La acusación particular en el caso Kokorev pide hasta nueve años de cárcel por blanqueo de capitales
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), que ejerce como acusación particular en el llamado caso Kokorev, ha pedido penas de entre seis y nueve años de cárcel para los integrantes de una supuesta trama de blanqueo de capitales con origen en las comisiones obtenidas a partir de contratos “clandestinos y corruptos” de tráfico de armas con el Gobierno de Guinea Ecuatorial. La APDHE, que formuló la querella que dio origen a la causa, ha reclamado, como ya hiciera la Fiscalía Anticorrupción, la apertura de juicio oral.
Este colectivo pide una pena de nueve años de prisión y una multa de 240 millones de euros para el considerado cabecilla del clan, el ciudadano ruso Vladimir Kokorev, afincado en Las Palmas de Gran Canaria. Para su mujer, Yulia Maleeva, y para su hijo Igar Kokorev solicita seis años de cárcel y una multa de 150 millones de euros para cada uno.
También figuran como investigado el conocido abogado grancanario Juan Arencibia, para quien la acusación particular pide cinco años y medio de prisión y la inhabilitación para ejercer como asesor fiscal durante tres años y como intermediario en el sector financiero durante cinco, además de una multa de cien millones de euros. Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, Arencibia maquinó el entramado societario que permitió desviar los fondos ilícitos a través de empresas pantallas radicadas en paraísos fiscales. Para ello se habría ayudado de sus hermanas Margarita y María Luisa, para quien la asociación también solicita penas de cinco años y medio de prisión y multas de diez millones de euros para cada una.
La APDHE reclama, además, el embargo de todos los bienes inmobiliarios y cuentas bancarias de los acusados y de las entidades usadas por los mismos en el entramado societario, por constituir los mismos objetos del delito de blanqueo de capitales.
Vladimir Kokorev, junto con el resto de acusados de su familia, generó presuntamente unos rendimientos económicos derivados de la actividad ilegal de compraventa de material de defensa y doble uso con cargo al sobrecoste imputado al Tesoro Público de Guinea Ecuatorial por importe de 112 millones de euros que habrían acabado por embolsarse distintos dignatarios y miembros del Gobierno de ese país, conforme a sus denuncias, según el comunicado recogido por la agencia Efe.
Dicho importe, según la asociación, fue desviado con la única intención de ocultar el ilícito origen del dinero y dar una apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas, durante los años 2005 a 2013.
La APDHE afirma además que para su propósito ilícito contaron con la ayuda de altos funcionarios del estamento militar de Guinea Ecuatorial: Fausto Abeso Fuma, Melchor Esono Edjo, Agustín Ndong Ona Mbuy, Hassan Khalil, Hashem, y Luciano Esono Bitegue Ate, enumera la nota.
Los acusados supuestamente utilizaron una estructura societaria, con más de cuarenta y cinco sociedades controladas por ellos, a fin de dificultar el rastreo del dinero, su origen y la última y primera titularidad del mismo.
Además, se ampararon en paraísos fiscales a fin de dificultar la trazabilidad del dinero y la titularidad real de las sociedades, con el fin de blanquear el capital ilícitamente obtenido a través de dicho circuito económico, que destinaron a adquirir un cuantioso patrimonio inmobiliario.
Dicho patrimonio se generó entre los años 1999 y 2015 y su valor asciende a la cantidad de 91,5 millones de euros, si bien el de las adquisiciones inmobiliarias en España por parte de los acusados o de las sociedades instrumentales que emplearon asciende a la cantidad de 28,4 millones de euros, siempre según la acusación ejercida por APDHE.
Para la organización, España no puede convertirse en un “paraíso fiscal” para blanquear dinero procedente del saqueo de las arcas públicas de un país, y más aún cuando se trata de uno cuyo índice de pobreza e ingresos de la población son deficitarios.
De igual modo, confía en que las autoridades españolas establezcan mecanismos para que estos bienes sean devueltos a sus legítimos dueños, el pueblo de Guinea Ecuatorial.
La APDHE agradece en el comunicado a Open Society Justice Initiative su contribución a los fondos de la asociación que ha permitido mantener viva esta investigación durante más de una década, y que finalmente culmina con “éxito, poniendo de manifiesto los mecanismos de lavado de dinero empleados por el régimen de Guinea Ecuatorial”, sentencia.
El empresario Vladimir Kokorev niega que él, su esposa Yulia Maleeva e hijo Igor Kokorev hayan sobornado o pagado comisiones a parientes y asesores del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, para facilitar la venta de armas a ese país a precios superiores a los reales.
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