Condenado a tres años de cárcel el joven que instigó un motín en un centro de menores de Gran Canaria

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a tres años y seis meses de prisión por un delito de desórdenes públicos en concurrencia con el de atentado a agentes de la autoridad al joven que instigó un motín la noche del 8 de febrero de 2021 en un complejo de apartamentos de Gran Canaria destinado a la acogida de menores llegados en patera.

Según la sentencia facilitada este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el acusado ha sido absuelto del delito de daños del que se le acusaba por los destrozos que se produjeron en el complejo Puerto Bello, situado en la localidad turística de Puerto Rico, gestionado por la ONG Respuesta Social y tutelado por el Gobierno de Canarias.

Entiende el tribunal que no hay prueba de cargo suficiente para considerarlo autor del citado delito, ya que los daños causados pudieron ser originados por los otros integrantes del grupo que se sumó a la revuelta.

Conforme a los hechos probados, el procesado, sobre las 22.30 horas del 8 de febrero de 2021, en compañía de otros tres menores que residían en el centro y todos ellos armados con cadenas, palos o cristales, consiguieron ser seguidos en su revuelta por otros veinte jóvenes y amedrentaron al resto de los acogidos en el complejo que no se sumaron a la revuelta.

Durante estos hechos, algunos de los participantes causaron destrozos en todas las plantas del complejo Puerto Bello, consistentes en rotura de cristales de las puertas y ventanas, así como de todo tipo de muebles y electrodomésticos, vigas y enganches de tomas de luz.

Además, lanzaron objetos y provocaron que los educadores tuvieran que esconderse para evitar ser lesionados y construyeron barricadas y lanzaron agua con jabón en el suelo para impedir el acceso al centro de los agentes de las fuerzas de seguridad, a los que arrojaron objetos.

Los agentes intervinieron durante varias horas hasta proceder a la detención de los implicados en los hechos, según la sentencia, que considera probado también que los desperfectos originados han sido tasados pericialmente en 10.092,42 euros. Los dueños del completo turístico reclamaron al Gobierno de Canarias un millón de euros por los daños.