De este modo, parece más que razonable que todos, o casi todos, tengamos la mosca detrás de la oreja ante la más que errática deriva que tomó el Gobierno de España desde que, hace meses, se supo que se reducía en 65 millones la partida presupuestaria para el descuento en viajes aéreos y marítimos para los ciudadanos residentes en territorios no peninsulares. No hay concreción, hay balbuceos; hablan de fraude, pero los datos que se aportan son verdaderamente ridículos; señalan como sospechosos a los que viajan con frecuencia, e incluso anuncian que los ponen en cuarentena, a ver qué va a ser eso de moverse libremente en un país supuestamente libre; se les escapan intenciones, como la de modificar el procedimiento por el que se otorga el descuento, como fijar una cantidad por trayecto y no un porcentaje sobre el precio del billete? En fin, una auténtica menestra de excusas, de idas y de venidas de las que solo cabe deducir dos cosas confirmadas: 1) que tratan de reducir permanentemente ese coste en los Presupuestos Generales del Estado, y 2) que desde que el Gobierno fue descubierto en ese afán, solo hemos pagado las consecuencias los isleños, que tenemos que sacarnos un certificado de empadronamiento para poder viajar y pasar a ser sospechosos de fraude.