Tías devolverá más de medio millón del 'Plan Zapatero' por irregularidades en las obras del teatro
El Ayuntamiento lanzaroteño de Tías ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a devolver al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un total de 534.040,24 euros, por las “graves irregularidades” cometidas en las obras de ampliación del Teatro Municipal. Los fondos concedidos formaban parte del conocido como Plan Zapatero, por el nombre del entonces primer ministro, José Luis Rodríguez Zapatero y tenían el objetivo de financiar la realización de actuaciones urgentes para generar empleo en los municipios.
La Intervención del Estado realizó un control que concluyó con la necesidad de iniciar el expediente de reintegro total de la cantidad, dado que “los recursos del fondo no se han empleado para los fines, objeto y condiciones previstos”. Hay certificaciones que se abonan fuera de plazo, sólo se crearon 10 puestos de trabajo frente a los 13 comprometidos y financiados y se llevó a cabo un modificado de proyecto que no fue comunicado debidamente por lo que las certificaciones no tienen coherencia con la finalidad de la subvención.
Igualmente, se incluyeron como ejecutadas partidas inexistentes o significativamente inferiores, “afectando a la veracidad y credibilidad” del expediente. Por ejemplo, se había comprometido una inversión de 233.485,53 euros para la instalación eléctrica de baja tensión, protección contra incendios, ventilación y suministro de evacuación de aguas, cuando en realidad sólo se emplearon 73.303. También se detectó que se habían certificado obras antes de su contratación.
Durante los últimos años el Ayuntamiento y el Estado han mantenido un enfrentamiento que llegó a los tribunales, desde donde se ha emitido este fallo firme que da la razón al Ministerio. La Corporación local siempre defendió que actuó correctamente y aportó los documentos que, según creía, así lo demostraban. En todo caso valoraron los incumplimientos en apenas 166.324 euros, por certificaciones de obra fuera de plazo y creación de menos puestos de trabajo, de lo que culparon al contratista.
Los magistrados del TSJM consideraron que el Ayuntamiento no fue capaz de explicar “en absoluto” las irregularidades observadas, de manera que lo hecho no se ajustó a lo subvencionado. “No se trata sólo de hacer una obra sino de hacer la que ha sido subvencionada, con los requisitos y condiciones establecidos al efecto”. La situación del Ayuntamiento se vio también agravada por la existencia de informes de Intervención en los que ya se advertía de estas irregularidades. “No se puede aceptar el argumento de que todo está bien porque al final se amplió el teatro, puesto que la subvención tiene unos requisitos y una finalidad concreta, con unos plazos determinados y no cabe modificar las condiciones a criterio del subvencionado para tratar de adaptar a la situación que se va produciendo en la realización de la obra”.
