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El juez del presunto pucherazo en Mogán se interesa por los beneficios laborales a miembros de Ciuca y familiares de concejales

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto al primer teniente de alcalde del municipio, Mencey Navarro, en un pleno del Ayuntamiento. (ALEJANDRO RAMOS)

La investigación contra la actual alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y otros concejales de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) no se limita a la compra y tramitación fraudulenta de votos en las elecciones municipales de 2015 y 2019, sino que se extiende a las actuaciones realizadas por los imputados cuando accedieron al poder para, presuntamente, beneficiar a personas afines a la causa o a colaboradores. 

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El juez instructor, Francisco Javier Ramírez de Verger, se ha interesado este lunes por las subidas salariales aprobadas por el grupo de gobierno durante el anterior mandato. En la tercera jornada de la ronda de declaraciones programada desde el pasado miércoles y hasta el próximo 12 de julio, el magistrado ha instado a una de las testigos, Isabel Santiago, concejala de Nueva Canarias (NC) en la localidad sureña, a dar "los nombres y apellidos" de las personas que habrían sido premiadas por la organización con un incremento de sus retribuciones a través del denominado complemento específico. 

La petición del instructor llegó después de que Santiago denunciara que la alcaldesa había aumentado esos pluses a familiares de concejales del gobierno municipal. Entre los nombres que ha dado figura el de F.J.B., primo de la alcaldesa, que también ha comparecido este lunes ante el juez y que ha reconocido que se le incrementó ese complemento específico dos veces en los últimos años, la última en febrero de 2019. 

La concejala de NC ha explicado que el grupo de gobierno municipal mantuvo esas subidas salariales durante años pese a que había resoluciones judiciales que las habían anulado por no estar justificadas. Santiago ha afirmado, además, que los beneficios laborales no solo alcanzaron a familiares de ediles, sino también a miembros de las planchas electorales de Ciuca en los comicios de 2011 y de 2015. 

Otro de los testigos que han comparecido este lunes ante el juez, J.A.R., funcionario del Ayuntamiento de Mogán, se ha ratificado en la declaración que prestó ante el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil. Su testimonio es uno de los pilares en los que se sustenta la tesis de los investigadores de que el presidente de Aguas de Arguineguín, Luis Oller, es uno de los empresarios que aportó fondos a Ciuca para costear la campaña de compra de votos. 

J.A.R. ha explicado que en las semanas previas a las elecciones municipales de 2015, entre los meses de abril y mayo, trasladó con su vehículo a diferentes lugares a uno de los investigados en la causa, Salvador Álvarez, persona de máxima confianza de Onalia Bueno y coordinador de varias áreas de gobierno en el Consistorio sureño. En "tres o cuatro ocasiones" se dirigieron al domicilio de D.A., la persona que aportó a la Guardia Civil una de las pruebas de esa presunta financiación por parte del empresario Luis Oller, la fotocopia de un cheque bancario de 2.000 euros fechado el 22 de mayo de 2015, dos días antes de la cita con las urnas. D.A. declaró el pasado viernes que Álvarez le había pedido esa cantidad de dinero en metálico porque la necesitaba "urgentemente" para las elecciones y que, a cambio, se había quedado en depósito con ese cheque para asegurarse la devolución del préstamo.

Esa versión ha quedado reforzada este lunes con la declaración de J.A.R., que sostiene que Salvador Álvarez le transmitió que la finalidad del encuentro era esa, conseguir fondos para los comicios, y que llegó a ver el cheque (aunque no su contenido ni el nombre de la cantidad bancaria) y el fajo de billetes que el colaborador de Onalia Bueno portaba tras esa visita. 

El último de los testigos en comparecer esta jornada en la sala 15 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria (donde se están celebrando estas sesiones por motivos de aforo y de seguridad frente a la COVID-19) ha sido un ciudadano de nacionalidad inglesa, J.B., que ha llegado a decir que no votó en las elecciones de 2015, aunque posteriormente ha intentado recular y se ha mostrado más dubitativo. En su declaración ante la Guardia Civil había afirmado que solicitó el voto por correo, que el sobre llegó a su domicilio, que se lo entregó sin abrir a un intermediario y que en aquel momento no sabía a qué partido político votaba, pero sí a qué persona. 

El voto por correspondencia centra las sospechas de los investigadores. No solo por el notable incremento de los sufragios por esta vía en el municipio (de los 191 de los comicios de 2011 a los 558 de las elecciones de 2015 y los 1.494 registrados cuatro años después), sino también por el relato de uno de los testigos claves en esta causa, Ramón Trujillo, alias el Perraya, que en su denuncia detalló cuál era el modo de operar de la organización para asegurarse, a cambio de 50 euros, el apoyo de vecinos a través de esta modalidad de voto. 

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