Caso Kokorev: Anticorrupción pide penas de hasta ocho años de cárcel y más de 650 millones de euros en multas

El caso Kokorev, listo para juicio.

La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado viernes su escrito de acusación en el denominado caso Kokorev, una presunta trama de blanqueo de capitales con origen en las comisiones obtenidas a través de contratos "corruptos y clandestinos" de compraventa de armas y material militar con el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, presidido desde 1979 por Teodoro Obiang.

El rastro del dinero en el caso Kokorev: del tráfico de armas con Guinea Ecuatorial a un patrimonio inmobiliario de más de 70 millones

El rastro del dinero en el caso Kokorev: del tráfico de armas con Guinea Ecuatorial a un patrimonio inmobiliario de más de 70 millones

El Ministerio Público solicita para los seis investigados penas que oscilan entre los cinco y los ocho años de prisión, además de multas que suman 657 millones de euros. En un extenso informe de más de 500 folios, el fiscal Javier Ródenas desgrana las actuaciones presuntamente delictivas ejecutadas por el clan entre 1999 y 2014 para generar "una riqueza ilícita" que cuantifica en 120 millones. 

Anticorrupción considera a Vladimir Kokorev, un ciudadano ruso afincado en Las Palmas de Gran Canaria, el jefe de una "organización criminal transnacional" que se lucró de las arcas públicas del país centroafricano a través del comercio ilícito de armas y material militar de doble uso durante el proceso de creación de las fuerzas navales en Guinea Ecuatorial. Actividades "jamás declaradas y siempre ocultadas" para las que se sirvió de varias empresas radicadas en Panamá y de la connivencia de altos mandatarios militares del Ejecutivo de Obiang. A esos contratos, que se enmascaraban bajo otros conceptos, se les imputaba, según el relato de la Fiscalía, un "notorio sobrecoste y facturación" que después se repartían los miembros del clan mediante comisiones desviadas a empresas pantalla y cuentas personales.

La acusación describe en su conclusión primera, de 337 folios, la compleja operativa de blanqueo llevada a cabo por la familia Kokorev. Para Vladimir, el líder de la presunta trama, solicita ocho años de cárcel, la inhabilitación para ejercer en empresas marítimas, de intermediación, consignación o inmobiliarias durante al menos siete, y una multa de 240 millones de euros al considerarlo autor material de múltiples delitos de blanqueo de capitales. Su mujer, Julia, y su hijo, Igor, se enfrentan a seis años de cárcel y 150 millones de multa para cada uno por su participación en los hechos descritos en el informe de calificación.

La acusación también se dirige contra Juan Arencibia, un conocido abogado y asesor financiero grancanario que fue contratado por Kokorev en 2004 y que urdió, según Anticorrupción, el complejo entramado de empresas pantalla para diluir el rastro del dinero de las operaciones bajo sospecha. Para él pide cinco años y medio de cárcel, la inhabilitación para ejercer durante tres años como asesor fiscal y durante cinco como intermediario del sector financiero y una multa de 100 millones de euros. También solicita una pena de cinco años y un mes de prisión y multas de 10 y 7 millones de euros, respectivamente, para las hermanas de Juan Arencibia, Margarita y María Luisa, por la labor que, en opinión de la Fiscalía, ejercieron para transformar los fondos obtenidos a través de esas operaciones de blanqueo en patrimonio inmobiliario valorado en más de 70 millones de euros.

Anticorrupción basa su acusación, principalmente, en una extensa prueba documental no solo de las operaciones financieras, sino también de archivos informáticos (hasta 76) incautados en los registros domiciliarios. Debido a la complejidad de la causa, el informe incorpora para cada una de las actuaciones susceptibles de ser valoradas como delictivas una nota al pie con la referencia de los documentos que acreditarían esos hechos. En total, incorpora unas 570 notas. La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), personada como perjudicada y autora de la querella inicial, también está ultimando su escrito de calificación que prevé presentar a finales de esta semana, según ha reconocido uno de sus portavoces a este periódico.

Fin a doce años de instrucción

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, puso fin el pasado 18 de mayo a la fase de investigación, iniciada en 2009 a través de un auto que transformaba las diligencias previas en procedimiento abreviado. Lo hizo después de que el fiscal anticorrupción Javier Ródenas, que sustituyó en la causa a Luis del Río cuando este fue nombrado fiscal superior de Canarias, elevase un detallado informe en el que consideraba que ya había indicios sólidos para abrir juicio oral contra el clan Kokorev.

La causa se ha instruido en Las Palmas de Gran Canaria por ser en esta ciudad donde reside Vladimir Kokorev y donde tenía depositadas las cuentas y la titularidad de algunas de las empresas investigadas. La querella inicial fue presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Una subcomisión del Senado de los Estados Unidos había detectado transferencias por un importe de 26,4 millones de euros desde la denominada cuenta del petróleo del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial en el Banco Riggs de Nueva York a la empresa Kalunga, propiedad de la familia Kokorev, con cuenta en la sucursal del Banco Santander en la calle Franchy Roca de la capital. 

Vladimir Kokorev, Julia e Igor fueron detenidos en septiembre de 2015 en Panamá después de que se dictase contra ellos una orden internacional de busca y captura. Pasaron un mes en la cárcel de la Joya, en el país centroamericano, y posteriormente fueron trasladados hacia Gran Canaria. El presunto cabecilla de la trama, que será defendido por el afamado abogado madrileño José Antonio Choclán, permaneció en prisión hasta enero de 2018. En los últimos tiempos, la familia ha denunciado irregularidades en la investigación y ha afirmado que los contratos rubricados con el gobierno de Obiang eran operaciones legales vinculadas a la actividad naval de las empresas de su propiedad. 

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