Las asociaciones de jueces rechazan “cualquier injerencia” de la Fiscalía en casos como la investigación a Rosell
Las cuatro asociaciones profesionales de jueces han emitido este viernes un comunicado conjunto en el que recuerdan, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que concluyó que la Fiscalía vulneró un derecho de la magistrada Victoria Rosell al investigarla por una presunta infracción disciplinaria, que las competencias “exclusivas y particulares” referidas al régimen disciplinario de los jueces y magistrados corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “sin que puedan ser objeto de delegación”.
A pesar de que esa sentencia del Supremo avala la potestad de la Fiscalía para iniciar diligencias contra las jueces por motivos disciplinarios en una fase “muy preliminar”, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial independiente han querido aclarar que el Ministerio Público “no tiene más iniciativa que la de denuncia, al igual que puede hacerlo cualquier ciudadano”, según recoge el artículo 423 de la Ley Orgánico del Poder Judicial (LOPJ).
Los colectivos profesionales creen necesario sentar “criterios muy claros” a este respecto porque “está afectada la independencia judicial”.
Las asociaciones consideran que “cualquier injerencia de la Fiscalía mediante el instrumento de las diligencias de investigación preprocesales del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sujeto al principio de jerarquía y dependiente del Ejecutivo, carece de apoyo competencial de ningún tipo”.
El comunicado incide en que cualquier actuación de la Fiscalía que no se limite a “poner en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial hechos de posible trascendencia disciplinaria imputables a un juez o magistrado sería nula de pleno derecho por estar viciada de manifiesta incompetencia constitucional”.
Con la difusión de este escrito, las asociaciones profesionales de jueces critican y denuncian la actuación de la Fiscalía de Las Palmas, con el recientemente nombrado teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Guillermo García-Panasco, al frente, en su investigación abierta contra Victoria Rosell, jueza y exdiputada de Podemos. La posición manifestada en el comunicado remitido este viernes coincide con la que mantuvieron los tres magistrados que emitieron un voto discrepante en la sentencia del Supremo. Estos jueces expresaron su oposición a la tesis mantenida por la Sala (conformada por siete) y defendieron que los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado debieron ser desestimados en su integridad, puesto que la Constitución no encomienda a los representantes del Ministerio Público “ninguna labor de instrucción” en materia disciplinaria.
Las diligencias abiertas por la Fiscalía de Las Palmas a Rosell también merecieron el reproche de dos asociaciones de fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ahora también han criticado el ascenso de su máximo responsable, Guillermo García-Panasco, a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
