Recelo entre los detenidos en la operación de la Guardia Civil en Valsequillo: “Fue desmedida, parece que se buscaba la foto”

Seis guardias civiles de paisano rompieron a primera hora de este lunes la habitual calma de Valsequillo, localidad de poco más de 9.000 habitantes en las medianías de la isla de Gran Canaria. Los agentes irrumpieron en el Ayuntamiento con la intención de detener al alcalde, Francisco Atta (Asociación de Barrios- Nueva Canarias), y a otras diez personas, entre concejales del grupo de gobierno y funcionarios, en el marco de una investigación abierta desde hace un año en un juzgado de Telde a raíz de una denuncia presentada por dos policías locales que en la actualidad no ejercen en el municipio tras haber solicitado comisiones de servicio.

Aunque la causa se encuentra bajo secreto de sumario, la documentación solicitada por la Policía Judicial a la administración local a lo largo de la instrucción apunta a un presunto uso fraudulento de los vales de gasolina. Los investigados habrían cargado a las arcas públicas (o autorizado) gastos de combustible para consumo particular.

La operación policial, que se ha completado este martes con otras siete detenciones, ha generado desconcierto y recelos en el Consistorio. Además del alcalde y de cinco de los siete concejales de ASBA-NC que repiten del anterior mandato, han tenido que comparecer en el cuartel de la Guardia Civil, entre otros, dos funcionarios con habilitación nacional, el interventor y la secretaria. Este martes lo hacía también el actual director general de Planificación del Territorio, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias, Víctor Navarro, líder del PSOE en Valsequillo, teniente de alcalde durante el mandato 2015-2019 y candidato a regidor municipal en los últimos comicios. Todos ellos se negaron a prestar declaración, por consejo de sus abogados, y quedaron en libertad.

José María Guerra, que representa a quince de los dieciocho detenidos, entre ellos al alcalde, ha expresado este martes el malestar de los investigados por una operación que consideran “desmedida” y “desproporcionada” y de la que dicen desconocer quién está detrás y qué fines persigue.

El abogado ha recordado que se trata de un procedimiento que se tramita desde hace aproximadamente un año en el Juzgado de Instrucción 1 de Telde y que el Ayuntamiento de Valsequillo no solo está personado como parte desde que se tuvo conocimiento de las actuaciones a través de las noticias publicadas en prensa, sino que ha brindado su disposición a colaborar ante cualquier requerimiento. Por ello, le ha sorprendido que en lugar de llamar a los implicados para citarles a comparecer en las dependencias de la Guardia Civil, como es habitual en este tipo de procesos penales, los agentes de la Policía Judicial se hayan trasladado a la sede del Ayuntamiento para proceder a las detenciones. El letrado ha enfatizado que inmediatamente después de la llegada de los agentes aparecieron periodistas. “Da la impresión de que lo que se buscaba era la foto”.

“Detener a una persona implica bajarlo en el cuartel, tomarle las huellas, hacerle las fotos y una ficha. Cuando llegas a los juzgados o a unas dependencias policiales, lo primero que te preguntan es si has estado detenido alguna vez. No es muy agradable la idea”, ha explicado Guerra, que lamenta el daño ocasionado a los investigados y a sus familias sin que, a su juicio, existan indicios “flagrantes” de la comisión de un delito que justifiquen la contundencia de la medida adoptada. “Nos parece absolutamente desproporcionado, alguien se ha pasado tres pueblos con esta orden de detención”.

“Lo han pasado mal, porque no todo el mundo tiene el mismo temple ni la capacidad de entender las cosas. Profesionalmente para todos, pero especialmente para técnicos cualificados como una secretaria o un interventor, es muy desagradable ”, ha añadido.

El abogado ha remarcado que la decisión no partió de la jueza instructora, que permaneció ajena a esta operación policial. En su opinión, lo procedente hubiera sido citar a los afectados en las dependencias de la Benemérita o poner los hechos en conocimiento de la magistrada para que esta actuara en consecuencia. Según ha explicado Guerra, la intención de los agentes era detenerlos y conducirlos en sus vehículos al cuartel de la Guardia Civil. Sin embargo, el alcalde, que no se encontraba en el Ayuntamiento a la llegada de la Policía Judicial, poco antes de las nueve de la mañana de este lunes, planteó que cada uno fuera en su coche para comparecer de forma voluntaria, como finalmente hicieron. El letrado ha querido precisar que, a pesar de esa actuación que considera desproporcionada, el trato de los agentes a sus clientes fue “exquisito”.

Tanto Guerra como los letrados de los otros tres detenidos aconsejaron a sus representados que se acogieran a su derecho a no declarar al desconocer los hechos que se les imputan y sobre qué documentos y pruebas. A varios de los investigados, entre ellos el alcalde, se les investiga por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. A la mayoría, solo por malversación (por aprovecharse presuntamente de esos vales de dinero público para combustible con fines privados), y a otros, solo por falsedad. Todos han pedido comparecer ante la jueza.

Una denuncia anterior archivada

El abogado de quince de los dieciocho detenidos en la operación de esta semana admite que, de momento, no conoce “casi nada” del procedimiento, bajo secreto de sumario. Sí sabe, “por la información que ha dado la Guardia Civil y por lo publicado en la prensa”, que los dos policías locales denunciantes ya habían acusado en 2014 a Francisco Atta de prevaricación, malversación y acoso laboral, dando origen a unas diligencias que también se tramitaron en el Juzgado de Instrucción 1 de Telde y que fueron archivadas a través de un auto dictado en noviembre de 2015 y ratificado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en abril de 2017. Ni la instructora ni el tribunal provincial apreciaron indicio de delito en la actuación del alcalde sobre la ristra de presuntas irregularidades contenidas en la denuncia, entre ellas las relacionadas con las horas extra.

Guerra ha explicado que el actual procedimiento se abrió a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía tras analizar la documentación que le habían aportado los dos policías locales. Las pesquisas siguen bajo secreto de sumario un año después. “Por lo poco que hemos podido saber, parece ser que lo único que se está investigando es que alguien se estaba aprovechando de los vales de gasolina para uso privado. El Ayuntamiento no tiene vehículos oficiales y parece que cuando los funcionarios se desplazan para hacer gestiones utilizan estos vales (...) Resulta un poco raro. ¿Alguien puede creer que todo el Ayuntamiento se dedicara a sacar gasolina para aprovecharla para uso privado, incluidos los técnicos, el interventor, la secretaria...? ¿No había otro modo de saber qué ha pasado?”, se pregunta el abogado, que ve similitudes entre esta causa y el denominado caso Palmera de Santa Lucía, que concluyó con la absolución de todos los procesados tras una investigación “exhaustiva” y un expediente “inmenso” de más de 10.0000 folios.

“Estamos deseando que se levante el secreto de sumario. Parece que esta es la última parte de la investigación. Durante todo el año, cada vez que la Guardia Civil ha requerido documentación concreta (vales, decretos de autorización de gasto), se le ha facilitado todo”, ha concluido.