Dos asociaciones piden explicaciones al fiscal jefe de Las Palmas por la investigación a Victoria Rosell
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han solicitado formalmente al fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, que convoque urgentemente a la Junta de Fiscales para que ofrezca allí explicaciones sobre la investigación que durante las últimas tres semanas ordenó que ejecutara la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos sobre la magistrada en excedencia Victoria Rosell, candidata de Podemos al Congreso de los Diputados.
La Asociación de Fiscales, de la que ha sido histórico dirigente Guillermo García-Panasco, no se ha sumado de momento a esta petición.
La reclamación de información por parte de la APIF y de la UPF se produce tan solo días después de que la fiscal Ríos diera por concluidas sus pesquisas y las remitiera en forma de queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por si la magistrada hubiera cometido una falta disciplinaria al eludir el deber de abstención sobre una causa penal que dirigía en su juzgado, Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
En diversos sectores de la Fiscalía, y no sólo en Canarias, las noticias sobre el método empleado por el Ministerio Público para investigar a la magistrada en excedencia han causado revuelo por considerar que no es un órgano competente para hacerlo.
Hasta ahora, la única voz autorizada que ha rechazado públicamente el proceso abierto contra la jueza Rosell es el fiscal del Supremo Santiago Viada, quien en su blog Justicia Imparcial escribía el pasado jueves, día 10, que “la apertura de diligencias preprocesales con publicidad por una Fiscalía a una candidata al Parlamento para investigar una infracción disciplinaria (según anuncia en un comunicado de prensa la propia fiscalía) cometida supuestamente antes de pedir su excedencia como juez, en pleno periodo electoral, me deja estupefacto. Y que se consienta por la jerarquía, pues también. No benefician estas cosas nada a una imagen de neutralidad política de la Fiscalía, en mi modesta opinión”.
Evangelina Ríos interrogó a cuatro testigos y realizó diversas diligencias de averiguación en una causa del Juzgado de Instrucción número 8 para buscar posibles infracciones de la magistrada, y buscó sin éxito en el Registro Mercantil y en una entidad bancaria de Las Palmas de Gran Canaria alguna relación que pudiera tener Victoria Rosell con la empresa Clan de Medios, de la que es titular su pareja, el periodista Carlos Sosa, que firmó el 28 de octubre un contrato de prestación de servicios con opción de compra sobre una frecuencia de radio a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, entidad que preside el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado todavía en el juzgado que dirigió la candidata de Podemos hasta el 22 de octubre pasado.
Todas esas diligencias condujeron finalmente a una queja por un solo motivo disciplinario: deber de abstención.
Las investigaciones de la Fiscalía Provincial de Las Palmas fueron suspendidas por orden de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pasado día 11 de diciembre, justo cuando el Ministerio Público remitía su queja al Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces todavía no ha confirmado su recepción.
El TSJC consideró el viernes que las diligencias preprocesales de la Fiscalía de Las Palmas vulneraron los derechos de la candidata de Podemos, por lo que aceptó su petición de medidas cautelarísimas para que aquellas se detuvieran de inmediato. La Fiscalía alegará en el periodo otorgado por el tribunal que cuando recibió esa suspensión ya había enviado a Madrid el resultado de sus pesquisas.
