La Fiscalía pide al técnico de Hacienda que descubrió “la Gürtel canaria” que detalle la trama en una denuncia formal
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha instado al técnico de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) que cree haber descubierto “la Gürtel canaria” a formalizar su denuncia “en el momento que considere oportuno” ante el propio Ministerio Público o ante un juzgado y a detallar en la misma los nombres de las empresas y políticos implicados. El subinspector de Hacienda I.F. afirmó este miércoles, antes de su declaración como perito en un juicio por delito fiscal contra varios empresarios y autónomos, que había recibido presiones desde el momento en el que comunicó a sus superiores el resultado de sus investigaciones en torno a una presunta trama fraudulenta para la creación de una bolsa de dinero negro supuestamente destinada al pago de comisiones a partidos políticos a cambio de adjudicaciones de obra pública en el Archipiélago.
Fuentes oficiales del Ministerio Público han confirmado a Canarias Ahora que el subinspector de Hacienda trasladó esa misma información con anterioridad tanto a la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, como al representante de la Abogacía del Estado personado en la causa donde se realizó la sorprendente revelación. Fue en una reunión celebrada la pasada semana, unos días antes del inicio de la vista oral y, según las mismas fuentes, después de que las acusaciones hubieran alcanzado un acuerdo con cinco de los siete procesados en el procedimiento por delito fiscal para que confesaran los hechos y lograran así una reducción en las penas solicitadas, que oscilaban entre los seis y los nueve años de cárcel por tres delitos contra la hacienda pública.
La portavoz de la Fiscalía de Las Palmas ha calificado los hechos transmitidos por el técnico de Hacienda en esa entrevista de “genéricos”, carentes de concreción. Entiende, por ello, que con el escenario planteado era materialmente imposible incoar diligencias de investigación de oficio. “No podemos hacer una caza de brujas, lo tenemos totalmente prohibido”, ha aseverado la representante del Ministerio Público, que ha incidido en que la jueza de lo penal sugirió al perito la misma alternativa, interponer una denuncia por unos hechos que, en su opinión, no tienen “nada que ver” con los que se continúan enjuiciando.
La Fiscalía sitúa así la pelota en el tejado del técnico de Hacienda, que en su declaración previa ante la jueza explicó que contaba con “multitud de indicios” para acreditar su denuncia, pero prefería evitar dar nombres para no dificultar futuras investigaciones.
El entramado descrito por el subinspector sitúa en la cúspide de la trama a grandes constructoras adjudicatarias de contratos públicos, vincula los sobrecostes de las obras con el pago de comisiones y concede un papel clave a las subcontratas, empresas intermediarias encargadas de generar esa bolsa de dinero negro a través de facturas falsas elaboradas por unos terceros, los moduleros, autónomos que tributan cantidades invariables, según unos determinados parámetros e independientemente de lo que facturen a lo largo de un ejercicio.
El objetivo, siempre según la tesis del técnico de Hacienda, es lograr dinero en efectivo con el que satisfacer las mordidas y escapar del control de la Agencia Tributaria sin dejar rastro. La mecánica descrita comienza con un pago de las adjudicatarias a las subcontratas por supuestos modificados del proyecto original que suponen un incremento en el presupuesto. A partir de este punto se desarrolla la trama que ya ha podido ser demostrada en el juicio que se celebra esta semana en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria tras el reconocimiento de los hechos de la mayoría de los encausados, entre ellos de Cristóbal Ortega, administrador y socio único de la constructora del mismo nombre. Esta empresa es la que se interpone entre las grandes constructoras y los moduleros (albañiles, carpinteros, electricistas…), a los que factura por trabajos no realizados. La operación no conlleva, en principio, ninguna repercusión fiscal para los moduleros, que además se llevan una comisión de entre un 10 y un 12% de la factura, abonada mediante talón, por prestarse al ardid.
La clave de la operación se halla en la cantidad restante, en ese 88% o 90% facturado por terceros pero no abonado por la entidad intermedia, en este caso Cristóbal Ortega Construcciones, cuyo administrador se queda con esos fondos retirados de sus cuentas supuestamente para pagar en efectivo a los moduleros. La acusación, ejercida por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, se ha detenido en este punto y no ha investigado el destino de esa bolsa de dinero en B. Sostiene que el objetivo de Cristóbal Ortega era, simplemente, eludir el pago del Impuesto de Sociedades haciendo pasar por gastos deducibles esas facturas falsas.
El técnico de Hacienda, por el contrario, sostiene que hay que ir más allá e investigar si se ha producido, en este y otros casos que ha analizado, un desvío de esos fondos al pago de comisiones a políticos o partidos con responsabilidades en la adjudicación de obra pública. I.F. afirma tener “multitud de indicios” que apuntan en esta dirección.
Sin denuncia o informe a la Agencia Tributaria
Cuestionada por las manifestaciones realizadas por el técnico de Hacienda este miércoles ante la jueza, la delegación de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) en Canarias se ha limitado a señalar que no ha habido ninguna denuncia o informe por parte del funcionario en relación con esas presiones para paralizar sus pesquisas sobre la trama de comisiones ilegales y facturas falsas ni tampoco sobre los hechos o indicios a los que hizo referencia el subinspector en la declaración previa ante la sala en su condición de perito.
