que coincide con el certificado que firmó el exsecretario, aunque lo redactó el propio exasesor.
También era propietario de terrenos, como el 30 por ciento de las fincas compradas a Urbanizadora Santaella, de la que formaba parte, a la mercantil Mar Terre, de la que era accionista (167 millones de
pesetas), junto con 700 acciones de la sociedad Playa de las Teresitas. Todas estas acciones, según las acusaciones, parecen infladas, con mayor valor de las acciones del resto de propietarios.
La Junta de Delegados, cuyos cargos no conllevaban honorario alguno, estableció unas gratificaciones para sus miembros del 1 por ciento de la venta, 55 millones de pesetas, lo que el fiscal mantiene que pudo ser un acuerdo entre Hayek y los acusados Jerónimo Delgado y Clemente Martín a cambio de su 6% de beneficios.
Igualmente se estableció una provisión de fondos de 330 millones de pesetas que quedaron en poder del ex asesor legal, quien también cobró de varios propietarios diversos procedimientos judiciales que las acusaciones entienden que deberían haber quedado incluidos en ese 6%.
Para los abogados Pedro Fernández Arcila y Mario Machado, Mauricio Hayek se atribuyó beneficios distintos a los pactados y aumentó el coeficiente de participación en la Junta de Compensación por las fincas de Mar Terre vendidas a Inversiones Las Teresitas.
Además, la familia Santaella, que fue la que vendió esas fincas a Mar Terre, aseguró en la vista oral que no había percibido cantidad alguna por esa transacción, que sería de 60 millones de pesetas para las acusaciones y de 200 millones de pesetas para el defensor de Hayek, el abogado Pedro Revilla.
“Los informes de la Fiscalía son erróneos”
Todos estos argumentos fueron rebatidos por el defensor de Hayek, quien sostuvo que se habían incluido acusaciones que no estaban en el escrito inicial de la Fiscalía. Sin embargo, su principal alegato fue que la acusación de la Fiscalía se basa en un informe de la Policía Judicial, que a su vez se basó en un informe de hacienda, que son erróneos.
Para Revilla Melián, el informe de Hacienda se apoyó en el proceso de reparcelación de 1989, pero sin contar con las expropiaciones que llevó a cabo el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en años anteriores. Algunos expropiados, dijo, recibieron su justiprecio (“y ahora pretenden beneficiarse de la plusvalía”), y otros fueron revertidos de nuevo a la Junta de Compensación por no haber dinero para pagarles.
Esas expropiaciones no fueron tenidas en cuenta y en el coeficiente de participación de los beneficios de la venta se incluyeron parcelas sin derecho a cobro, como la batería militar.
Añadió que hay 17 propietarios que si han recibido sus plusvalías: son los 17 cheques depositados en la Gerencia de Urbanismo municipal, que no han sido cobrados por sus titulares, según se vio en la vista, porque muchos de ellos no habían tenido noticia de la existencia de los mismos.
Así, entre unas cosas y otras “se llega a esa suma de 800 millones de pesetas que las acusaciones dicen que los propietarios no han cobrado. Como mucho, si ha habido un perjuicio económico sería de 20 millones de pesetas”.
En cuanto al porcentaje para Hayek del 6% de la venta de los terrenos, Revilla sostuvo que se trataba de los honorarios de su cliente como experto en Urbanismo, y no por llevar a cabo pleitos de los integrantes de la Junta de Compensación, “y, en todo caso, ese porcentaje no fue impugnado en la vía civil”.
El abogado defensor de Jerónimo Delgado defendió su derecho a cobrar su parte del 1 por ciento de los beneficios de la venta de los terrenos por lo arduo de su trabajo como presidente de la Junta de Compensación, y recordó que ese porcentaje se estableció en 1987, nueve años antes de que él fuese elegido presidente.
La defensa del extesorero Clemente Martín, el abogado José Ababol, cargó toda la responsabilidad en Mauricio Hayek, que asesoró mal a su cliente. “Siempre pensó que todo se había hecho de forma correcta. Fue engañado por Hayek, porque no tenía la formación suficiente para llevar a cabo la contabilidad de una Junta de Compensación con 180 propietarios”, recalcó.
El mayor engaño, dijo, “fue decirle que seguía representando a la Junta, cuando tras la venta, fue Inversiones Las Teresitas la que se subrogó todas las obligaciones”. En cuanto al cobro de una gratificación, lo justificó en su labor de registro de cada cheque se firmaba, hasta un total de 34 millones de euros.
Por último,el abogado del exsecretario Álvaro Fernaud, al que solo se le acusado de falsedad documental, recordó que éste no es funcionario público y que los cambios de titularidad de diversas fincas, que dejaron de estar a nombre de sus propietarios para estarlo a nombre de Inversiones Las Teresitas, fueron llevados a cabo por otra persona, antecesora en el cargo.
