Un juez procesa al exjefe de prensa de Soria por coaccionar a la jueza Victoria Rosell
Un juez de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado la apertura de procedimiento abreviado (la antesala de la apertura de juicio oral) contra el que fuera durante más de una década jefe de prensa del exministro de Industria José Manuel Soria, el locutor de radio Juan Santana. En un auto notificado este miércoles, el magistrado Luis Galván, titular de Instrucción 6 de ese partido judicial, afirma haber apreciado indicios de que Santana puede haber cometido un delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal en relación a la actual diputada de Podemos Victoria Rosell, delito que habría sido cometido durante el periodo en el que ejercía como jueza instructora tras abandonar la política por la denuncia orquestada por el exministro Soria y Salvador Alba, recientemente condenado a seis años y medio de prisión y quince de inhabilitación precisamente por conspirar contra ella.
El presunto delito de coacciones que aprecia el juez habría sido cometido por Santana mediante la publicación continuada de mensajes en Twitter mencionando a la jueza Victoria Rosell en relación con diversos asuntos, entre ellos insinuando que la víctima de su proceso contra el juez Alba era éste y no ella y poniendo en cuestión por ello su candidatura a una vocalía en el Consejo General del Poder Judicial cuando fue propuesta para ella por Podemos.
En tan solo seis días, Juan Santana emitió hasta quince mensajes en esa red social dirigiéndose a la jueza con mención expresa a su nick (identidad en las redes sociales). El juez considera que hay indicios de “una conducta no autorizada reiterada e intimidativa vis compulsiva durante unos quince días del mes de septiembre de 2018, tendente a restringir la libertad ajena”.
Victoria Rosell acabó denunciando por acoso al locutor, que declaró hace unos meses como investigado ante el juez Galván, quien decretó el sobreseimiento provisional de la causa al no apreciar indicios de delito. Pero recurrido ese sobreseimiento ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, esta instó al juez instructor a practicar diversas pruebas, entre otras la audición de una entrevista que Santana hizo a la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, momento en el que quedó probado que el investigado había mentido al juez al afirmar, entre otras cosas, que había recabado la versión de la denunciante entrevistando a su pareja.
Juan Santana colaboró activamente con el juez condenado no solo divulgando constantemente su versión sin contrastar y alentando una inverosímil teoría de la conspiración en la que la víctima era Alba, sino también facilitándole el contacto con un testigo sorpresa presentado a última hora al juicio, el empresario Héctor de Armas, cuyo testimonio fue pactado por el locutor, el condenado y el abogado de éste, Nicolás González-Cuéllar, como Santana pregonó durante su programa en medio de la vista oral.
Precisamente González-Cuéllar, abogado de Alba en este procedimiento y de José Manuel Soria desde hace décadas, defiende a Juan Santana en el procedimiento abreviado que tiene abierto en Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria. Cuéllar ha pedido el archivo de las diligencias de manera constante, hasta ahora sin éxito.
Santana regresó a Radio Las Palmas una vez su jefe y mentor, José Manuel Soria, con el que trabajó en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Industria, se vio obligado a dimitir de todos sus cargos al aparecer en los papeles de Panamá con empresas opacas en paraísos fiscales. Entonces se puso al frente de un programa, El Pulso, en el que ha entrevistado al juez Salvador Alba en más de 60 ocasiones en los últimos doce meses.
Él mismo ha informado a su audiencia de que volvió a la radio tras una profunda depresión al estar cobrando el seguro de desempleo y no poder mantener con él a su familia. La Inspección de Trabajo le incoó entonces un expediente al detectar que podía estar cometiendo un fraude, lo que se ha saldado con la exigencia de devolución de las cantidades cobradas y una sanción de 18.000 euros, según ha dicho él mismo en antena.
Antes de regresar a la radio cobró unos 15.000 euros mediante la expedición de facturas falsas a una empresa del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para complementar sus ingresos de 980 euros procedentes del seguro de desempleo.
