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Denuncia contra un concejal y la Guardia Civil

EL LÍDER DE LA FORTALEZA DE SANTA LUCÍA MANEJA GRABACIONES AJENAS A UN PROCESO JUDICIAL

Mientras en Agüimes empuran a varios de sus policías locales, un poco más al sur se sospecha de juego sucio por parte de algunos agentes de la Guardia Civil en connivencia con un concejal que acaba de salir elegido. El de La For

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Mientras en Agüimes empuran a varios de sus policías locales, un poco más al sur se sospecha de juego sucio por parte de algunos agentes de la Guardia Civil en connivencia con un concejal que acaba de salir elegido. El de La Fortaleza, aliado con CC en Santa Lucía de Tirajana, anda encantado al saber del reparto entre determinados medios informativos de grabaciones de supuestas conversaciones telefónicas realizadas al alcalde de la localidad, Silverio Matos, de Nueva Canarias. Las filtraciones vienen acompañadas de jugosas explicaciones que se refieren a que tales grabaciones fueron realizadas por la Guardia Civil en el marco de una investigación que se sigue en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana dentro del llamado caso Palmera. Cualquiera que haya escuchado las grabaciones y leídos los textos de regocijo de quienes las han divulgado, enseguida se echa las manos a la cabeza. En primer lugar porque, hasta donde nosotros sabemos, las conversaciones de imputados y sospechosos ajenas al proceso judicial tienen que ser destruidas por la Guardia Civil con la supervisión judicial, y estas que se están filtrando nada tienen que ver con el proceso: son conversaciones privadas que nada aportan a lo que se está investigando. Además, en el sumario sólo puede haber transcripciones, lo que nos lleva a sospechar de inmediato que los audios que se están filtrando a determinada prensa no han salido de los juzgados, sino de la Guardia Civil, y así lo consideran los afectados, que anuncian una querella contra el instituto armado para estos próximos días, cuando esta locura postelectoral haya pasado. No acudieron en su momento a la Junta Electoral porque consideraron que no estaban ante una infracción cualquiera sino ante un presunto delito de violación de la intimidad, de la privacidad de las comunicaciones, de los derechos fundamentales y revelación de secretos.

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