Pedro San Ginés

Desestimada la petición de nulidad del expresidente de Lanzarote Pedro San Ginés en el juicio de Montaña Roja

La vista oral del juicio contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés (CC) por los supuestos delitos cometidos en la incautación de la desaladora privada de Montaña Roja en 2014 se retoma este martes tras desestimar la Audiencia de Las Palmas la nulidad de las actuaciones solicitada por el político.

La vista oral del juicio deberá comenzar este martes, 24 de mayo, a partir de las 09.30 horas ante el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, en Lanzarote, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, la Audiencia declara que no ha lugar a la nulidad de actuaciones solicitada por San Ginés a principios de mes. Debido a esa petición, el juicio quedó en suspenso hasta que la Audiencia se pronunciase, como ahora ha hecho, por lo que ahora el proceso podrá comenzar.

El juicio se suspendió también en noviembre de 2020, tras celebrarse una sesión, por decisión de la magistrada María Luisa Moreno, quien entendía que superaba su competencia, al solicitarse penas que rebasan los diez años de inhabilitación, por lo que se inhibió en favor de la Audiencia de Las Palmas, que rechazó sus argumentos y devolvió la causa al juzgado.

En este juicio se dirime si los entonces presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC) y secretario de la corporación insular, Francisco Perdomo, además del técnico Juan José Duchemín, delinquieron, o no, en el expediente que condujo a la incautación de la desaladora privada que regentaba la empresa Club Lanzarote en la urbanización de Montaña Roja, en Playa Blanca.

Ni la Fiscalía ni la empresa en su día perjudicada -que acabó firmando un acuerdo con el Cabildo- formulan acusación en esta causa.

San Ginés, Perdomo y Duchemín se sientan en el banquillo debido a los cargos que sostienen contra ellos Carlos Meca y Pablo Ramírez, exconsejeros de Podemos en el Cabildo de Lanzarote.

Ambos demandan para los acusados una condena de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público.