El TSJC pospone que el empresario Antonio Plasencia reponga el estado del vertedero de Las Rosas
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha ordenado al empresario, Antonio Plasencia, que proceda a la reposición a su estado anterior del vertedero ilegal de Las Rosas situado en el Barranco de Badajoz en Güímar. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aceptado la propuesta de Plasencia de posponer esta medida hasta que los tribunales emitan un fallo firme sobre el contencioso. En el informe se recoge que la superficie afectada abarca 30.000 metros cuadrados y tiene 60 metros de profundidad. Además, la actividad se inició en el año 1991 y se procedió al precinto en 2006.
La Sala considera que el retraso de la restauración de la cantera no produce una perturbación grave del interés general, al haberse clausurado el vertedero ilegal sin que jamás se haya procedido a la reparación del daño ambiental. Pero además, dos de los tres magistrados consideran que no hay pruebas claras de que Plasencia sea el autor de la infracción. Ambos jueces recuerdan que el suelo fue cedido a petición del Ayuntamiento y que hubo negociaciones con el Cabildo de Tenerife para incluir al vertedero en el Plan Insular de Residuos. Los magistrados creen que por ahora no aparece con claridad la autoría del empresario.
Sin embargo, otro de los jueces, Helmuth Moya, discrepa de este parecer y ha emitido un voto particular. En concreto, recuerda que Plasencia era el titular de la cantera, que los vertidos se realizaron con sus consentimiento y que tenía un evidente interés en esta actividad. Y ello es así en cuanto que con estos materiales inertes podía proceder a realizar la restauración del área, tal y como se le había ordenado.
“Entre los partícipes de la infracción administrativa no parece forzado incluir al dueño del terreno que cede éste con expresa finalidad de obtener un beneficio. Esta conducta supone una cooperación necesaria para la comisión de la infracción”, indica el juez discrepante. El hecho de que se hayan producido vertidos distintos a los autorizados, tal y como Plasencia denunció en su momento, “no puede desdibujar el hecho principal de que sí se consistieron”.
Existe cierta confusión sobre el permiso. Al parecer se obtuvo en el año 1994 una autorización para restaurar una cantera mediante estos materiales pero no hay constancia de que se autorizara un proyecto concreto de restauración, por lo que a falta de que se demuestre lo contario estos vertidos son ilegales. Moya también recuerda que el empresario fue titular de la actividad minera que originó la “devastación” en el lugar y que tenía la obligación de restaurar la cantera.
Pero lo cierto es que durante años las autoridades toleraron la extracción de áridos en el Valle de Güímar por lo que no se sabe en qué momento pudo haber prescrito la obligación de restaurar la cantera. En cualquier caso el magistrado considera probado que Plasencia tuvo participación en estos vertidos “y la obligación de reparar esta situación no prescribe según la ley de residuos”.
Discrepa Moya también en cuanto a que la suspensión de la orden de reponer esta cantera no vaya en contra del interés general, y de hecho cree que lo defendido por los demás magistrados “refleja una total confusión de conceptos”. Y es que el juez discrepante mantiene que no es cierto que ordenar la reparación de este enclave haga perder la finalidad al proceso judicial que se tramita en el Juzgado número 4 de lo contencioso de Santa Cruz de Tenerife. Por el contrario, sostiene que existe la necesidad de una inmediata ejecución de la restauración y de un evidente interés general en la protección del medio ambiente.
“La pasividad con la que las distintas administraciones han actuado durante años frente a las extracciones en el Valle de Güímar es un hecho notorio. En el caso que nos ocupa es manifiesto que ni se ha velado por que el promotor de la cantera cumpliera con su obligación de restauración de terreno, ni se han tramitado los distintos expedientes sancionadores de manera diligente”. Para este juez la degradación de este enclave es tan evidente y grave que es necesaria una intervención y cree intolerable que no se haya producido con anterioridad.
El magistrado recuerda que Plasencia es propietario de una de las mayores constructoras de la isla y por lo tanto no tiene dificultades económicas para asumir el coste de esta actuación. Además, en principio se trata tan sólo de un proyecto de restauración, por lo que los posibles prejuicios serían claramente indemnizables.
