La trastienda del megaproyecto que avala el PP en Cantabria: acusaciones de “embargos” y movimientos “para multiplicar por diez el valor del suelo”
Octubre ha sido el punto de partida de una polémica de mayúscula dimensión social y política en Cantabria. El anuncio de un megaproyecto urbanístico de una promotora privada, Real de Piasca, que tiene el visto bueno del Gobierno de Cantabria para recalificar 2,3 millones de metros cuadrados de suelo rústico —mediante un Plan Singular de Interés Regional (PSIR)— y expropiar los terrenos que le faltan para edificar cerca de 8.000 viviendas, un centro comercial, carreteras y una equipación pública que justifica la operación: una Ciudad de la Justicia. Una operación que se empezó a fraguar hace 23 años cuando el actual director general de Urbanismo del Gobierno de Cantabria era concejal del Ayuntamiento de Santander. Entonces no cuajó. Ahora la operación resucita con más posibilidades.
Pocos meses antes del anuncio del megaproyecto —este mismo año 2026— la promotora inmobiliaria ejecutó “una frenética operación de ingeniería societaria”, ha desvelado en el Parlamento de Cantabria la portavoz de Vox, Leticia Díaz, muy crítica con el proyecto y con el aval del Ejecutivo autonómico del PP. En mayo de este año, el entramado dirigido a través de Real de Piasca y el grupo empresarial Galadio habría llevado a cabo una fusión por absorción masiva liquidando y extinguiendo “toda su cascada de sociedades instrumentales”: Financiera Gardi, Real State Piasca, Real de Piasca Desarrollos Inmobiliarios, Real de Piasca Fomento Inmobiliario, Real de Piasca Gestión Inmobiliaria, Real de Piasca Construcciones y Real de Piasca Maquinaria y Servicio. “Además de movimientos en sociedades pantalla de la zona”, ha defendido Díaz esta semana en la tribuna del Parlamento de Cantabria.
Los movimientos societarios están registrados en el BORME del 4 de mayo. Según la diputada, la estructura de la matriz de este grupo inmobiliario solo cuenta con entre 5 y 10 empleados y unos márgenes de explotación “raquíticos”, por lo que supone que tuvo que hacer una operación acordeón de absorción societaria y de ampliación de capital a contrarreloj en la primavera de 2026. “Tenemos una promotora que tiene 20 millones de euros para desarrollar un proyecto de 2.000 millones”, añadió el portavoz del PRC, Pedro Hernando, en la Cámara. “Urbanismo a la carta diseñado en los despachos de Peña Herbosa para salvar los balances de una empresa”, ´remató Díaz en una dura intervención contra sus antiguos compañeros de filas, dado que compartió Gobierno con María José Sáenz de Buruaga como consejera del PP entre 2011 y 2015.
25.000 habitantes más en Santander
La operación urbanística, de llevarse a cabo como está planteado, supondría derribar casas para meter 25.000 habitantes —el 18% de los que actualmente tiene la ciudad— en ocho kilómetros de extensión. Los únicos terrenos que dispone ya Santander para expandirse. “Como Santoña y Laredo juntos”, calculó Hernando sobre las cifras de nueva población. La noticia se conoció a través de un medio de comunicación local, El Diario Montañés, y al día siguiente la presidenta Buruaga y el consejero de Urbanismo, Roberto Media (PP), comparecieron para aplaudir el proyecto. De fondo, una infografía de lo que irónicamente se ha bautizado como 'Bosques de Santander'.
Aquellas primeras imágenes —poco precisas— dejaban claro que desaparecían 37 casas y todo el barrio Rucandial tal y como se conoce ahora. Sus vecinos se organizaron rápidamente en una asociación para frenar el proyecto que arrasa con una zona de casas unifamiliares con terreno, pastos y vacas. Según cuentan, inmediatamente la promotora comenzó a presionarles para que vendieran sus casas y fincas. De hecho, les hizo llegar un listado con las viviendas que presumiblemente iban a expropiar sobre las cenizas de su barrio, cuando el Gobierno insistía en que no tenían documentación sobre el plan urbanístico. “Asustan a la gente que se puede ver presionada para firmar un acuerdo demasiado rápido”, opinaba un vecino en declaraciones a elDiario.es.
Según explicó la diputada Leticia Díaz en el Parlamento, llegaron al extremo de plantear realojos forzosos cambiando casas unifamiliares con terreno en Santander por pisos en el municipio limítrofe de Santa Cruz de Bezana aunque, a la vez, el propio promotor acabó por reconocer a los vecinos que ni siquiera disponía de los terrenos necesarios para garantizarlo.
Pasaban los días y nadie les daba ninguna información. Ni la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), —que admitió públicamente que no conocía el asunto— ni el consejero de Urbanismo, ni la presidenta de Cantabria. Las casas del barrio se llenaron de pancartas escritas a mano sobre lienzos blancos, amarradas a las cercas que rodean los jardines. Las fachadas gritan 'No al pelotazo urbanístico' o 'Rucandial no se vende'.
Víctor Gil, vinculado al proyecto hace dos décadas
Tras dos semanas en silencio, la presidenta Buruaga se reunió por fin con los vecinos —después de sus reiteradas peticiones públicas— y les anunció que solo se van a derribar la mitad de las casas inicialmente previstas por Real de Piasca. Pero seguía sin conocerse el proyecto y los vecinos no se dieron por satisfechos con la rebaja.
