Solo el 10% de las 8.000 viviendas del PSIR de Real de Piasca en Santander serían para familias con pocos recursos

La solicitud de declaración de interés público de la macrooperación urbanística que planea la promotora privada Real de Piasca en Santander y en los municipios limítrofes de Santa Cruz de Bezana y Camargo justifica su propuesta de recalificar 2,3 millones de suelo rústico en las “crecientes dificultades de acceso a la vivienda” del mercado residencial de Cantabria.

El documento registrado en el Gobierno de Cantabria, al que ha tenido acceso elDiario.es, hace referencia a una “presión” tanto en los precios de venta como en los de alquiler. En este sentido, la promotora explica que en febrero de este año el precio medio de venta en Cantabria se situó en 2.543 euros por metro cuadrado, mientras que el precio medio del alquiler alcanzó los 12,43 euros por metro cuadrado.

Incluso hace un diagnóstico de las causas: considera que, en una comunidad autónoma como Cantabria, la mayor parte de las personas quieren vivir en los núcleos urbanos donde hay empleo, servicios, transporte y equipamientos, por lo que los precios tan caros limitan a los hogares de renta media y baja acceder a una vivienda, los alquileres caros impiden ahorrar para una compra, ha subido mucho el precio de la vivienda usada y falta vivienda protegida.

Asimismo, consigna que la “presion residencial” es más grave en Santander y la ciudad corre el riesgo de consolidar un proceso de expulsión residencial de jóvenes, familias de rentas medias, trabajadores esenciales y hogares con arraigo urbano que no pueden competir en el mercado libre.

Frente a esta situación, Real de Piasca propone construir cerca de 8.000 viviendas: aproximadamente 3.200 estarán sometidas a algún régimen de protección pública, mientras que las 4.800 viviendas restantes se destinarán al mercado libre. “Esta distribución tiene carácter preliminar y deberá concretarse en la ordenación del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR)”, avisa el documento registrado por el promotor.

Según la Ley que daría cobertura a este macroproyecto, que ya tiene el visto bueno del Gobierno del PP en Cantabria y que obligaría a realizar expropiaciones de casas y fincas particulares, al menos un 35% de la superficie de uso residencial tiene que ser para viviendas sujetas a algún régimen de protección. De ese porcentaje, un mínimo del 10% serán obligatoriamente “viviendas de protección oficial de régimen especial”. Es decir, solo ese porcentaje se dirigirá exclusivamente para personas con pocos recursos.

Aunque el promotor considera que el PSIR no clasifica suelo en los mismos términos que el planeamiento urbanístico municipal. “Cabe una interpretación según la cual dicha exigencia sectorial no resultaría literalmente aplicable a sus unidades de ordenación”, especula en ese documento preliminar.

Al tiempo, advierte de que el 35% de viviendas protegidas se mide sobre superficie construida residencial, no sobre e número de viviendas. “Dado que la vivienda protegida tiene superficies medias inferiores a la libre, el porcentaje de unidades protegidas resultante será superior al 35%”, explica.

Real de Piasca considera que el PSIR tiene “una justificación social directa, vinculada a la necesidad de incrementar sustancialmente la oferta de vivienda asequible” y que una parte de los futuros residentes en este nuevo desarrollo urbanístico en la zona norte de Santander “procederá previsiblemente de hogares existentes”, de jóvenes con dificultades para emanciparse y personas que comparten vivienda por razones económicas.

“A título ilustrativo” aporta los precios máximos de vivienda protegida vigentes en Cantabria en octubre de 2026. Así, refiere que una vivienda situada en Santander de 60 metros cuadrados útiles, con garaje y trastero tendría un precio máximo de venta aproximado de 147.184 euros (antes de impuestos), o una renta máxima de alquiler de 613 euros mensuales.

“El PSIR no pretende resolver por sí solo el problema de la vivienda, pero sí contribuye de manera decisiva, por su escala, posición estratégica y coyuntura actual, a la Estrategia de Vivienda de Cantabria, alineándose con las políticas públicas existentes”, defiende el texto.