Trece investigados, entre ellos la alcaldesa, por los pluses a funcionarios afines al partido de gobierno en Mogán

La alcaldesa de Mogán ha vuelto a pisar este lunes los juzgados de San Bartolomé de Tirajana para prestar declaración en calidad de investigada. Onalia Bueno es una de las trece personas imputadas hasta la fecha en las diligencias previas que se abrieron el pasado 2 de noviembre para determinar si hubo delito en la asignación de mejoras salariales a un grupo de funcionarios del Ayuntamiento entre los que se encontraban simpatizantes de Ciuca, el partido con el que la regidora concurrió a las dos últimas elecciones, o uno de sus primos. 

Se trata de la última de las cuatro piezas separadas incoadas a partir de la causa por la que Bueno fue detenida en septiembre de 2020, la presunta trama de compra de votos, ya archivada por haber prescrito los hechos de 2015 y por falta de pruebas en 2019.

La causa de los sobresueldos municipales ha recaído en el Juzgado de Instrucción 2 de la localidad sureña, cuyo titular, Rodrigo Álvarez Riquelme, ha citado a declarar en tres tandas como investigadas a un total de 13 personas: la alcaldesa, cuatro concejales del grupo de gobierno durante el mandato 2015-2019 y los ocho trabajadores públicos que se beneficiaron de esos incrementos. 

Este lunes era el turno de Bueno y de sus compañeros de partido Mencey Navarro (primer teniente de alcalde de la corporación moganera y concejal de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad) y Juan Ernesto Hernández (edil de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento). También del socialista Julián Artemi Artiles, que en el anterior mandato ostentó responsabilidades en materia de Hacienda y Contratación en el gobierno conformado tras la alianza entre Ciuca y el PSOE, que en la actualidad ejerce como asesor en la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y que está imputado por los contratos menores concedidos por el Ayuntamiento a un abogado que era socio de despacho del vicealcalde Mencey Navarro.  

El próximo lunes, 30 de enero, está citada otra de las concejalas que continúa en el gobierno municipal (ya con Ciuca en solitario), Tania Alonso, que tiene delegadas las competencias en el área de Servicios Sociales. Esa fecha deberán comparecer, además, tres de los funcionarios que, según reconoció la propia alcaldesa en un pleno, eran simpatizantes de Ciuca y fueron favorecidos con complementos específicos que oscilaban entre los 18.000 y los 30.000 euros al año. Son Salvador Álvarez, Almudena Hernández y Vicente Bosch.

La tercera ronda de declaraciones tendrá lugar el 13 de febrero. Ese día está citado Francisco Javier Bueno, primo de la alcaldesa y beneficiario de dos incrementos de complemento específico, uno en 2015 y otro en 2019. Sobre los otro cuatro trabajadores públicos que deberán declarar esa jornada (Pilar Sánchez, Manuel Leandro, Juan Viera y Miguel Díaz), los investigadores no tienen constancia de su vínculo con el partido de gobierno, aunque sí de la “voluntad de la alcaldesa” de favorecerlos con esos pluses. 

La “voluntad personal” de la alcaldesa

Al igual que ocurre con las otras tres piezas separadas, que investigan un presunto amaño para beneficiar a un empresario con intereses en el municipio, los contratos concedidos a la empresa familiar de un asesor del Ayuntamiento y la orden de la alcaldesa y de su número dos a una funcionaria para bloquear el acceso a la policía judicial a expedientes municipales, la causa sobre los sobresueldos tiene su origen en un informe realizado por la Guardia Civil tras la operación de entrada y registro desarrollada el 17 de septiembre de 2020. 

En el informe sobre los complementos específicos, los investigadores llegan a la conclusión, después de analizar los documentos de los expedientes, de que el gobierno municipal incrementó los salarios a un grupo de trabajadores públicos por la “voluntad personal” de la alcaldesa, Onalia Bueno, de “satisfacer las demandas de los funcionarios por la contraprestación a su intervención de captación y tramitación fraudulenta del voto dirigido a su formación política y/o por la relación familiar y personal”. 

Según ese informe de la Guardia Civil, se “enmascaró” la finalidad de “recompensar a un determinado número de empleados municipales” con una serie de trámites administrativos que proporcionaban una “apariencia de legalidad” a la actuación. 

