El fiscal no ve delito en el uso de los vales para pagar gasolina con fondos públicos en Valsequillo

Una falta de control y justificación de gastos “innegable”, pero no un delito. La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa que investiga el presunto uso fraudulento de vales para gasolina con fondos públicos en Valsequillo, un municipio de aproximadamente 9.000 habitantes ubicado en las medianías de la isla de Gran Canaria. Según el representante del Ministerio Público, las “amplias y minuciosas” pesquisas practicadas por la Guardia Civil no han logrado acreditar “con un mínimo de suficiencia incriminatoria” la utilización de esos vales para fines particulares.

El actual alcalde de la corporación, Francisco Atta (Asociación de Barrios- Nueva Canarias), fue detenido en marzo de 2020 junto a otra decena de personas, entre ellos varios concejales del grupo de gobierno y funcionarios, en una operación desarrollada por la Guardia Civil. La causa se había abierto un año antes en un juzgado de Telde a partir de una denuncia presentada por dos policías locales que ejercen, en comisión de servicio, en otros municipios.

En la investigación se detectó un desfase de algo más de 55.000 euros entre la cantidad abonada para el pago del combustible y la cantidad asignada en los sucesivos presupuestos municipales para ese fin (26.620 euros) durante el periodo investigado (2013-2018). Los informes policiales hicieron constar diversas irregularidades en la tramitación de esos vales para combustible, entre ellos duplicados, su uso por parte de personas ajenas a la corporación y, en definitiva, una “arbitrariedad” en la confección, firma y entrega de estos documentos de pago.

La política “de cercanía” que se practica en pequeños municipios rurales es uno de los argumentos que esgrime el fiscal César José Casorrán para descartar la existencia del delito de malversación de caudales públicos. “Lo habitual (para los concejales) era recorrer una gran cantidad de kilómetros y por ello se instauró” el sistema de vales para el pago de la gasolina, justifica el representante del Ministerio Público. Un sistema que, añade, no solo ha sido utilizado en el periodo investigado (2013-2018), sino también en mandatos anteriores.

El Ayuntamiento de Valsequillo tenía desde la década de los noventa un contrato verbal con una estación de servicio del municipio, la de Los Almendros, por el que esta gasolinera suministraba combustible a vehículos de la propia corporación o particulares a través de esos vales y después cobraba las facturas con cargo a las arcas públicas, previa autorización del concejal o la concejala responsable del área y la fiscalización del servicio de intervención, “quien efectuaba las comprobaciones correspondientes y finalmente el pago con una periodicidad mensual”. 

Según la Fiscalía, durante la instrucción ha quedado acreditado que en ningún momento desde que este sistema se implantara en el municipio se ha exigido que se justifique que esos pagos para el repostaje de combustible estuvieran motivados por la actividad pública, sin que ello signifique necesariamente que esa actividad “no se desempeñara”. 

Los concejales investigados en esta causa, la mayoría de ellos representados por el abogado José María Guerra, defendieron que el ejercicio de sus cargos implicaba un movimiento continuo por el municipio para reunirse con colectivos, acudir a la capital grancanaria a reuniones con representantes del Cabildo de Gran Canaria, revisar obras para la concesión de licencias… Y que, para ello usaban sus vehículos particulares ante las carencias del parque móvil del Ayuntamiento de Valsequillo. Algunos ediles manifestaron que los vales asignados para el pago de la gasolina no cubrían “ni de lejos” los gastos de combustible para desarrollar su labor. Otro, que su actividad empezaba a las seis de la mañana y finalizaba a las nueve de la noche, que durante ese tiempo se desplazaba continuamente de un lugar a otro con su vehículo, que “infinitas veces” tenía que repostar con dinero de su propio bolsillo y que, pese a no tener documentados sus movimientos, sabía dónde había ido “hasta el último litro” de gasolina. 

La Fiscalía señala que las funciones de los concejales no estaban sujetas a horarios ni “encorsetadas en desplazamientos fijados de antemano”, sino que su actividad estaba marcada por la realización de servicios “en múltiples localizaciones” y “la improvisación del día a día”. El representante del Ministerio Público subraya que la existencia de ese exceso, de ese gasto al margen de la cobertura presupuestaria, no es suficiente para hablar de malversación, ya que se requiere, además, que se acredite que su uso fuera ajeno a los fines públicos.

El escrito va más allá e incide en que las limitaciones del parque móvil de Valsequillo suponían “un desgaste” para los vehículos particulares de los concejales y empleados públicos del Consistorio, que tenían que sufragar “a título personal” los gastos propios de mantenimiento, una circunstancia que, a juicio de la Fiscalía, “no es baladí”. Con respecto a los importes, señala que, aunque en algunos casos eran muy elevados, en la mayoría de los supuestos el gasto en vales de gasolina no excedía de los cien euros mensuales. Las cantidades que excedían de la media del vale (entre 20 y 40 euros por regla general) “se justificaron por el más que habitual llenado de combustible en garrafas para el funcionamiento de motores que suministraban luz en determinadas instalaciones” públicas del municipio, como el teatro. 

Sobre el exceso de cerca de 60.000 euros que, según los informes policiales, no se habrían justificado a lo largo de los años objetos de investigación merece, a juicio del fiscal, un reproche por el cauce administrativo ante la “falta de control”, pero “no a través de la vía penal”. 

Con respecto a la duplicidad en el pago de determinados empleados, el alcalde y los concejales de la corporación remarcaron que, en cuanto tuvieron conocimiento de este hecho, procedieron a incoar un expediente disciplinario a los trabajadores beneficiados y sobre los vales pagados a personas que no forman parte de la plantilla del Ayuntamiento de Valsequillo, la Fiscalía señala que, aunque no estaban integrados en la corporación, sí que prestaban servicios a la misma. En concreto, eran las encargadas de la apertura de los parques. 

El fiscal tampoco ve indicios de la comisión de un delito de falsedad documental en ninguna de las actuaciones acometidas por los funcionarios. Aunque en los informes de la secretaria o del interventor se advierten “inexactitudes y omisiones”, en ningún caso cabe hablar, según el representante del Ministerio Público, de que “faltaran a la verdad de forma deliberada y consciente” y que, además “recayera esa mutación de la realidad en elementos relevantes”.