Cónsul de Rusia busca magistrado bocazas para liberar a los testaferros de Obiang
El Consulado de Rusia en Canarias ha formulado una queja al Tribunal Superior de Justicia (TSJC) con el fin de que se investigue quién es el magistrado que ante la grabadora del juez Salvador Alba aseguró en el office de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que los jóvenes rusos “son mafiosos” y que todas las rumanas son “putas”. El objetivo es evitar que dicho magistrado intervenga en los recursos que puedan derivarse de la causa abierta contra la familia Kokorev, sospechosos de blanquear dinero del dictador guineano Teodoro Obiang.
Vladimir Kokorev, su mujer y su hijo Igor llevan quince meses en prisión preventiva en la prisión de Juan Grande, en Gran Canaria, después de que fueran detenidos en Panamá y se les imputara el blanqueo de 26,4 millones de dólares procedentes de una cuenta de Obiang. La investigación de este caso comenzó en 2003, cuando el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España detectó que el matrimonio manejaba estas cantidades de dinero, que venían de la cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial abierta en el Banco Riggs de Nueva York. Más tarde, una investigación del periódico El País y otro informe de la Policía Judicial advirtieron de que la familia disponía de un amplio patrimonio y les señalaba directamente como testaferros de Obiang. La familia rusa estuvo varios meses en paradero desconocido hasta su detención y extradición.
El abogado del Consulado ruso en Canarias, José Antonio Penichet, explica que, tras esta conversación entre jueces publicada el pasado mes de noviembre, se teme que, por la forma de pensar del magistrado, “no sea imparcial” en el caso de que tuviera que intervenir en la causa. Señala que el objetivo del Consulado es velar para que el proceso se lleve a cabo de forma transparente y defiende que estas personas sean juzgadas de la misma forma que si fueran ciudadanos españoles. Como letrado, considera que la prisión preventiva para esta familia está resultando “muy extensa” y alega que la salud del padre es delicada, al padecer problemas cardíacos. También reprocha que, tras levantarse el secreto de sumario, a estos ciudadanos les esté llegando la información por tomos (que en total son ocho tomos y ochenta anexos) y cree que esta situación les genera “indefensión”.
La defensa de los sospechosos no la lleva sin embargo el abogado del Consulado ruso en Canarias, sino el letrado madrileño José Antonio Choclán.
En la charla de jueces grabada subrepticiamente por Salvador Alba intervienen Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de su Sección Sexta, y los magistrados Carlos Vielba y José Luis Goizueta. Ninguno ha denunciado hasta el momento al autor de la grabación ante el Consejo General del Poder Judicial por si pudiera haber cometido alguna infracción disciplinaria.
Al ser cuestionado sobre si al escuchar la conversación sospecha de alguien en concreto, Penichet afirma que la identidad de ese magistrado es “un secreto a voces”, pero que tendrá que determinarlo un perito. El objetivo del escrito remitido al TSJC es que el resultado de las pesquisas se eleve al Consejo General del Poder Judicial y conseguir así que el magistrado que finalmente sea identificado no pueda llevar juicios de ciudadanos rusos o que al menos, se sepa quién es para que los abogados puedan recusarle. “No pedimos una sanción sino que por transparencia sea apartado en estos casos”, afirma el letrado.
Penichet insiste en que las palabras de este juez de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial coinciden con la descripción del hijo de los Kokorev, que es joven, ruso y tenía dinero. A su juicio, teniendo en cuenta estos parámetros, el magistrado que dijo que todos los jóvenes rusos son “mafiosos” podría dejar de ser imparcial con Igor Kokorev.
Las sospechas del letrado se dirigen hacia un magistrado concreto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que ya ha resuelto varios recursos de la causa contra los Kokorev, incluyendo alguna petición de puesta en libertad, siempre en contra de los intereses de los investigados.
Alba, valioso testigo del Consulado ruso
En la primera queja remitida al TSJC el pasado 26 de enero, el Consulado ruso señala que para “limpiar la imagen de esta institución” es necesario conocer quién es el magistrado que hizo estos comentarios “xenófobos”. Un escrito por el que no han recibido contestación y que motivó al abogado a presentar otro hace casi dos semanas. “Seguiremos presentando escritos”, advierte.
Salvador Alba, el juez que maquinó una conversación con el empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a la jueza Victoria Rosell, ha sido citado como testigo por el abogado del Consulado ruso, a fin de que aclare quién fue el magistrado que hizo esos comentarios.
Penichet asegura que no consultó con el magistrado antes de proponerlo como testigo, pero está seguro de que no se va a negar ya que él mismo grabó la conversación con sus compañeros de profesión y la aportó a una causa penal -ya sobreseída definitivamente- con el objetivo de demostrar que había sufrido “presiones” para archivar la investigación que llevó durante seis meses por presunto fraude fiscal del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
El pasado mes de diciembre el Consulado ya se intentó personar en el juzgado de Instrucción número dos, al que Alba aportó estas grabaciones. Sin embargo, esta petición fue denegada al considerar el instructor que los hechos a los que se refería esta oficina diplomática no eran “objeto de investigación en el procedimiento”.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial la forman cuatro magistrados. De ser recusado uno de ellos por la acción del Consulado de Rusia y el testimonio de Salvador Alba, todos los recursos de la causa contra los Kokorev habrían de ser resueltos por los tres restantes, entre los que siempre se encontraría el polémico magistrado, que sigue sin ser suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial pese a mantenerle abierto un expediente disciplinario por dos faltas muy graves y una grave.
