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La Fiscalía denuncia a dos concejales de Ciuca y PSOE de Mogán por favorecer a un despacho de abogados

Remite al decanato de San Bartolomé de Tirajana una posible prevaricación administrativa continuada de Mencey Navarro (Ciuca), Artemi Artiles (PSOE) y el secretario David Chao, por fraccionar contratos al socio del primero

El ayuntamiento presidido por Onalia Bueno ha contratado hasta dieciséis veces al socio de su primer teniente de alcalde con importes inferiores a 18.000 euros

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Onalia Bueno y Mencey Navarro en un pleno del Ayuntamiento de Mogán

Onalia Bueno y Mencey Navarro en un pleno del Ayuntamiento de Mogán ALEJANDRO RAMOS

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha formulado denuncia contra dos concejales del Ayuntamiento de Mogán, el primer teniente de alcalde y concejal de Asesoría Jurídica, Mencey Navarro (Ciuca), y el de Hacienda y Contratación, Artemi Artiles, secretario general del PSOE en este municipio del sur de Gran Canaria, así como contra el secretario accidental, David Chao, por la presunta comisión de un delito de prevaricación continuada al contratar para la defensa jurídica del ayuntamiento al despacho de abogados del socio de Navarro.

La denuncia, presentada por la funcionaria Patricia Hernández, jefa de los servicios jurídicos, y los concejales de la oposición Isabel Santiago (NC), Domingo Rodríguez (ex Ciuca) y Maicol Santana (PP), señala el fraccionamiento de contratos con el despacho del socio de Navarro, Miguel Ángel Rodríguez Ceballos, contratado por el ayuntamiento presidido por Onalia Bueno hasta dieciséis veces, siempre con cantidades inferiores a 18.000 euros, para esquivar la Ley de Contratos.

En un decreto fechado el 4 de junio, el fiscal Manuel Santos remite al decanato de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana esa denuncia por la posible existencia de ese delito continuado, según los artículos 74 y 404 del Código Penal, ya que el ayuntamiento debió celebrar un contrato global de asistencia jurídica para todos sus pleitos, y no pagar cada uno de ellos de manera individualizada. De haber sido así, el consistorio se hubiese visto en la obligación de sacar a concurso el contrato.

En su decreto, el fiscal explica que la denuncia fue presentada el 6 de octubre del año pasado, también por otro vecino de Mogán llamado Ramón Trujillo (conocido como El Perraya), y en la misma se apuntaba también como posibles infractores al coordinador del ayuntamiento, Salvador Álvarez, y al propio socio del primer teniente de alcalde. Sin embargo, la Fiscalía no ha apreciado delitos sobre estos.

Los contratos fraccionados para eludir la ley se formalizaron entre noviembre de 2015 y marzo de 2017, aprecia el ministerio público, con adjudicaciones mediante decreto “a través de la figura del contrato menor, y a sabiendas de su ilegalidad”. Indica el fiscal que los dos concejales “con el único objetivo de favorecer a Miguel Rodríguez Ceballos, menospreciaron la unidad funcional y de objeto existentes entre los contratos, que globalmente considerados, superaban los 18.000 euros”.

En su denuncia, el fiscal aclara que “la defensa jurídica de un ayuntamiento no puede considerarse como un contrato a celebrar para cada uno de los juicios que tenga el ayuntamiento sino que, conforme a lo señalado en el Informe 30/12 de la Junta Consultiva de Contratación de la Administración del Estado, tal defensa es una unidad funcional que exige la celebración de un contrato único, más aún cuando todos los contratos menores se están adjudicando al mismo letrado”.

“Para más inri –continúa-, se da la circunstancia de que Mencey Navarro Romero tiene relación personal y profesional con Miguel Rodríguez Ceballos, participando en la adjudicación de contratos a favor del mismo, infringiendo el deber de abstención establecido en el artículo 23.2 de la Ley  40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, con el sólo objeto ya mencionado de beneficiar a esta persona”.

Por contra, el fiscal no ve delito de coacciones y acoso laboral contra Patricia Hernández por parte de su superior Salvador Álvarez León y del propio Mencey Navarro, cuando aquella se opuso a la formalización de esos contratos menores continuados. Tampoco aprecia malversación de caudales públicos, porque los servicios de asistencia jurídica realmente se prestaron, ni tráfico de influencias, fraude, omisión del deber de perseguir delitos, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

La denuncia se centra exclusivamente en los dos concejales y el secretario, y por prevaricación continuada, “sin perjuicio de que los denunciantes pueden acudir al juzgado de instrucción para formular nuevamente denuncia por los hechos aquí tratados u otros nuevos”, aclara el fiscal.

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