Está ya acreditado suficientemente que en muchos ayuntamientos canarios los acontecimientos judiciales relacionados de cerca o de lejos con la corrupción están causando parálisis. Es cierto, ya saben, que el pánico se ha instalado de tal modo en esas administraciones que aflora de manera excesiva en forma de desconfianza entre políticos y funcionarios. Pero de la natural preocupación que ha de tomarse siempre ante cualquier expediente administrativo se aprovechan algunos funcionarios irresponsables, que de repente se niegan a informar y gestionar los asuntos por eso de “como están los juzgados”. Y donde deben informar reconociendo legítimos intereses del administrados, echan pelotas fuera y demoran y dilatan indebidamente sin que haya responsable alguno que ponga las cosas en un grado mínimo de normalidad.