Condenado un menor a ocho años de internamiento terapéutico por participar en un secuestro y asesinato en Tenerife

Juzgados de Santa Cruz de Tenerife.

EFE

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El Juzgado de Menores de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto una pena por conformidad de 8 años de internamiento terapéutico de naturaleza psiquiátrica y psicológica en régimen cerrado en el Centro de Valle Tabares a un joven de 17 años por participar en el asesinato y secuestro de un hombre de 38 años en octubre del año pasado.

El condenado permanecerá otros cinco años más en libertad vigilada, durante los que recibirá tratamiento ambulatorio, todo lo cual según su abogado, José Honorio Pérez González, supone la pena máxima que se le puede imponer en la actualidad a un menor dada la gravedad de lo ocurrido.

La madre del joven y este último también han aceptado pagar 100.000 euros como indemnización a los padres de la víctima.

En octubre de 2024, el condenado, junto con otras cuatro personas mayores de edad que fueron detenidas, trasladaron al hombre desde Tegueste a Arico maniatado y golpeado en el maletero de un vehículo hasta un túnel situado debajo de la autopista del Sur.

Lo bajaron del vehículo y lo pusieron de rodillas golpeándolo en distintas partes del cuerpo con las manos, patadas, un palo y un cuchillo para luego, cuando aún estaba vivo, rociarlo con gasolina y prenderle fuego.

El cadáver presentaba un estado parcialmente calcinado, fractura de nariz y de costilla izquierda, hematoma en el ojo derecho, once heridas con arma blanca en la espalda y glúteo izquierdo y una más en el lado derecho del abdomen, siendo la causa de la muerte edema de pulmón agudo.

Desde julio de 2024 el menor se había ido a vivir a la vivienda de una de las detenidas en Tegueste y en septiembre sería cuando los acusados se pusieron de acuerdo para someter a la víctima a todo tipo de humillaciones, golpes y escasez de comida hasta llegar a perder 30 kilos.

Los actos tuvieron lugar en el sótano de la vivienda impidiendo que el hombre pudiera salir al aire libre y escapar dado que la mayor parte del tiempo permaneció maniatado.

La identificación del cuerpo fue inicialmente complicada, ya que el incendio impedía un reconocimiento facial y la toma de huellas dactilares, lo que también retrasó la detención de los autores hasta que se conoció quien era la víctima y localizaron a las personas vinculadas al fallecido.

Los presuntos implicados mayores de edad permanecen en prisión preventiva hasta la celebración del juicio, que seguramente será el próximo año.

El menor fue detenido el 28 de octubre, adoptándose la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado por tiempo de seis meses, que fue prorrogado otros tres más hasta que se celebró el juicio el 12 de mayo, en el que el joven y su madre se mostraron conformes con la pena, al aceptar su autoría.

Desde el Juzgado se apunta que las medidas adoptadas tienen el contenido y alcance propuesto por el equipo técnico, dada “la gravedad de los delitos cometidos y los informes elaborados”, de manera que se consideran “del todo necesarias para un correcto desarrollo personal y social”.

Con este fin el joven quedará sometido a la vigilancia y supervisión de personal especializado y a seguir el programa de intervención formativa-educativa del que se deberá dar “inmediata” cuenta al Juzgado para su aprobación, evolución y cumplimiento por parte del menor.

Este tratamiento no puede contemplar el ejercicio de actividades que impidan o dificulten las de tipo educativo o laboral.

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