En realidad, los habitantes de Rucandial sabían perfectamente que se estaban comprando parcelas desde hace décadas en el único suelo que prácticamente queda por urbanizar en Santander. El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha recordado estos días en el Parlamento que este PSIR de Real de Piasca es un proyecto “que sigue coleando” desde el año 2001. Unas fincas rústicas del ámbito 7 de Rucandial “donde solo pastaban las vacas” que las compraron la actual promotora y algunos otros interesados a precio de suelo rústico “con una financiación de Caja Cantabria, millonaria y muy asequible” mientras era presidente de la entidad bancaria Carlos Saiz, que era secretario del Partido Popular “y compañero suyo de escaño”, espetó al consejero de Fomento.
Según explicó el diputado regionalista desde la tribuna, el Ayuntamiento de Santander intentó modificar el Plan General en 2003. El concejal que lo propuso y que lo estaba tramitando en esa época era Víctor Gil. La misma persona que, ahora, como director general de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, decidirá sobre ese proyecto que no cuajó en su etapa de edil. El mismo que “en aquel momento incorporó esos terrenos que fueron rústicos comprados a 36 euros para este proyecto”, censuró el portavoz del PRC en el último Pleno.
Eso sí, hace dos décadas se iban a hacer 6.500 viviendas y ahora se proponen 1.500 más. El proyecto, que afecta a terreno de tres ayuntamientos, —Santander, Bezana y Camargo— choca con el Plan Regional de Urbanismo y Ordenación del Territorio (PROT) que está en trámite y que —subraya el PRC— dice que hay que evitar los procesos de conurbación.
Vox dice que hay terrenos “con cargas hipotecarias y embargos”
Según Vox, buena parte de esa bolsa de suelo rústico del PSIR que afecta especialmente a la zona norte de Santander procede de las “compras especulativas” que quedaron atrapadas cuando el Tribunal Supremo anuló el Plan General de Ordenación Urbana de Santander (PGOU) en 2012. Terrenos que llevan más de una década siendo suelo rústico no urbanizable, según el vigente plan de 1997, “y como suelo rústico valen una fracción ínfima de la deuda con la que se financiaron”, señaló Díaz en la tribuna parlamentaria. Según dijo, son de sociedades que han arrastrado serios problemas financieros y fincas incluidas dentro del PSIR “que están grabadas con cargas hipotecarias y sometidas a trabas y embargos”.
Cuando una promotora tiene suelos rústicos atrapados con esas cargas y embargos y no hay PGOU en Santander que se los recalifique, “¿qué necesita ante la banca y ante los acreedores?” —se preguntaba en el Pleno Leticia Díaz—. “Necesita un milagro administrativo, el milagro del Partido Popular: necesita que el Gobierno de Cantabria declare su problema privado como Proyecto Singular de Interés Regional. Y no lo es, es de interés de una promotora que está avalando el Gobierno”, se respondió a sí misma.
En el momento en que el consejero Roberto Media firme el PSIR, según la diputada de Vox, “ese suelo rústico depreciado y embargado multiplica por diez su valor contable de la noche a la mañana”. Por ello, le acusó de estar utilizando la potestad urbanística excepcional de la comunidad “para hacer un rescate patrimonial y un saneamiento de balances a una promotora privada”.
Desmentido de Real de Piasca
No obstante, fuentes de Real de Piasca ha desmentido esta circunstancia a elDiario.es. “No es cierto”, aseguran. “Los terrenos de Real de Piasca Promociones Inmobiliarias incluidos en el ámbito del PSIR no tienen cargas hipotecarias ni están sometidos a trabas o embargos”, explican a este periódico. Al tiempo, confirman que la sociedad no tiene deuda hipotecaria y que todo ello consta en la documentación de solvencia que acompaña la solicitud de declaración de interés regional presentada ante el Gobierno de Cantabria.
Dos enmiendas que allanan el terreno al PSIR
La Ley de Simplificación Administrativa que se aprobó en la primavera de 2025 con los votos favorables de PP y Vox es el “pelotazo de la legislatura”, según los regionalistas, y el epicentro del proyecto de Real de Piasca, porque incorporó la novedad de permitir construir un porcentaje de vivienda libre —hasta un 70%— en un PSIR. En opinión de Pedro Hernando, en el proyecto bautizado como 'Bosques de Santander' “el equipamiento público es el reclamo; el porcentaje de vivienda protegida, el peaje, y los 5.000 pisos de viviendas libres en suelo rústico a medio millón de euros, el negocio”.
El relato no acaba aquí. Diez días antes de la presentación del proyecto de Real de Piasca, el PP presentó unas enmiendas a su propia Ley de Vivienda que tramita el Parlamento de Cantabria sobre la regulación de los PSIR. Una de ellas elimina la obligación de los grandes equipamientos públicos para poder desarrollar solo vivienda. La otra añade que si el promotor le cede el suelo al Gobierno para hacer vivienda pública considerará que esa parte ya está construida.
El último movimiento es que la promotora Real de Piasca ya ha registrado oficialmente la solicitud para que el PSIR sea declarado de interés regional. Antes de eso, el Gobierno de Cantabria ya había reconocido públicamente que se lo iba a conceder. Sin haber visto los papeles. La alcaldesa de Santander también los ha recibido: “Bienvenido un proyecto que genere vivienda”, proclamó sin haberlos leído.