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La investigación contra el exdirector general de RTVC Willy García pierde una de sus patas

Archivada la pieza separada dedicada a la productora Doble Diez Canarias y a su director, Santiago Falcón, al descubrir la jueza instructora que estaba basada tan solo en rumores

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Willy García

Rumores. La jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres y Farizo, ha descubierto que la pieza separada dedicada a investigar los contratos de Radio Televisión Canaria (RTVC) con la productora Doble Diez Canarias estaba sustentada tan solo en rumores y, por lo tanto, ha decidido archivarla y sobreseer consecuentemente de los delitos que se le atribuían al exdirector general del ente Willy García, a su directora financiera, Lourdes Reyes, y al director de la productora que la rumorología convirtió en sospechosa, Santiago Falcón.

Esta de Doble Diez es una de las tres piezas que componen la investigación que se sigue desde 2015 sobre la gestión de Willy García al frente de RTVC. Las otras dos se refieren a los contratos suscritos con Amanecer Latino, la productora de Francisco Padrón, y a los que aún en la actualidad mantiene Siete Mares, la compañía de Raúl Rivero que está siendo investigada también en base a los mismos rumores que construyeron las indagatorias contra Doble Diez Canarias, según se deduce de la lectura del auto de archivo de esta última, trasladado a las partes esta semana.

La magistrada instructora, eso sí, no deja pasar la oportunidad que le otorga el auto judicial que suscribe para propinar un tirón de orejas a la forma de contratar que -aún hoy- utiliza en el ente público: “Ha quedado más que acreditada la ligereza y nefasta gestión por parte de los responsables del ente público investigados, pero no solo en esta pieza separada, sino en el resto de las otras dos causas tramitadas y en las que se podría llegar a depurar responsabilidades penales una vez concluya la instrucción de las mismas”.

Una “ligereza” y una “nefasta gestión” de las que, sin embargo, “no se desprenden sobrados y sólidos indicios para formular en base a ellos una acusación penal por hechos constitutivos en esta pieza separada de un presunto delito de malversación, prevaricación administrativa y tráfico de influencias”, se lee en el auto.

La jueza reconoce en su resolución haber dado por buenos los oficios policiales que incluían escandalosas sumas de dinero contratadas a Doble Diez Canarias durante el mandato de Willy García, cantidades que quedaron reducidas una vez se contrastaron con la Audiencia de Cuentas, en cuyo informe quedó aclarado que la productora de Falcón llegó incluso a facturar menos en el periodo investigado que en el histórico de contratos que lleva celebrando con la Televisión Canaria prácticamente desde su fundación. De hecho, a día de hoy, tras la marcha de García en 2015, Doble Diez continúa facturando elevadas cantidades al ente público, que le sigue contratando por la misma modalidad de siempre, que viene siendo la profusamente investigada en sede judicial.

Los oficios policiales también llegaron al juzgado de la magistrada Lorenzo-Cáceres cargados de declaraciones explosivas que, sin embargo, se han quedado en nada. “Algunas de estas declaraciones”, dice la jueza en su auto, “que fueron tan firmes y contundentes en sede policial, sorprendentemente se titubearon (sic) en sede judicial convirtiéndose de rotundas y graves afirmaciones que pudieran sentar la base de un delito de tráfico de influencias, en meros rumores”.

En esa sucesión de declaraciones reducidas a la condición de rumores aparecen testimonios de dos chóferes del ente público, del presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Producción Audiovisual, de empleados y directivos de Can Can Producciones y de un trabajador del ente público. Amén de la declaración prestada por la diputada del PP Águeda Montelongo, que relató una escandalosa sucesión de contratos entre los que incluyó los de Doble Diez Canarias.

La jueza se agarró no obstante al testimonio de una de las testigos, Ana Isabel Rodríguez Barrera, a la sazón directora general de Can Can Producciones, quien desplegó ante su señoría un amplio ramillete de acusaciones de trato de favor propiciado por Willy García hacia su amigo Santiago Falcón basadas en sus apreciaciones personales y sin aportar ninguna prueba que las avalara. En su declaración, dice la jueza, quedó “clara la influencia ejercida por el investigado Santiago Falcón sobre el investigado Guillermo García Marchiñena-García, como director general el ente público Radio Televisión Canaria, hasta el punto de ser considerado por los del medio audiovisual como el director general de RTVC de hecho”. Rodríguez, que había sido empleada de Doble Diez antes de pasar a dirigir Can Can, donde ya tampoco trabaja, llega a decir que el director general era asesorado directamente por Falcón y “favorecía a esta productora en detrimento de otras productoras, como la de Brea Producciones en la contratación de platós por coste muy superior”. El propietario de Brea Producciones, que no poseía platós (al menos legales) es otro de los testigos clave en las acusaciones del caso Willy García que ha animado mucho a la jueza instructora para mantener viva la causa hasta el momento.

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