Fue el 14 de octubre de 2015, cuatro meses después de acceder a la Alcaldía, cuando Onalia Bueno firmó el decreto por el que ordenaba la instrucción del procedimiento para nombrar a determinados funcionarios como coordinadores de área o responsables de unidades administrativas, aumentarles sus emolumentos y abonarlos con carácter retroactivo. Todo ello “sin mediar ningún procedimiento ordinario público de provisión y selección” y a través de resoluciones “arbitrarias”, sin motivación ni justificación, según los investigadores. 

Con posterioridad, la regidora y miembros del gobierno municipal (entre ellos los investigados) redactaron las propuestas “individualizadas y nominativas” para asignar esos incrementos salariales a los funcionarios. En esas propuestas constaban las cuantías exactas que se pretendían conceder “sin que se hubiera sometido a una valoración objetiva mediante un informe técnico” y sin justificar los criterios utilizados para la elección de esas cantidades, que resultaban “notoriamente elevadas”, señalaba el informe. 

El complemento de mayor cuantía era para Salvador Álvarez, funcionario del grupo A1 que colaboró con Ciuca en la campaña electoral de 2015 y que, tras los comicios, fue designado coordinador de servicios centrales con un sobresueldo de 30.000 euros, idéntico al de un secretario municipal o al del interventor, los empleados públicos que ostentan la mayor responsabilidad en la administración. 

También resultó beneficiaria Almudena Hernández, simpatizante de Ciuca (como atestiguan fotografías que obran en el sumario y como reconoció la propia alcaldesa en un pleno), a la que se le dio un plus de 18.000 euros como responsable de la unidad administrativa del Gabinete de Alcaldía, Prensa y Relaciones Institucionales, un cargo que no existía antes de la llegada de Bueno al poder y que no fue ocupado por nadie después de que esta trabajadora regresara a su puesto como auxiliar administrativo (C2) en 2017, lo que, a juicio del equipo de la policía judicial, constituye una “evidencia inequívoca” de que fue hecho “a medida”. 

En su escrito, la Guardia Civil recuerda que el complemento específico se destina a retribuir “la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad” y, por ello, a su juicio no se sostiene que a esa empleada pública del grupo C2 se le concediese un plus de 18.000 euros cuando a otro del grupo A2 se le daba 2.000 euros menos pese a habérsele nombrado como jefe de servicio, con mayor responsabilidad. 

En el caso de Francisco Javier Bueno, primo de la alcaldesa y también del grupo C2, la subida fue doble. En 2015 se le asignó algo más de 9.000 euros después de nombrarle responsable de la unidad de compras y en 2019, más de 14.700, un incremento del 40%. Bueno firmó el decreto que fijaba esa designación que beneficiaba a un familiar de cuarto grado de consanguinidad y dijo que se trataba de un incremento “más que merecido”, aunque se abstuvo en la votación durante la sesión plenaria. 

Advertencias del interventor

El informe de la Guardia Civil también pone de manifiesto que el informe en el que se basó el gobierno municipal para justificar el acuerdo (aprobado definitivamente en un pleno en diciembre de 2015) fue elaborado por un funcionario de personal y se limitó a “reproducir las propuestas” presentadas por los concejales y sus valoraciones para fijar las cuantías de los pluses. 

Además, subraya que el interventor municipal ya advirtió de que era necesario valorar todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento antes de acometer esas subidas salariales.

El acuerdo fue aprobado en la mesa de negociación con la abstención de todos los sindicatos porque fueron convocados de un día para otro y no pudieron estudiar la propuesta. Según la Guardia Civil, esas “prisas” y la aplicación retroactiva del incremento salarial refuerzan la idea de que lo que se pretendía era “cumplir las promesas que tenían con los funcionarios”. La asignación del complemento específico a esos trabajadores sería finalmente anulada por la justicia después de que el Gobierno de Canarias la impugnara por no haberse motivado por qué la modificación se aplicó solo a un grupo de empleados ni los criterios de valoración para fijar esas cuantías y porque para que se pudiera aprobar era necesario “comparar puestos y dar criterios de ponderación”.

A la fecha del informe (mayo de 2021), a los investigadores aún no les constaba que los perceptores de esos complementos hubieran devuelto el dinero a las arcas públicas.