La Fiscalía pide dos años de cárcel para un cazador que mató a un halcón en peligro de extinción en Gran Canaria

La Fiscalía ha pedido dos años de prisión para un cazador que mató a un halcón tagorote (Falco pelegrinoides), una especie que, según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, está en peligro de extinción. Los hechos ocurrieron en la localidad de La Lajilla, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana y al acusado se le imputan delitos relativos a la protección de la fauna. Este martes se ha celebrado la vista oral en el Juzgado de lo Penal 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

El Ministerio Público pide, además, la inhabilitación especial para los derechos de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la inhabilitación especial para trabajar en una profesión u oficio relacionado con la caza y para el ejercicio del derecho de cazar o pescar durante cuatro años, más el pago de las costas. El Cabildo de Gran Canaria, que ejerce como acusación particular, reclama también una indemnización de 4.495,78 euros en concepto de responsabilidad civil.

Según explica el abogado del Cabildo de Gran Canaria Antonio Cobos, los hechos tuvieron lugar el 28 de octubre de 2018, cuando el acusado acudió junto a un grupo de cazadores a La Lajilla, un lugar donde la actividad estaba permitida. Un testigo que vive en una casa-cueva en el barranco de la Sorrueda oyó los disparos y se acercó. Recogió el cadáver del halcón y lo denunció ante la Guardia Civil de Vecindario.

Cobos relata que “fueron cuatro amigos a cazar” y se colocaron en la zona, cada uno en una posición. El testigo que oyó el disparo y unos escaladores recriminaron a los cazadores lo que habían hecho. “Ninguno bajó a ver el animal” y “según las declaraciones de los testigos, incluso los intimidaron, llegando a disparar cerca, haciendo daño a un bidón que estaba próximo a una vivienda”.

Al día siguiente, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Gran Canaria recibió el cadáver del animal precintado y en cadena de custodia. El veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, Pascual Calabuig, observó que el cadáver presentaba heridas que parecían ser perforaciones; había hemorragia y existían fracturas del tibiotarso y fémur de la pata izquierda, y del cúbito en una de sus alas. Tras dos radiografías, comprobó que “era evidente” que las fracturas estaban producidas por los impactos de perdigones.

El animal “sufrió un disparo, resultando alcanzado por al menos diez perdigones que parecen ser del calibre 6, de los que se usan para la caza de perdiz o paloma”, cita el informe. A su vez, Calabuig introdujo el cadáver nuevamente en la bolsa, precintada, y lo remitió a la facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para que le realizaran una necropsia.

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre recibió los perdigones extraídos al cadáver por cadena de custodia en la facultad de Veterinaria, con el objetivo de realizar posibles análisis balísticos complementarios. A su vez fueron entregados, debidamente precintados y en cadena de custodia, al Seprona de San Mateo, que se encargó de la investigación.

Calabuig explica que “entre el informe forense (de la facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y el que hago yo, se sustancia un disparo clarísimo con muerte de una especie protegida”. El veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, que prestó declaración como perito este 19 de abril en el Juzgado de lo Penal Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, resalta que “el impacto en el animal es por una perdigonada de una sola dirección y es de muy corta distancia (…) de menos de 20 metros”.

Calabuig recuerda que en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre han recibido otros animales heridos, como garzas reales, águilas ratoneras, halcones, cernícalos, búhos o águilas pescadoras. “Conozco muchos casos, pero uno en el que haya testigos que se atrevan a declarar y lleven esto a las últimas consecuencias, que yo sepa, es la primera vez”, señala, resaltando, además, el trabajo que ha realizado el Seprona. “Es bueno que se sepa que hacer estas cosas no sale gratis; además de la vergüenza de estar en el juzgado, está el gasto en abogados y la posible condena”, concluye Calabuig.