El caso Kokorev, listo para juicio por el presunto blanqueo de más de cien millones de euros

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, ha dado por finalizada la investigación sobre el caso Kokorev, una presunta trama de blanqueo de capitales con origen en las comisiones obtenidas a través de los contratos de compraventa de armas y material militar de doble uso con el Gobierno de Guinea Ecuatorial. Tal y como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción a través de un extenso informe de 147 páginas, la jueza ha dictado el auto que transforma las diligencias previas abiertas en 2009 en procedimiento abreviado, la antesala del juicio oral, al apreciar indicios suficientes para juzgar por ese delito a la familia Kokorev (el matrimonio formado por Vladimir y Julia y su hijo Igor); al conocido abogado y asesor financiero Juan Arencibia y a sus hermanas Margarita y María Luisa Arencibia, por su colaboración en los hechos.

La Fiscalía dispone ahora de un plazo de diez días para formular la acusación contra los investigados. A partir de ese momento, se dictará el auto de apertura de juicio oral y se remitirán las actuaciones a la Audiencia Provincial para el señalamiento de la vista.

En el auto difundido este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la magistrada concluye que hay “múltiples evidencias informáticas y documentales” que revelan una actividad ilícita por parte del clan en unas operaciones, ejecutadas entre 1999 y 2011, que reportaron a sus miembros unas ganancias de alrededor de 109 millones de euros. En ese periodo se suscribieron contratos por un valor global de 450 millones de euros entre empresas controladas por Vladimir Kokorev y el Gobierno de Guinea Ecuatorial.

Según recogía el informe de Anticorrupción que asume la jueza instructora, Kokorev actuó en connivencia con funcionarios y militares de alto rango del país centroafricano, varios de ellos familiares del presidente Teodoro Obiang, para la venta ilegal de armas y material militar de doble uso. A esos contratos le imputaban un sobrecoste de entre el 30 y el 40% que después se repartían en comisiones. Para lograr su propósito, los investigados constituyeron un complejo entramado societario, con más de 45 empresas, para introducir en el cauce legal el dinero obtenido de forma presuntamente clandestina y corrupta.

El auto de apertura de procedimiento abreviado subraya que Kokorev se sirvió de la participación “fundamental y decisiva” de Juan Arencibia, que fue contratado por el ciudadano ruso en 2004 para que le asesora. Según la magistrada, el abogado canario “ideó” el entramado de sociedades instrumentales para desdibujar el rastro de las comisiones obtenidas a través de los contratos de venta de buqes militares, helicópteros, ametralladoras o munición a través de la intermediación de las empresas de Kokorev.

Los “indicios incriminatorios”

El informe de la Fiscalía Anticorrupción recoge el contenido de un DVD localizado por la Policía durante un registro en un apartamento de Las Canteras, propiedad de la familia Kokorev. Este vídeo, descrito como un ''poderoso indicio incriminatorio'', mostraba a Vladimir junto a dos dignatarios guineanos en un taller de helicópteros en Ucrania. En la grabación, se le muestra al grupo de personas allí reunidas unos helicópteros de combate Mi24 adquiridos, según se deduce del vídeo, por el Gobierno de Guinea Ecuatorial. El principal investigado en esta trama comunica a los altos cargos que se han instalado ametralladoras en los aparatos.

Entre el material recabado por Anticorrupción también hay mensajes enviados a Kokorev en plena negociación con los funcionarios de Guinea Ecuatorial entre 1999 y 2013. En estos mensajes enviados al gabinete del presidente Teodoro Obiang, el ciudadano ruso se empeñaba a toda costa en ocultar la naturaleza militar de los contratos negociados y ejecutados con el Ejecutivo guineano. “Bajo ningún concepto, por motivos de seguridad, podemos definir el nombre de los artículos exportados y especificar el carácter de la carga como nos exige el Riggs Bank” de Nueva York (entidad financiera en la que tenía su cuenta el Tesoro Público de Malabo), advierte en una de las comunicaciones localizadas en el registro en el piso de Las Canteras.

Kokorev había contactado en diversas ocasiones con el yerno de Obiang, Fausto Abeso, para fijar las condiciones de formación de pilotos de helicópteros de combate adquiridos previamente en la exrepública soviética. “Están dispuestos a echarnos una mano. Van a hacer la vista gorda si empezamos en un centro de formación del Ministerio de Aviación Civil. Podemos enviar la cantidad de pilotos que queramos”, escribe el ruso a Abeso. Después, le detalló el plan: “Cuando los cadetes terminen el curso básico de dos años y reciban la licencia de piloto de helicóptero, pueden acceder al curso de dos meses de especialización de piloto de combate”.