No están siendo buenas semanas estas para el fiscal jefe provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, que acumula a ese cargo el de portavoz del Ministerio Público en Canarias, vocal del Consejo Fiscal y miembro destacado de la conservadora Asociación de Fiscales de ámbito nacional. Esta asociación ha protagonizado la segunda metedura de pata, quizás cometida a mayor gloria de los descarados intentos de algunos por glorificar las estrategias políticas del PP. Se lanzó hace unos días a calificar de “injerencia intolerable” la decisión del Gobierno de haber llamado al Consejo de Ministros al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para actuar en relación con el plante de los controladores aéreos. Tras participar en Zaragoza en una cumbre de fiscales jefes, donde no hubo queja alguna a las instrucciones recibidas, la asociación de la que fue portavoz García-Panasco lanzó sus acusaciones, contestadas por la Fiscalía General con una simple invocación al artículo 9.2 del capítulo IV del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: “El fiscal general del Estado informará al Gobierno, cuando éste lo intereses y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia. En casos excepcionales podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros”.